Los integrantes de la comunidad mapuche que se encuentran en un predio en Villa Mascardi, Río Negro, dejaron constancia este viernes en la Mesa de Diálogo de que aceptan el ingreso al lugar de inspecciones y peritajes judiciales.

El tercer documento de la Mesa de Diálogo expresó hoy, entre otros puntos, que “desde el primer momento” los mapuches aceptaron la realización de una inspección judicial en el lugar, porque su “primera preocupación es esclarecer el asesinato de Rafael Nahuel”, quien murió baleado el sábado último durante un operativo de Prefectura.

Esta declaración fue formalizada en el documento a raíz de versiones según las cuales los mapuches no habrían dejado ingresar a los peritos enviados por el juez federal Gustavo Villanueva para investigar la muerte de Nahuel, e incluso habrían agredido a los funcionarios judiciales, situaciones desmentidas por los referentes mapuches.

A su vez, en esta nueva reunión de la Mesa de Diálogo, la representación gubernamental del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) insistió en la necesidad de que la comunidad mapuche se vaya del lugar y se “ajuste al derecho” para “lograr avanzar en el diálogo hacia una solución de fondo”, lo que los mapuches rechazan de plano.

La Asociación de Abogados por Igualdad de Derechos, entre los que están los defensores de los mapuches, informaron en el encuentro que Fausto Jones Huala y Lautaro González, detenidos el sábado en el lugar y liberados el miércoles, “no están imputados” por la muerte de Nahuel, y ratificaron que “no hay presencia armas de fuego en posesión de la comunidad”. Además, la comunidad en conflicto y otras de la región que integran la Mesa de Diálogo expresaron que “no reconocen la existencia de la organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”, en relación al grupo que se adjudicó numerosos atentados incendiarios y sabotajes en los últimos tres años.

Impulsada por el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, y aceptada por el juez que les permitió a los mapuches volver al lugar desalojado sin ordenar otras intervenciones, la Mesa de Diálogo se conformó el lunes último para trabajar en una solución pacífica del conflicto planteado con la comunidad mapuche. 

Su próxima reunión será el miércoles 6 de diciembre, a menos que eventos imprevistos obliguen a un encuentro anterior.

La comunidad mapuche se instaló en septiembre en un terreno de unas 500 hectáreas, 30 kilómetros al sur de Bariloche, y Parques Nacionales la denunció por usurpación el 10 de noviembre. El jueves 22, la Policía Federal desalojó la comunidad por orden de Villanueva y dejó a Prefectura para evitar que volvieran a ocupar el terreno.

El sábado 24 se produjo la muerte de Nahuel, quien recibió un balazo calibre 9 milímetros, armas que usan los integrantes de Prefectura, y fueron detenidos Fausto Jones Huala y Lautaro González cuando bajaron con la víctima gravemente herida. Ambos fueron liberados ayer.

En tanto, Villanueva aceptó retirar la custodia federal del predio en conflicto y alejarla a 300 metros, además de suspender los operativos de captura de los mapuches que se habían escapado en el desalojo. Los ocupantes, por su parte, se comprometieron a no obstaculizar la investigación, aunque se niegan a abandonar el predio, que integra el Parque Nacional Nahuel Huapi.