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12 DE DICIEMBRE DE 2024
La noticia posiciona al Ejecutivo con la habilitación del debate por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Diputadas opositoras y oficialistas impulsarán el proyecto desde adentro.
Hace cuatro días hubo manifestaciones en las calles y en las redes sociales en reclamo del aborto legal en Argentina. Foto publicada por Crónica.
El primer dato publicado por Clarín hoy invoca información salida de la primera reunión de la agenda parlamentaria en Casa Rosada: el Ejecutivo no frenará el tratamiento de la ley de despenalización del aborto. El segundo dato del diario porteño es que se dará libertad de acción a los legisladores. Tercer dato: cómo símbolo, el proyecto se debatirá en la Cámara de Diputados el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y día del Paro de Mujeres por las consignas #NiUnaMenos y #AbortoLegalYa.
Según publica La Vaca, el 6 de marzo ingresará "por séptima vez el proyecto de ley que despenaliza el aborto y el 8 a las 11 horas se intentará que por primera vez lo discutan diputadas y diputados en el recinto. Así se acordó hoy en la reunión que mantuvieron las integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y diputadas y asesoras legislativas. También se acordó que la primera firmante del proyecto sea la diputada Victoria Donda –a pedido de la Campaña Nacional– y la segunda, una integrante del oficialismo, la radical Brenda Austin. En tercer lugar, firmará Mónica Macha, de Nuevo Encuentro-FPV y en cuarto, Romina Pla, del PO". “La ‘no intervención’ del Ejecutivo implicará de hecho una luz verde para tratar el proyecto de aborto legal, un tema transversal a las distintas bancadas y que a partir de la nueva composición en Diputados se vislumbra por primera vez con serias chances de prosperar. Más difícil se presume que será su tránsito por el Senado por las posturas generalmente más conservadoras de los representantes de las provincias, tanto del peronismo como de otras fuerzas”, dice, en tanto, la crónica de Clarín.
El tuitazo del lunes 19 tuvo mucho que ver con esta decisión oficialista.
En Mendoza, el jueves 8 de febrero las legisladoras del FIT se presentaron ante la ministra de Salud, Nélida Crescitelli, para que la provincia adhiera al protocolo del aborto no punible del Ministerio de Salud de la Nación. Ese mismo día se desarrolló la jornada de debate por el anteproyecto del nuevo Código Penal.
El aborto no punible, en agenda
Mientras las mujeres de la izquierda provincial piden que Mendoza adhiera al protocolo, el Gobierno quiere impulsar una modificación al Código Penal para avanzar en el tema.
“Presentamos este pedido al Ministerio para que cumplan con lo que se había comprometido. La adhesión al protocolo denominado ‘Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles’ del Ministerio de Salud de la Nación, elaborado en 2010 y actualizado en 2015, es una necesidad urgente para que las mujeres que son víctimas de una violación tengan el derecho a interrumpir su embarazo de forma legal y segura en un hospital y no ser judicializadas o depender de la objeción de conciencia del médico. A pesar de estar legislado en el Código Penal desde 1921, las trabas para poder acceder al aborto no punible son enormes”, señaló la senadora Noelia Barbeito.
Hace 15 días, Alfredo Cornejo dio una “primicia” para los periodistas que lo escuchaban. “En el viejo código (penal) se trata de manera impropia a cómo se dan los abortos en general. Está desactualizado en un montón de temas, entre ellos en el aborto no punible”, dijo el Gobernador.
Entonces remarcó que propondrá que en la nueva ley se modifique la calificación “para que las mujeres no sean penalizadas”.
La afirmación de Cornejo parece estar en sentido contrario a la realidad que marca que aún la Provincia no tiene un protocolo de aplicación de la interrupción del embarazo como lo establece un fallo dela Corte de la Nación. Sobre esto dijo el jefe de Estado: “Estamos trabajando hace mucho tiempo sobre una cosa que sea consensuada, armónica, que no tenga conflictividad”.
Se hace ver así la incomodidad que genera esta medida entre los sectores de la salud pública involucrados, sin contar con la manifiesta resistencia de la Iglesia Católica y los grupos provida. Se infiere, entonces, que Cornejo ve más viable a largo plazo que el Código Penal de la Argentina contenga las condiciones fehacientes para la despenalización del aborto de modo reglamentado.
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