El tema de los servicios extraordinarios brindados por la Policía está en el tope de la agenda pública, luego de que el Ejecutivo anunciara la suspensión de cuatro comisarios generales mientras se los investiga por posibles irregularidades en el cobro de estos servicios. Ahora, el director de la Inspección General de Seguridad (IGS), Marcelo Puertas, afirmó que el cobro de este ítem significa la mitad del sueldo de un efectivo y que por este concepto el Ministerio de Seguridad recauda 30 millones de pesos mensuales.

El martes 21, Roberto Munives, director de la Policía, y Puertas anunciaron que cuatro comisarios generales fueron pasados a pasiva, es decir que cobrarán la mitad de sueldo, mientras se realiza la investigación por posibles irregularidades en el cobro de los servicios extraordinarios.

Los servicios extraordinarios están establecidos en la Ley N.º 7120. En el artículo 2.º se los define como "la labor que desempeña un efectivo policial, en uso del franco compensatorio del respectivo servicio ordinario, en una entidad pública o privada que lo haya contratado previamente y para el cual haya sido designado". Es decir que esta tarea es desempeñada por los efectivos en días de franco.

Asimismo, el artículo 4.º establece que el pago por estos servicios será depositado en las cuentas del Ministerio de Seguridad y luego se paga a los uniformados como parte de su sueldo.

Cuando un servicio extraordinario se realiza de manera irregular, como se investiga si fue en este caso, los policías realizan esta tarea en el mismo horario en que deberían cumplir su labor en las comisarías.Además se presume que en esta ocasión se les pagó directamente a los comisarios, sin que el dinero ingresara a través de las cuentas del Ministerio.

Los comisarios no pueden realizar estos trabajos adicionales, sino que son los encargados de controlar que los mismos se realicen dentro del marco de la ley. Ese es uno de los aspectos por los que se investiga a los cuatro jefes de la fuerza, ya que sospechan que autorizaron las irregularidades. 

Desde la IGS estiman que el proceso de defensa, alegatos y sanción a los comisarios denunciados, que actualmente están en pasiva, por lo que cobran la mitad del sueldo sin trabajar, no durará más de cinco meses.
 

El debate

La discusión que se ha abierto en torno a este tema incluye las preguntas sobre si los servicios adicionales de la policía deberían existir, cómo deben controlarse y cómo afectan en el sueldo de la tropa. 

El abogado y especialista en el tema Alberto Montbrun manifestó que el proceso que se inició contra los comisarios no significará cambios sustantivos,  porque "una estructura corrupta genera corrupción".  Comentó que el error no radica en el control del sistema, sino en la existencia misma de los servicios  adicionales.

"Esto se produce recurrentemente, una y otra vez, porque mientras haya servicios adicionales está la tentación de lucrar con la inseguridad. Son la emergente de un sistema profundamente corrupto, y yo creo que la corrupción que generan los servicios extraordinarios llega más arriba", explicó Montbrun. Y agregó que con este tipo de servicios, el gobierno se desatiende del salario de la policía. "Es una forma legal de robar", finalizó.

Por otro lado, Martín Appiolaza, actual director de Prevención, Participación Ciudadana y Derechos Humanos en la Municipalidad de Godoy Cruz, piensa distinto a Montbrun. Para él, los servicios extraordinarios son en este momento necesarios, tanto para garantizar la seguridad como para los policías, ya que algunos "tienen sueldos muy reducidos". 

Sin embargo, dijo que este tipo de tareas, en una situación ideal, debería reducirse cada vez más. Según Appiolaza, el Ejecutivo debería aumentar los controles, regular esta actividad de las fuerzas de seguridad. En sus propias palabras, "la falta de control sobre este tema, los usos ilegales, demuestran lo necesario que es aumentar los controles".