En momentos de crisis se busca un culpable, se construye una figura que es la responsable de la inseguridad, del desempleo, de las dificultades para acceder al sistema de salud y de educación. Para las becarias del Centro Científico Tecnológico Mendoza (Conicet) María Florencia Linardelli y Gabriela Maure, el Ejecutivo apeló a este mecanismo histórico del enemigo exterior con el decreto que agravó y amplió las causas por las que los migrantes que están involucrados en hechos delictivos o que hayan ingresado en forma clandestina al país, eludiendo el control migratorio, puedan ser expulsados.

Linardelli y Maure formar parte del equipo de Estudios de Género y Teoría Crítica del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (Incihusa). Su objeto de estudio son los grupos de mujeres migrantes que llegan a Mendoza desde distintos puntos de latinoamérica y se instalan en zonas rurales. 

Las becarias analizaron el decreto 70/2017, que modificó la Ley 25817 de Migraciones (aunque todavía debe ser ratificado por el Congreso) y que agrava y endurece las causas por las que los extranjeros pueden ser expulsados del país, cuando hayan sido condenados, estén cumpliendo condena, tengan condena no firme o registren antecedentes en la Argentina o el exterior por delitos que merezcan penas privativas de la libertad. Algunos son: tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos; lavado de dinero, inversiones en actividades ilícitas, participación en genocidios, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad.

En los fundamentos del decreto, las autoridades ligan la decisión de modificar la ley a los problemas de inseguridad que afronta el país. En este sentido, el texto puntualiza que el número de extranjeros bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal se incrementó en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 % de la población carcelaria total y que la mayoría está involucrado en delitos relacionados con la narcocriminalidad (el 33 %).

Frigerio ratificó la política migratoria: se busca \evitar que ingresen delincuentes\

Sin defensa

Para las becarias, el decreto encierra el mismo mensaje al que apelaron otras gestiones en tiempo de crisis: buscar un enemigo exterior, que tiene pocas posibilidades de defensa y cero representación política para hacer sentir su voz. Y aseguraron que la medida no es casual, sino que va en la misma sintonía del tratamiento que algunos países europeos y especialmente Estados Unidos, con el triunfo de Donald Trump, les dan a los migrantes.

Las profesionales puntualizaron en que esta mirada sobre los migrantes tiene dos aspectos esenciales: señalarlos como culpables de las problemáticas que enfrentan los países y no reconocer el aporte sustancial que brindan a los estados en los que eligieron desarrollar sus vidas.

Las becarias Maure y Linardelli destacaron que estas medidas sólo complican la vida diaria de los migrantes. Foto: Axel Lloret. 

"Esto es histórico en la Argentina. En momentos de crisis siempre se mira o se construye una figura como para generar legitimidad en estos discursos de exclusión, y los migrantes van perfectamente, son utilizados como figura asociada a lo delictivo, como usurpación de trabajo de los nacionales, para legitimar socialmente estas medidas", fue la lectura de Maure, quien es médica clínica.

Linardelli, licenciada en trabajo social, subrayó que estos discursos apelan a la sensibilidad de los ciudadanos que enfrentan problemas gravísimos de inseguridad, de desempleo, de falta de acceso a los servicios de salud o educación. Está convencida de que a partir de ese padecimiento real es que apoyan este tipo de medidas que no solucionan nada, pero que apuntan a un enemigo exterior fácil de punir y de aislar.

Las profesionales coincidieron en que no existen investigaciones científicas que avalen este mensaje; es decir, las estadísticas desmienten que sean los que delinquen, los que colapsan los sistemas de salud y de educación, o los que son portadores de enfermedades. 

Para Linardelli, estas medidas, lejos de solucionar las problemáticas sociales, suelen tener un impacto negativo en el conjunto de los trabajadores. Explicó que frente a la posibilidad concreta de la expulsión, es más fácil que la patronal ofrezca peores condiciones laborales y, a su vez, que la aceptación por parte de los extranjeros signifique un desmejoramiento general para todos los empleados.

Maure coincidió con esta lectura. "Hay un doble discurso: por un lado, de endurecimiento de la frontera o de la condiciones para acceder a un trabajo, pero por otro lado esto facilita la explotación laboral y las malas condiciones de trabajo en general", explicó.
 

Argentina, país de inmigrantes

Las profesionales destacaron la importancia de la migración en el crecimiento del país. Explicaron que la Ley de Migraciones –que ahora se modificó por decreto– es modelo a nivel latinoamericamo, justamente porque avanza en el reconomiento de derechos de las personas que deciden vivir y trabajar en el país.

De acuerdo al último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2010, la población argentina asciende a 40 117 096 y, de ese total, 1 805 057 nació en otro país. Según la misma fuente, en Mendoza viven 65 619 extranjeros; la mayoría son bolivianos (27 239), chilenos, (17 550), peruanos (5560), brasileros (562), paraguayos (587) y uruguayos (529). 

Las becarias coincidieron en que las políticas restrictivas hacia los migrantes nunca incluyen el  análisis de sus contribuciones sociales, culturales y económicas. Y Linardelli destacó que, en el caso de Mendoza, la contribución de los migrantes es notable, ya que bolivianos y norteños son los que sostienen las actividades vinculadas con el agro.

Maure coincidió con esta visión. "El ocultamiento de los aportes de la población migrante entra en este juego del doble discurso. Por un lado se endurecen las medidas y, por otro lado, la gente va a seguir migrando. Lo que hacen estas restricciones es complicar mucho su situación en el país de destino, en el acceso a los derechos", comentó.
 

Fronteras: analizan crear una policía migratoria

Este miércoles el diario Clarín informó que el Gobierno Nacional estaría analizando la posibilidad de crear una policía migratoria para que realice los controles migratorios específicos.

Sumarían policías de frontera para reforzar controles migratorios