El diseño de un esquema tarifario racional debe responder a criterios de eficiencia, equidad, sostenibilidad financiera del ente prestador del servicio y sustentabilidad ambiental. Lamentablemente, estos sanos principios fueron suspendidos.
El congelamiento tarifario que se impuso en ocasión de la crisis económica del año 2001-2002 que sufrió nuestro país tuvo como propósito la protección de los usuarios ante el feroz aumento de precios que se produjo a continuación del estallido económico y social.
Pasada la emergencia económica, el Gobierno, ya sea el nacional o el provincial, y recuperado el ritmo de crecimiento de la economía, utilizó los subsidios como herramienta antiinflacionaria para que el congelamiento de las tarifas de servicios públicos (componentes de la canasta general que conforma el Índice de Precios al Consumidor) no incidiera en los cálculos del IPC. En Mendoza los servicios púbicos participan en el 7 por ciento del total de la canasta general que sirve de base para cálculo del IPC. El problema de fondo es que se actúa sobre los síntomas de la inflación y no sobre causas y, a la vez, no se resuelve el problema de financiamiento de los prestadores de los servicios públicos. En el año 2013 el total de subsidios financiados por la Nación alcanzó los 134 mil millones de pesos, equivalentes al 3,2 por ciento del PBI.

Dado un nivel de tarifas congelado, el incremento de los subsidios para cubrir el aumento de costos lleva a que la proporción de esos subsidios en relación con los ingresos tarifarios se ensanche y genere una situación de dependencia respecto a la fuente de financiamiento, ya sea provincial o nacional, librado a las contingencias y eventuales cambios en las necesidades financieras de esas instancias gubernamentales.

Se considera que lo más sano es delinear un sendero de recuperación tarifaria que lleve a la eliminación de los subsidios en las tarifas, aunque se reconoce que el escenario para implementarlo será cada vez más complejo. 

Los incrementos deberían implementarse de manera escalonada y en un lapso previamente acordado, que puede extenderse por un año o dos. La idea es que para los sectores más vulnerables debería mejorarse o ampliarse el esquema de tarifa social, mientras que sobre los de mayores recursos habría que aplicar los aumentos.

Es que en medio de las revisiones de tarifas de los principales servicios públicos, como la electricidad y el transporte, las autoridades provinciales negaron que fueran a autorizar subas. Esto, a pesar de que los cálculos ya estaban para su firma. El contexto inflacionario y la pérdida de empleo son señalados como las causas principales de este cambio de rumbo.

En el futuro próximo el aporte de la Nación se vislumbra comprometido cuando se observa que el creciente gasto público está conduciendo a un déficit fiscal también creciente, además del déficit en el saldo comercial de la balanza energética.

Los subsidios son más eficaces cuando se destinan a la demanda, focalizados en usuarios que en forma predeterminada son seleccionados para su recepción con base en criterios como el nivel de ingresos. Por su parte, los subsidios a la oferta pueden esconder ineficiencias en la gestión del servicio público. Se debilitan los incentivos para ser eficientes si se prevé que el Estado cubrirá la diferencia entre el costo económico de prestar el servicio y la tarifa que se aplica.