Así lo señaló el portavoz laborista para el Brexit, Keir Starmer, en declaraciones a la BBC citadas por la agencia de noticias EFE, en las que subrayó que, si bien su formación acepta que el Gobierno "tiene el mandato de salir de la Unión Europea, no tiene mandato sobre los términos de esa salida". "No frustraremos el proceso simplemente votando en contra del artículo 50, pero somos muy claros en que, antes de llegar a ese punto, el Gobierno debe presentar sus planes al Parlamento", insistió.

El legislador dijo que los laboristas no pueden "votar sobre un vacío ni seguir con este enfoque de que la primera ministra dice: 'Yo tengo todas las cartas sobre el futuro del Reino Unido en Europa y su relación con Europa y el mundo, y no voy a revelar ni siquiera los términos más básicos al Parlamento' ", dijo. Starmer sostuvo que el Gobierno debe proceder sobre la base de un "consenso parlamentario" y "no forzar divisiones", e insistió en que es necesario que haya un debate para llegar a un acuerdo. "Proceder divididos de esta manera no es correcto", añadió.

El Tribunal Superior de Londres dictaminó la semana pasada que el Gobierno debe obtener autorización del Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, un fallo que la primera ministra Theresa May, que quería invocarlo de forma unilateral, piensa recurrir ante la máxima instancia judicial.

May quiere evitar la exposición de sus planes ante las Cámaras de los Comunes y los Lores para no revelar "sus cartas" negociadoras, y, pese al revés judicial, mantiene su calendario de iniciar el proceso de desconexión con Bruselas a finales de marzo de 2017. Entretanto, la Fiscalía del Reino Unido informó hoy que está evaluando la queja de un grupo de ciudadanos que acusan a la campaña que defendió el Brexit antes del referéndum del 23 de junio de haber "engañado" a los británicos, con datos inexactos sobre la Unión Europea (UE).

La Fiscalía de la Corona (CPS, en inglés) confirmó, a través de un portavoz, que ha recibido el escrito de esa agrupación independiente, liderada por el experto en Ley Electoral de la Universidad de Buckingham Bob Watt, y que está "considerando su contenido". La misiva sostiene que las campañas "Vote Leave" –cuya cara visible fue el ministro de Exteriores, Boris Johnson– y "Leave.EU" –apoyada por el entonces líder del eurófobo UKIP, Nigel Farage– vulneraron la legislación electoral.

La acusación en manos de la Fiscalía argumenta que ambas organizaciones ejercieron una "influencia indebida" sobre los ciudadanos al haber hecho "afirmaciones que eran engañosas a sabiendas". Entre las supuestas informaciones tergiversadas, la carta señala la promesa de que la salida de la Unión Europea proporcionaría 350 millones de libras a la semana (392 millones de euros) al Servicio Nacional de Salud británico (NHS, en inglés). Horas después de conocerse la victoria del Brexit en las urnas, con el 51,9 % de los votos, Farage reconoció que fue un "error" hacer esa promesa y puntualizó que esos fondos para invertir en sanidad no están garantizados.