Mauricio Macri firmó tres decretos de necesidad y urgencia (DNU) que, según el sitio parlamentario.com, la oposición se prepara para resistir. Se trata de la modificación de la Ley de ART, el régimen de feriados y cederle al Ministerio de Desarrollo Social 4700 contenedores para repartir mercadería incautada. Se vislumbra además una consolidación de la polémica por la idea de la baja de la edad de imputabilidad de los adolescentes que delinquen.

El siguiente es un extracto de la nota publicada en diario Vox:

La madre de Brian Aguinaco, el chico asesinado en el barrio Flores en vísperas de Navidad, sostuvo que el Presidente le aseguró que presentará el proyecto pero que cree que en el Congreso no lo van a aprobar para “hacerle la contra”.

Eliana Passada dijo ayer en declaraciones a Radio Mitre: “Lo que yo puedo sacar en limpio (del encuentro) es que Mauricio me ofreció lo de la ley. Nos apoya y lo apoyamos a él para este tema. Pero la cuestión es que no le dan los votos”. “Sí, (Macri) dijo eso. Que no llega con los votos”, añadió la mujer.

Ni bien se conocieron estas declaraciones, surgieron algunas manifestaciones en las redes sociales advirtiendo la próxima discusión y algunas interpretaciones del telón que cae detrás de los dichos de la madre del chico asesinado. Por ejemplo, lo que no se advierte en la crónica lo remarca un texto viralizado, publicado por quienes se identifican como “Ciudadanos despiertos” y que plantean una serie de avisos para los legisladores nacionales que deberán tratar el proyecto de ley en cuestión. El escrito publicado en las redes está titulado "La legalización de la venganza".

En esas consideraciones que se destaca lo que la misma mujer remarca: “No vaya  a ser que aprobando la ley (de baja de edad de imputabilidad a 14 o 15 años) terminemos viendo a chicos de 12 años delinquiendo”. Por lo cual la misma víctima de la inseguridad que clama por un cambio legal advierte de lo riesgoso que es criminalizar a la infancia.  Y finalmente insta a los parlamentarios a no permitir que el Congreso se convierta en una escribanía del Poder Ejecutivo. Además se señala que este es un año electoral y precisamente el Gobierno central quiere anular el debate político, incentivando el discurso de la antipolítica.