Los legisladores justicialistas no están convencidos de empoderar a los ayudantes fiscales, una de las reformas al Código Procesal Penal (CPP) que propuso el Ejecutivo para agilizar el proceso judicial. Por eso le pidieron al ministro de Seguridad, Gianni Venier, incrementar los requisitos de ingreso de estos abogados, así como un sistema de capacitación permanente.

Venier llegó exultante al encuentro con los integrantes de las comisiones de Legislación de ambas cámaras y de la Bicameral de Seguridad, donde fue citado para explicar el paquete de reformas al CPP que el gobernador Alfredo Cornejo anunció en su discurso del 1.º de mayo y que hoy está llevando a cabo. Dijo que una de las iniciativas que fue aprobada –la regulación de la prisión preventiva– ya está dando sus frutos, ya que el número de personas detenidas bajo esa figura rondaba las 3900 y desde que la Legislatura dio el visto bueno a los cambios se incrementó a 4035.

El Ministro expuso ante los legisladores las nuevas modificaciones propuestas. No encontró demasiados escollos, sólo algunos cuestionamientos a una de las ideas medulares, que es otorgar mayores atribuciones a los ayudantes fiscales.

Pese a las dudas de algunos justicialistas, el Ejecutivo lograría la aprobación del proyecto –que no se tratará esta semana–, ya que tiene mayoría en ambas Cámaras.

El proyecto

Venier explicó las reformas que propone el Ejecutivo, que abarcarían específicamente a la primera y a la tercera circunscripciones judiciales (Gran Mendoza y el Este), que son las únicas en las que rige el nuevo código. En el resto continúa en vigencia el anterior sistema, donde es el juez y no el fiscal el que lidera la investigación.

En las oficinas fiscales del Gran Mendoza y del Este trabajan 33 fiscales y 95 ayudantes. La selección de estos últimos corre por cuenta de la Procuración e ingresan por concurso.

El proyecto busca dar a los ayudantes fiscales atribuciones que hoy no tienen: asistir a audiencias, acusar en el debate, allanar, por ejemplo, una vivienda solicitando directamente la autorización al juez de Garantías, sin pasar por el de Instrucción, como ocurre actualmente.

Venier explicó que la intención es que los ayudantes tengan facultades para realizar acciones para las que están preparados, con la idea de que el fiscal pueda dedicarse a investigar los casos más grandes y no deba, por ejemplo, asistir a una audiencia donde sólo se notifica a las partes de la carátula de la causa. Dijo que, con estos cambios, el Ejecutivo busca agotar todos los recursos disponibles en las primeras horas luego de ocurrido el hecho, porque lo que no se investiga en ese lapso suele causar problemas a futuro.

El Ministro aseguró que los ayudantes seguirán respetando la cadena de mando: el  juez de Instrucción y el de Garantías, pero podrán pedir directamente autorización a este último para realizar, por ejemplo, un allanamiento. Hoy deben informar al juez de Instrucción y es él quien pide la autorización al juez de Garantías, con lo cual los tiempos se alargan.

Venier también planteó la necesidad de volver al espíritu con que se implementó el nuevo CPP en el Gran Mendoza y el Este, que fue que los fiscales estén en el terreno, que acudan inmediatamente al lugar de los hechos. Dijo que hoy pasan mucho tiempo en el Poder Judicial haciendo papeleo.

Tres legisladoras justicialistas plantearon algunos cuestionamientos a la iniciativa: la diputada Claudia Segovia y las senadoras María José Ubaldini y Patricia Fadel. Las tres dudaron de la eficacia de unificar –en cuanto a responsabilidades– a los fiscales y a sus ayudantes, por lo que pidieron incrementar sus requisitos de ingreso al sistema, así como implementar un sistema de capacitación permanente.

Venier también dio algunas explicaciones a Fadel, que le consultó por el alcance de la medida. El Ministro le recordó que el nuevo código sólo está en vigencia en las dos circunscripciones mencionadas y que en el resto de la provincia continúa el viejo sistema. El funcionario le aseguró que unificar a toda la Provincia bajo el mismo sistema será complejo por la cantidad de recursos que se necesitan.

Más rápido

Venier también explicó que buscan acelerar los trámites y eliminar trabas burocráticas que son muy costosas para el sistema. Por ejemplo, uno de los cambios propuestos es que en lugar de trasladar todos los días a 70 detenidos desde las distintas cárceles hasta los tribunales para notificarles algo respecto de sus causas, éstas les sean notificadas en el mismo centro de detención por una persona autorizada.

Otra de las modificaciones propuestas fue eliminar el papeleo, es decir que las notificaciones se realicen por mail o por teléfono, además de brindarle importancia a las audiencias, donde las partes se ven cara a cara y plantean sus pedidos y cuestionamientos al juez.

Ahora los legisladores deberán analizar los proyectos aunque, pese a los cuestionamientos de los justicialistas, lo más probable es que el Gobernador logre su aprobación, ya que Cambiemos tiene mayoría en ambas cámaras.