El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, convocó al Consejo Permanente de la entidad para que analice si en Venezuela se quebró el orden democrático, y el presidente de ese país, Nicolás Maduro, lo exhortó a que se meta la Carta Democrática Interamericana (CDI) "por donde le quepa".

Al llamar a una sesión urgente del Consejo Permanente, a realizarse entre el 10 y el 20 de junio, Almagro abrió el camino que puede conducir a la suspensión de Venezuela como integrante de la OEA. Lo hizo en virtud del artículo 20 de la CDI, que lo faculta a convocar al cuerpo "para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente" en el caso de que "en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".

Almagro presentó su informe de 132 páginas sobre la situación en Venezuela, en el que considera que la "crisis institucional" de ese país "demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo", porque de lo contrario corre el "riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad". “Todo ello implica que la responsabilidad de la comunidad hemisférica es asumir el compromiso de seguir adelante con el procedimiento del artículo 20 de una manera progresiva y gradual que no descarte ninguna hipótesis de resolución, ni las más constructivas ni las más severas”, subraya.

El excanciller uruguayo sugirió que si el Consejo Permanente acompaña su iniciativa y da curso a la activación de la CDI, sería "muy buena idea" que se sumen a la búsqueda de una solución para Venezuela exgobernantes de otros países. Mencionó a aquellos que vienen trabajando con el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper –el español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el dominicano Leonel Fernández–, así como a otros que también mostraron "preocupación", como los españoles Felipe González y José María Aznar, el uruguayo Luis Alberto Lacalle y el colombiano Andrés Pastrana. La fecha propuesta por Almagro coincide con la programada para la Asamblea General de la OEA, que sesionará entre el 13 y el 15 de junio en Santo Domingo (República Dominicana).

El vocero de Almagro, Sergio Jelinek, aclaró que el análisis de la situación en Venezuela no formará parte del encuentro de cancilleres en Santo Domingo, dado que podría abordarse "antes o después" de esa cita, aunque no desestimó que el secretario general lo mencione entonces. Jelinek aseguró que la decisión de Almagro no estuvo basada en un "cálculo electoral" y sostuvo que "es lo mejor que puede hacer" el secretario "en función de defender los principios de derechos humanos y de la democracia contenidos en la CDI".

"Señor Almagro, métase su Carta Democrática por donde le quepa; a Venezuela se la respeta y nadie le va a aplicar ninguna carta", dijo Maduro en la tarde del miércoles 31 durante una manifestación de transportistas y motociclistas chavistas frente al palacio presidencial de Miraflores, transmitido por la cadena oficial de radio y televisión. El mandatario agregó que el secretario general de la OEA "usurpó sus funciones y pretendió convertirse en un poder supranacional", y le recomendó que "enrolle la Carta Democrática en un tubito y le dé un mejor uso".

Maduro sostuvo que "la derecha internacional dio el golpe de Estado en Brasil y la OEA calló, y ahora amenaza con intervenir al país el secretario general de la OEA". Y añadió: "Vamos a dar la batalla en la OEA y en las calles de América latina y el Caribe por el derecho a la paz, a vivir en dignidad; es irrenunciable el derecho a la independencia".

Antes de analizar el informe presentado por Almagro, los embajadores ante la OEA analizarán la situación en Venezuela mañana durante una sesión extraordinaria solicitada por la Argentina, que preside temporalmente el Consejo Permanente.

El artículo 20 de la CDI prevé "la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática" en el país afectado y si eso no diera resultado, la convocatoria a la Asamblea General para que "adopte las decisiones que estime apropiadas". A la vez, el artículo 21 faculta a la Asamblea General a "suspender", con el voto de al menos dos tercios de sus integrantes, a un país como miembro de la OEA cuando "constate" que en él "se ha producido la ruptura del orden democrático" y que "las gestiones diplomáticas han sido infructuosas". La CDI, sancionada en 2001, solo fue aplicada hasta ahora a Honduras tras la destitución del presidente Manuel Zelaya en 2009.