La cláusula gatillo mantuvo a flote los salarios de los estatales mendocinos durante el mandato de Alfredo Cornejo. Sin embargo, hace algunos días, el próximo gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez, indicó que esta medida no se puede sostener en el tiempo por los niveles inflacionarios que hay, ya que la recaudación provincial es menor a lo que egresa por gastos salariales. En este sentido, los gremios se manifestaron en contra de sus declaraciones, mientras que Cornejo salió a respaldarlo.

“Nosotros sabíamos que esto iba a pasar, que se iba a transformar en un búmeran. Cornejo dijo en su momento que no iba a pagar el bono de $ 5000 porque los gremios tenemos la cláusula gatillo, que actualiza permanentemente el sueldo de los trabajadores de la provincia conforme al índice inflacionario. Ahora la quieren sacar porque la inflación es alta. Alguna artimaña están pensando para seguir molestando a la gente con su salario”, indicó Oscar Arancibia, del gremio de Bebidas.

De la misma manera se expresó Roberto Macho, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que indicó a Unidiversidad que la no implementación de la cláusula gatillo generará conflictividad social por no cumplir con una medida clave para cerrar negociaciones paritarias. Desde el gremio indicaron que durante la primera semana de noviembre convocarán a asambleas para discutir la situación salarial.

“Un gobierno de la misma pinta política va a dar un giro de 180 grados en esta realidad. El Gobierno dijo que es inviable la cláusula, está planteando una futurología y no una proyección, porque si el Ejecutivo dice que no tiene plata es porque no contó con lo que va a entrar por Vaca Muerta. Sin la cláusula gatillo, va a bajar el consumo. A esta altura, es irresponsable decir si se va a aplicar o no la medida”, detalló Macho.

Según el informe de Ejecución Presupuestaria publicado por Hacienda, durante el primer semestre de 2018 y el mismo semestre de 2019, la provincia aumentó el 53 % la partida que se destina para pagar los sueldos de estatales, es decir, se pasó de $ 22 260 millones a $ 34 044 millones. Este incremento se encuentra en consonancia con el porcentaje de inflación acumulada, el que, según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Provincia (DEIE), es del 54,9 %.

Por la caída de la recaudación en relación con los gastos, el próximo gobernador puso en duda la continuidad de la cláusula gatillo. Indicó a Radio Nihuil: “Es insostenible en el tiempo. Con los niveles de inflación, esa cláusula va a terminar perjudicando al propio trabajador estatal”. Además, la ministra de Hacienda, Paula Allasino, se mostró a favor de las declaraciones que viene realizando Suarez e indicó: “Es necesario hacer ciertas modificaciones en el gasto público, como ha propuesto el gobernador electo”.

A su vez, el mandatario Alfredo Cornejo destacó durante esta jornada que las circunstancias económicas han condicionando la administración de los estados, ya que hubo un conjunto explosivo de situaciones relacionadas con una alta inflación y baja recaudación. "Si paralelamente hubiese alta recaudación, no estaríamos hablando de estos problemas, pero hay una baja de consumo y de la actividad económica que repercute negativamente sobre la misma”.

“Para mí, está bien lo que se resuelva en el marco de responsabilidad fiscal. Yo avalo no solo las declaraciones de Suarez, sino también el criterio de administración que tiene el gobernador electo”, comentó Cornejo.

En líneas generales, la cláusula gatillo busca solventar que el salario de los trabajadores no quede por debajo de los índices de inflación. De esta manera, la medida que se aplica hace dos años garantiza, por el momento, que no se genere tanta pérdida del poder adquisitivo en los sueldos.

Y las repercusiones gremiales continúan

Gustavo Correa, que se encuentra al frente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), destacó a este portal: “Es apresurado hablar de ello, pero muestra una línea editorial de lo que pasará en los próximos cuatro años”.

“Manifiesta públicamente que no habrá ámbito de discusión donde puedan participar los trabajadores. Demuestra que es un gobernador que va a resolver por sí solo. Es una línea política y un muy mal comienzo para una gestión el hecho de empezar a comunicar la política de gobierno a través de los medios. La inflación la ha generado este gobierno y no están pensando en reactivar la economía”, dijo Correa.

Por otro lado, desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), indicaron a Unidiversidad que no consideran que los dichos de Suarez se dirijan a su sector, pero que en el caso de que afecte a los trabajadores, se sentarán a dialogar para solucionar el problema.

“En el área de la Salud no es tan fácil decir que no se va a aplicar la cláusula gatillo. Tenemos que ser muy cautos al momento de ver qué salud queremos brindar. No creo que estas declaraciones estén destinadas al área de la Salud, porque nosotros le hicimos un rápido diagnóstico de cómo está la situación. Entonces, me parece que estas apreciaciones no nos involucran, pero en caso de que así sea, nos tendríamos que sentar rápidamente a dialogar porque podría ser catastrófico”, concluyó María Isabel del Pópolo, secretaria general de Ampros.