La Policía Federal brasileña allanó este viernes 4 de marzo el domicilio particular del expresidente brasileño Lula da Silva, la casa de uno de sus hijos y otras residencias cuya titularidad se le atribuye a su familia. La operación se enmarca en las investigaciones de corrupción en la estatal Petrobras y fue ordenada por el juez federal Sergio Moro, que está a cargo de las averiguaciones sobre una red que se apropió ilegalmente de unos 2000 millones de dólares de las arcas de la petrolera.

Según confirmó la Policía Federal, los agentes iniciaron las indagaciones en la madrugada de este viernes, cuando se presentaron en la residencia de Lula en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, en la periferia de Sao Paulo. También fueron allanadas la sede del Instituto Lula, que dirige el expresidente; una finca de la localidad paulista de Atibaia y un apartamento en el balneario de Guarujá, entre otros lugares. En esos dos últimos casos, las autoridades sospechan que esas propiedades pertenecen en realidad a Lula, aunque figuran a nombre de otras personas allegadas al exmandatario.

Fuentes policiales confirmaron que también ha sido allanada la residencia en Sao Paulo de uno de los hijos del expresidente, que está bajo sospecha de haber incurrido en algunas prácticas corruptas junto con su padre. Las autoridades judiciales, que investigan a Lula por sospechas de “ocultación de patrimonio” y “lavado de dinero”, han manifestado que ofrecerán detalles sobre la operación en torno a él y a su familia en una rueda de prensa.

El pasado jueves 3 la situación de Lula pareció agravarse cuando fue difundida la declaración de un delator del caso Petrobras, el cual aseguró que el exmandatario “ordenó” sobornar a algunos de los detenidos a cambio de su silencio y de que no colaborasen con la justicia. El objetivo de la nueva operación es dar continuidad a las investigaciones de delitos de corrupción y lavado de dinero, entre otros practicados por diversas personas en el contexto de la trama criminal revelada y relacionada con Petrobras.

En un comunicado, la Policía dijo que unos 200 agentes y 30 inspectores de la Secretaría de Ingresos Federales cumplieron 44 órdenes judiciales, de las cuales 33 son de búsqueda e incautación y 11 de conducción coercitiva, como se denomina al procedimiento en el que alguien es llevado a la comisaría para declarar y luego es liberado.
 

El caso Petrobras

Petrobras se fundó en 1953 y es la empresa más grande de Brasil. Actualmente emplea a 87 mil personas y produce 2,5 millones de barriles de crudo al día. Tanto el expresidente Lula da Silva como la presidenta Dilma Rousseff depositaron en la petrolera “el futuro de Brasil” tras el descubrimiento de nuevos yacimientos en 2006.

La Operación Lava Jato comenzó en julio del 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba, Paraná, descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y Sao Paulo. La noticia llegó al gran público en marzo de 2014, con la detención de 24 personas en varios Estados de Brasil. La Fiscalía calcula que la cantidad total desviada entre 2004 y 2012 asciende a 8000 millones de dólares (20 mil millones de reales), el mayor escándalo de corrupción de la democracia brasileña.

De esta manera, Petrobras licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingeniería brasileñas. De los presupuestos de miles de millones de reales se desviaba sistemáticamente en sobornos un porcentaje cercano al 3 % para empresarios y políticos. Posteriormente, el dinero blanqueado se reintroducía en el sistema mediante negocios de gasolineras, lavanderías u hoteles. Los presuntos delincuentes transferían sumas elevadas de dinero al extranjero, a través de una red de más de cien empresas (fachada) y centenares de cuentas bancarias que despachaban millones de dólares hacia China u Hong Kong. Las compañías, pura cosmética financiera, simulaban importaciones y exportaciones con el único propósito de recibir o mandar dinero, sin comercio alguno de productos o servicios. De ese proceso, el expresidente Lula Da Silva era uno de los principales beneficiados.