Pablo Salinas, abogado y querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad de Mendoza, explicó para Radio Universidad 96.5 que Luis Stuhldreher fue el segundo en la escala de mandos represivos en San Rafael. La jerarquía dictatorial de ese departamento estaba liderada en 1976 por el mayor Luis Faustino "Colorado" Suárez, al mando de la Sección 144 de Inteligencia de San Rafael, que operaba en todo el sur mendocino. Con el grado de Capitán le seguía Stuhldreher, como interventor de facto del municipio sureño y en cuyo edificio de la Intendencia montó un centro de torturas. Mientras que el tercer lugar lo ocupaba el ex Teniente Coronel Aníbal Guevara, hoy preso tras enfrentar el primero de estos tres juicios.

Suárez estuvo procesado por los secuestros de cinco militantes sanrafaelinos; no obstante se lo responsabiliza de unas treinta desapariciones y de diez asesinatos; su muerte temprana lo eximió de afrontar los procesos de Verdad, Memoria y Justicia. No así a Guevara, que en 2010 fue condenado a la pena de prisión perpetua por el Tribunal Federal Oral N° 2, tras ser encontrado “coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asesinatos”  respecto de Francisco Tripiana, Roberto Osorio, Pascual Sandoval y José Berón. 

Por su parte, Stuhldreher logró “eludir” aquel proceso a través de artilugios jurídicos que contaron con la complicidad de miembros de la Sala “A” de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, que dictó una falta de mérito a su favor, consiguiendo –para ese proceso– desvincularlo de veinte causas que pesan sobre él. Tiempo más tarde, ese beneficio le fue revocado por el juez Eduardo Puigdéngolas, ante una nueva denuncia en su contra motorizada por Mariano Tripiana, hijo del militante desaparecido.

De esa manera, se abrieron nuevas investigaciones sobre las responsabilidades penales de Stuhldreher dentro del plan criminal y el magistrado ordenó su inmediata detención pero, para ese momento, el represor ya había logrado fugarse. Poco después, con fecha 7 de junio de 2010, Interpol emitió un pedido de captura internacional donde detallaba que el represor era buscado por "crímenes contra la humanidad", ofreciendo 10 mil pesos a quien otorgase datos certeros sobre su paradero.

Finalmente, el dictador sanrafaelino fue capturado el pasado martes en la casa de su hija, en Chacras de Coria, y puesto a disposición del Juzgado Federal de San Rafael. Salinas explicó que pronto se habilitará un nuevo juicio, en el que se acusará a Stuhldreher y a otros responsables del plan represor del sur de la provincia que lograron “zafar” del primer proceso.

Llegada la democracia, Stuhldreher había intentado reciclar su imagen “haciéndose funcionario de seguridad durante el gobierno de Julio Cobos y militando en el partido radical”, sostuvo Salinas. En concreto, estuvo a cargo de una empresa de seguridad privada que hasta 2002 se ocupaba de la vigilancia de los edificios municipales de la capital mendocina. Luego, bajo la gestión cobista, fue nombrado “Director de Logística” dentro del Ministerio de Seguridad al frente de Roberto Grillo.

El ex camarista federal Julio Petra fue quien firmó en 2010 la falta de mérito que benefició a Stuhldreher en una causa donde se lo investigaba por la desaparición de Aldo Fagetti, ocurrida el 25 de febrero de 1976. La Cámara Nacional de Casación Penal revocó la medida tiempo después y amplió por "aclaratoria" las otras 19 causas de lesa humanidad que involucran al ex interventor de San Rafael.

Salinas explicó que como Julio Petra no ocupó el cargo de juez durante los años de terrorismo de Estado, no estará imputado en el juicio histórico que comenzará en la provincia a principios de junio. Será cuando por primera vez en el país se sentarán en el banquillo de los acusados a los jueces cómplices de la dictadura: Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Guillermo Max Petra Recabarren. 
La lista no está completa, pues Otilio Romano, al encontrarse prófugo en Chile, eludirá esta instancia. “Estamos a la espera de que el juez se pronuncie sobre su extradición, después de ese pronunciamiento le queda una apelación, lo cual llevaría 2 o 3 meses más”, detalló .

El juicio a los jueces “se hará sobre una batería de calificaciones legales: desde participación directa en el plan de exterminio para los fiscales, hasta omisión de investigar detenciones ilegales, tormentos, robos a la propiedad privada, violaciones y desapariciones, para los jueces”, puntualizó el abogado. 

En tanto que el enjuiciamiento a Julio Petra "será inminente, una vez que se resuelvan instancias legales podrá ser imputado". 

Petra,  además de beneficiar con faltas de mérito a Stuhldreher y Romano, fue quien en 2008 se encargó de dejar sin efecto las prisiones preventivas para la patota de represores de Cuyo que estaban afrontando procesamientos en ese momento. Entre ellos, el ex militar Osvaldo Benito Martel y los ex comisarios Armando Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk, íntimamente involucrados en plan criminal de aquellos años.  

Tras el rastro de Aleks

Gracias a la investigación del periodista Rodrigo Sepúlveda, autor del documental “Legajo 7746” se supo qué rol cumplió Ricardo Aleks en la pasada dictadura. Se trata del ex jefe de inteligencia de la Policía Federal de Mendoza, sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional desde el 13 de diciembre de 2012. Días atrás se difundió que el Ministerio de Justicia ofrece 100.000 pesos de recompensa para quien aporte datos sobre su paradero. 


Aleks está imputado de delitos de lesa humanidad cometidos cuando era el Jefe de Inteligencia de la Policía Federal, junto a Oscar Fenocchio, Marcelo León y “Willy Cardello”. El cuarteto conformaba una verdadera patota que sembró el terror desde la delegación de la Policía Federal. De acuerdo a la información que consta en el expediente, Aleks participó del secuestro de Amadeo Sánchez Andía, estudiante de periodismo, el 6 de junio de 1975, y el de otro joven, empleado judicial, Víctor Romano Rivamar, el 22 de abril de 1976. Concretamente por estos delitos los cuatro estaban procesados, pero la anterior composición de la Cámara Federal de Apelaciones –con Alfredo López Cuitiño, Julio Petra y Carlos Pereira González- desestimó esos procesamientos en una artimaña judicial casi calcada de la que benefició a Stuhldreher.  

Las personas que quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia al (011) 5300-4020. El pago de la recompensa será realizado en el Ministerio de Justicia o en el lugar que designe el representante de esta cartera de Estado.

Ricardo Aleks, el primero a la izquierda, en una fotografía de protocolo en el despacho del Gobernador Alberto Martínez Baca (Foto gentileza Documental Legajo 7746")