El 1.º de enero, el aumento que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación para jueces y fiscales fue del 10 %; el 1.º de junio, del 15 %; y el 1.º de octubre, del 12 %. Todo esto suma el 37 %, que junto a las subas acumulativas llega al 41,68 % anual. Esa es la cuenta que sacan los empleados judiciales y lo presentan de modo crítico hacia los magistrados mendocinos, quienes por convenio reciben esas actualizaciones de los jueces nacionales.

Desde la Asociación de Magistrados de Mendoza sacan esta cuenta de los aumentos que han recibido: el 10 % más el 15 % y del cual todavía están cobrando en forma reatroactiva. La Corte Nacional, de acuerdo a la información que manejan los jueces mendocinos, ha pedido una reasignación de partidas al Gobierno Nacional para actualizar sus sueldos a partir de 1.º de octubre, por eso estiman que si se dispone el 12 %, lo vendrán a cobrar en tres meses. 

Es una misma realidad dada por dos sectores que cohabitan el mismo techo pero que se diferencian en la política salarial. Los jueces dicen de los empleados que el gremio judicial los utiliza para presionar por la reapertura  de la paritaria. Los empleados pugnan por la resurrección de una vieja ley de enganche salarial que les permita mantener la proporcionalidad de actualización de sus ingresos con respecto a los jueces.
 

En detalle 

El recibo de sueldo de un camarista, juez de primera instancia, juez de la Suprema Corte o fiscal, cuenta con la suba ya mencionada, y se suman la asignación de clase y, por cada año de antigüedad, el 2,6 % del total. Esta ecuación lleva a que un juez en Mendoza perciba, aproximadamente, entre 70 y 130 mil pesos mensuales, según publicó MDZ Online. Además hay que tener en cuenta que los magistrados no pagan impuesto a las ganancias y se jubilan con el 82 % móvil.

Esta metodología de actualización salarial para los jueces provinciales tiene su origen en el acuerdo entre el gobierno local y los jueces, ratificado por el Senado provincial en 2008, que terminó con el sistema de indexación salarial para los magistrados y ató la actualización de sus sueldos a los aumentos que determine la Corte Suprema a nivel nacional. De este modo, el sueldo básico para un juez, camarista o fiscal, que oscilaba los 9500 pesos en mayo de 2008, hoy ha percibido un aumento que se eleva hasta alrededor del 900 % y continúa ganándole a la inflación.

El juez camarista de San Rafael, Armando Martínez, preside la Asociación de Magistrados y confirmó estas proyección de aumentos, pero los relativizó porque están condicionados a los procesos administrativos para que los jueces mendocinos perciban esos procentuales que sus pares nacionales logran a través de los pedidos de partidas de la Corte Suprema de la Nación. "Yo entiendo que todos quieran ganar, pero no sacar ventaja de algo que en la realidad no se da, porque el último aumento lo vamos a cobrar en 2017", dijo el juez sureño.

Frente a esto, la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza reclamó mediante un comunicado que “cuando en el proceso paritario exigíamos una recomposición de nuestros salarios entre el 40 y el 45%, a fin de corregir la depreciación de los mismos, no nos equivocabamos. No podíamos aceptar de ninguna manera el paupérrimo 25 % que por decreto se terminó otorgando a empleados”. La depreciación de salarios y la “marcada brecha de los sueldos entre magistrados y el resto de empleados y funcionarios” los mantiene en “estado de alerta”.

Según explicó Carlos Ordóñez, miembro del gremio de judiciales y exsecretario general del mismo, se lucha por la “ley de porcentualidad salarial”, legislación que consta de dos elementos básicos: “por un lado, la exigencia de una relación justa entre categoría y categoría, entre el que más gana, que es el ministro de la Suprema Corte, y el que menos gana. Por otro lado, cada aumento que perciba el que más gana, en términos de porcentualidad salarial, debe ser igual para el que menos gana”, detalló el gremialista a Unidiversidad, y añadió que esta contemplación de la distancia entre salarios se encontraba expresa de forma detallada en la Cláusula C de las paritarias.

Además, Ordóñez dio a conocer que desde Judiciales ya pidieron la convocatoria a paritarias de salarios, y planean iniciar las medidas judiciales y gremiales necesarias para corregir la situación.