La ministra de Seguridad Patricia Bullrich dispuso hoy la implementación de la resolución 49/2018, que busca “recuperar los gastos efectuados por las diferentes tareas de investigación o periciales, sean estas ordenadas por los órganos judiciales u obedezcan a tareas preliminares".

La medida fue oficilizada a través de su publicación este martes en el Boletín Oficial, e instruye a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura Naval para que informen a las autoridades judiciales los gastos que demanden las tareas encomendadas en las causas de delitos complejos, con el objetivo de "que sean contemplados al momento de la determinación de las costas del proceso” y vuelvan a las arcas del Estado.

Con todo esto, lo que Ministerio de Seguridad busca es que a partir de ahora sean los mismos narcos y demás condenados por delitos complejos -trata de personas y secuestros, entre otros- quienes financien los gastos relacionados con sus capturas.

Según lo dispuesto en el mismo texto, el objetivo es que los gastos de los procedimientos “sean contemplados al momento de la determinación de las costas del proceso, conforme lo prescripto en el artículo 533 inciso 3º del Código Procesal Penal de la Nación”.

Para justificar la decisión, la cartera de Seguridad sostiene “que hoy la lucha contra el delito debe enfocarse en la criminalidad organizada y el delito complejo, caracterizados por su alta eficacia y eficiencia en la consumación de los objetivos”.

En tal sentido, dentro de los considerandos del texto también se añade que “estos tipos de delitos, en donde la organización y metodología torna sumamente compleja la dilucidación de los autores materiales y la determinación de la responsabilidad de cada uno, pone en evidencia la necesidad de aplicar cuantiosos recursos para su esclarecimiento”.

Por ello, “sería conveniente que esos recursos ingresen al Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el esclarecimiento de hechos criminales”, indica la resolución.

Con tal fin el Ministerio confeccionó unas planillas que deberán ser llenadas por los responsables de cada Fuerza. Dichas planillas estas conformadas por casilleros que contemplan distintos aspectos de los costos de la investigación, como la realización de los análisis que confirman que algo es droga (narcotest), las pericias defintivas sobre los estupefacientes, las tareas de investigación, el traslado de personas e imputados, la custodia de vehículos, etc.

“La medida tiende a poner en equilibrio presupuestario a las tareas de policía judicial como a las de policía de prevención, dado que el aumento de la asignación de recursos para una, afecta directa y proporcionalmente a la otra”, argumenta, finalmente, la publicación firmada por Bullrich.