Pasaron nueve años del primer Ni Una Menos, el grito del 3 de junio de 2015 que desbordó a los feminismos y aunó a la sociedad argentina para reclamar el fin de los femicidios. La Justicia empezó a registrar estos crímenes en su especificidad, como la consecuencia trágica de la violencia machista que parece aún no encontrar límites. Muchas cosas cambiaron, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación informa hoy que, en diez años, hubo al menos 2446 víctimas directas de femicidio; la Línea 144 atiende más de 100 llamadas diarias y, por día también, la Justicia mendocina registra 25 denuncias por violencia de género.

Ni Una Menos fue la voz de reclamos históricos de los feminismos y en 2015 puso en evidencia dos cosas a la vez. Por un lado, que los femicidios son un crimen particular –distinto a otros hechos de inseguridad y a otros tipos de asesinato– sostenido en un sistema de desigualdades entre los géneros que provocan violencia machista. Por otro lado, que –a pesar de ser una problemática social– las instituciones no estaban a la altura de las circunstancias para reconocer el fenómeno y actuar para mitigar estas violencias.

Desde entonces, se fueron articulando distintos dispositivos para entender el problema, y el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) es uno de esos logros. Lo elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde hace 10 años, publican un informe con datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis, travestis y trans por razones de género. Trabajan de manera federal todas las jurisdicciones del país y la herramienta es reconocida a nivel regional e internacional por organismos especializados de Naciones Unidas, la OEA y la Cepal.

La metodología se consolidó en 2017, pero, de todas maneras, los registros muestran una estabilidad relativa respecto de 2014. La tasa de víctimas en 2014 era de 1,03 cada cien mil mujeres; 0,99 y 0,96 en 2021 y 2022, respectivamente, y 1,05 en 2023 –250 en total–. En estos 10 años, se informaron al menos 2446 víctimas directas de femicidio, un promedio de casi 245 por año. En total, alrededor de 85 corresponden a Mendoza y en 2023 fueron nueve.

3 de junio 2024: #NiUnaMenos sin prevención y acompañamiento frente a la violencia de género.

???????? Realizamos un monitoreo de las políticas públicas contra la violencia de género en Argentina entre diciembre y mayo de 2024. ¿Qué nos dicen los datos? ???????? pic.twitter.com/ZPXAh8jHKY

— ELA (@EquipoELA)

June 3, 2024

Pero no todas las situaciones de violencias por motivos de género terminan en un femicidio. Por eso, existen distintos dispositivos de detección, abordaje y prevención, como las fiscalías especializadas, las áreas municipales y provinciales y la Línea 144. Todas tienen datos que sirven para pintar un panorama de la problemática y desarrollar políticas para combatirlas.

La Justicia mendocina

A nivel provincial, y por iniciativa de la Procuración General –órgano rector del Ministerio Público Fiscal de Mendoza–, entre 2016 y 2017 se puso en marcha la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género (UFi VG). En diálogo con Unidiversidad, indicaron que, en 2023, las fiscalías recibieron 9014 denuncias por violencia de género. Ese promedio de 25 por día se reproduce también en marzo, último mes de relevamiento, que registró 774.

Esta unidad hoy está a cargo de la abogada Laura Rousselle. En cada circunscripción –que más o menos se dividen en Norte/Gran Mendoza, Este, Sur y Valle de Uco– hay distintas fiscalías especializadas, acorde a la necesidad por cantidad de casos y a las posibilidades presupuestarias, explicó. Desde 2019 trabajan con un Protocolo de Investigación de Muerte Violenta de Mujeres por Razones de Género.

“Es una herramienta que aporta categorías de análisis y perspectiva para posicionarnos frente al fenómeno, para valorar la prueba, para desterrar estereotipos de víctima, permitiendo desarrollar un litigio estratégico que lo visibilice. El protocolo y las capacitaciones son clave para lograr instalar la temática de género como algo transversal a todas las UFi”, sostuvo Rousselle.

Junto con esta Unidad trabaja la Dirección de Enlace Institucional (DEI), que se creó en 2016 con el objetivo de aplicar en todo su alcance la Ley 26485 de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Cumple las veces de nexo con todo el Ministerio Público Fiscal para articular esfuerzos y garantizar el acceso a la justicia de las personas en situación de violencia de género. La DEI entró en funcionamiento en 2017 con la UFi VG, aunque su trabajo se amplía a otras. Realiza capacitaciones, campañas y proyectos, y elabora los Informes Anuales Estadísticos que recopilan, entre otras cosas, el número de denuncias aquí publicado. Hoy está a cargo de la abogada Rosana Dottori.

La Línea 144

Esta línea fue habilitada en 2013 y, cuando cumplió diez años, en septiembre de 2023, llevaba casi un millón de comunicaciones. La Línea 144 es un dispositivo con alcance federal de atención telefónica para consultas relacionadas con violencias de género. Según informó la Jefatura de Gabinete al Senado Nacional, no son comparables los datos públicos de la Línea 144 que se hicieron antes y después de mediados de 2023. Sucede que, a partir de agosto de ese año, se implementó el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), que cambió la forma de registro y medición.

Este sistema hoy está bajo el ala del Ministerio de Capital Humano, que indicó que, en el primer trimestre de 2024, hubo 9294 comunicaciones por situaciones de violencia machista. De ese total, 371 corresponden a Mendoza, lo que se traduce en cuatro llamadas por día.

Un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) manifiesta que, si bien no se advierten cambios en la cantidad de personal de la Línea 144, sí hay una reducción del 25,52 % de la ejecución presupuestaria, si se compara interanualmente. En la publicación, evidencian preocupación por la continuidad no solo de la 144, sino de todos los programas implementados por el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) –Acompañar, Acercar Derechos, Red de Asistencia Integral, Apoyo Urgente, traslados, etc.– porque no hay información clara sobre cuáles se mantendrán y cómo se desarrollarán en todo el territorio nacional.

“El gasto en las políticas públicas que, según el propio Estado, apunta a reducir la desigualdad de género fue, en lo que va de 2024, el 33 % más bajo que el año pasado. Este ajuste es incluso más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24 %”, sostiene el informe.

Registro Único de Casos

El Registro Único de Casos es una herramienta de la Dirección de Género y Diversidad del Gobierno de Mendoza (DGD) que, desde 2015, recopila y sistematiza la situación de mujeres que transitan situaciones de violencia doméstica. En sus inicios, tenía información de solo diez departamentos de Mendoza, pero hoy alcanza a los 18. Según relevaron los equipos municipales y la DGD, en 2023 fueron 7277 las situaciones de violencia económica, sexual, física, ambiental y psicológica por las que las mendocinas acudieron a las oficinas locales especializadas.

El RUC 2023 muestra un aumento del 4 % de consultas por situaciones de violencia de género respecto de 2022. También contemplaba todos los departamentos y habían sido 7053 en total. Además, reproduce un dato que es elocuente sobre la especificidad de estos delitos: en el 62 % de los casos, el agresor es pareja o expareja de las víctimas. Respecto del acceso a la Justicia, el 26,3 % afirma haber accedido a realizar una demanda civil, mientras que el 39 % hizo denuncia penal.