Aunque el anteproyecto de una reforma integral del Código Penal de la Nación está listo desde agosto, el Poder Ejecutivo debió frenar su presentación debido a la fuerte resistencia de los sectores más conservadores del Senado y del Congreso a despenalizar el aborto. Ahora, a menos de 30 días de que finalice el año legislativo, el presidente Mauricio Macri enviará una modificación parcial que incluye solo 3 de los 540 artículos del proyecto de reforma original. Se trata de establecer penas de prisión para quienes corten calles en protestas, para quienes arrojen proyectiles y para el ingreso de extranjeros condenados.

Cientos de veces se ha modificado parcialmente el Código Penal vigente desde 1921. Por eso, en su momento, el Gobierno Nacional había anunciado una reforma integral. Sin embargo, será un parche más: terminará enviando al Congreso una reforma de sólo tres artículos de los 540 originales. Estos tres ítems que Macri ha tomado como prioritarios buscan la penalización de manifestaciones con cortes de calles y para extranjeros que entren a Argentina habiendo tenido una condena en sus países de origen. 

Según informó el periodista Juan José Domínguez, corresponsal de Buenos Aires para La Voz, el Gobierno enviará este mes proyectos para proponer esas tres incorporaciones a la ley penal, por lo que quedará afuera todo el resto de la reforma del Código. Entre las propuestas que quedarán afuera, figuran la flexibilización de la ley en lo referido al aborto no punible y a la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, así como la del autocultivo de cannabis.

Este año no se trataría

No obstante, teniendo en cuenta que sólo faltan 25 días para que finalicen las sesiones ordinarias, legisladores y legisladoras, tanto de la Cámara Alta como de la Baja, coincidieron en señalar que ya no hay margen para debatir cambios a la ley penal este año. Entre otros temas, el Senado está abocado al Presupuesto 2019 y al tratamiento del desafuero de la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Fue en agosto cuando Mauricio Macri tenía previsto mandar al Senado la reforma general del Código Penal, pero finalmente postergó el envío debido a la firme oposición de los grupos conservadores a la posibilidad de que la propuesta incluyera la despenalización del aborto. Entonces, noviembre era el mes elegido para la presentación formal del anteproyecto, pero el mandatario decidió congelar la reforma integral de la ley y, en su lugar, proponerle al Senado la incorporación de sólo tres artículos.

Los artículos elegidos

La Voz también publicó en qué consisten los tres artículos que sí se enviarán para la aprobación del Poder Legislativo. Uno es el 192, que establece penas de seis meses a tres años de prisión a quien, “aun sin crear un peligro común, empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un medio de transporte público” y a quien, “aun sin crear un peligro común, ejecutare cualquier acto tendiente a interrumpir o entorpecer el funcionamiento de los servicios públicos de comunicación telefónica, radiofónica, satelital o electrónica, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, o resistiere con violencia su restablecimiento”.

Otro es el número 208, que está dentro del título “Atentados contra la seguridad pública”, en el que se propone la pena de prisión de un mes a dos años “al que, en ocasión de una manifestación o concentración de personas, arrojare cuerpos contundentes o proyectiles contra otra persona, de manera tal que pusiere en riesgo su integridad física, siempre que no resulte un delito con pena más grave”. La pena aumenta de seis meses a tres años de prisión si estos proyectiles “estuvieran dirigidos a un miembro de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función, cargo o condición”.

El tercer artículo que propondrá el Gobierno es el 419 del anteproyecto, que establece una pena de entre uno y cuatro años de prisión para quien incumpla la prohibición de ingresar al país estando condenado. Esta propuesta gubernamental para el Código Penal se complementa con su intención de endurecer la Ley Migratoria para limitar el ingreso de extranjeros.