El presidente Mauricio Macri firmó por decreto esta mañana (martes 3 de abril) la posibilidad de habilitar los retiros voluntarios con los que pretende achicar la planta de trabajadores del Estado. El decreto publicado en el Boletín Oficial extiende la posibilidad a todos los empleados de los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo y también a organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social. El Gobierno espera seducir con este plan de pago a los casi 80 mil trabajadores en condiciones de adherirse al retiro, cuando la planta total es de unas 210 mil personas.

Según informó Página 12, el Gobierno posibilitó el retiro en tres opciones. De acuerdo a la norma publicada, la primera categoría apunta a quienes tienen 65 años o más, pero no poseen los años suficientes de aportes. Para ellos se ofrecen 24 cuotas mensuales iguales “no remunerativas”, equivalentes a su salario neto.

En segundo lugar, el retiro voluntario contempla a los trabajadores que tengan entre 60 y 65 años, para quienes se ofrece “la percepción de una suma no remunerativa de hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas”. El decreto aclara que en el caso de que el trabajador cumpla los 65 años durante la percepción de las cuotas del retiro, sólo recibirá doce cuotas más a partir de ese momento.

En la última categoría están incluidos el resto de los trabajadores con la única condición de tener dos años de antigüedad en alguna de las dependencias públicas incluidas. Para ellos, el decreto contempla el pago de entre 6 y 24 cuotas mensuales del 70 % del salario neto y un bono que puede ser de hasta 6 sueldos, todo de acuerdo a la antigüedad del empleado.

Diario Perfil resumió cómo serán los plazos de pago de los retiros voluntarios, según el decreto de Macri: 10 ó más años de antigüedad, 6 a 24 cuotas; entre 8 y 10 años, 4 a 16; entre 6 y 8 años, 3 a 12 cuotas; entre 4 y 6 años, 2 a 8 cuotas; y entre 2 y 4 años, 0 a 6 cuotas.

Quedan excluidos del plan, según diario Clarín, "los efectivos de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad, los miembros de la AFI, docentes, profesionales de la salud o del Servicio Exterior y científicos. También aquellos procesados por delitos en perjuicio de la administración o o quienes estén sometidos a sumario administrativo que pudiera derivar en una cesantía".