Uno de los desafíos principales para cualquier institución es el de alcanzar y mantener  una estructura que funcione de un modo sistémico. Es decir, lograr que entre las distintas instancias que componen a la institución no se produzcan acciones contradictorias entre ellas,  sin que por esto se limite la innovación y el desarrollo de emprendimientos por parte de los distintos actores que la conforman.  

Es en base a esto que uno de los ejes de la reforma propone la incorporación de la Visión y Misión de la Universidad establecidas en el Plan Estratégico 2021 (PE2021) que fue aprobado por el Consejo Superior a fines del 2012. El PE2021 tiene por objetivo principal guiar el accionar institucional sobre una serie de ejes comunes durante los próximos diez años. Este plan surgió en base a una lectura del presente y las tendencias con las cuales deberá interactuar la institución en los próximos años. 

En definitiva, la definición de un plan implica que la Universidad Nacional de Cuyo se desarrolle en base a pautas comunes que tiendan a evitar la atomización y potencial contradicción entre los emprendimientos y acciones que lleva adelante. Esta condición implica, desde esta perspectiva, una serie de pautas que, por definición, deben actuar de forma sinérgica.   

Los ejes generales propuestos para la reforma del estatuto responden a esta misma lógica de planificación. Es decir, su concepción es orgánica, y no pueden aislarse unos de otros, puesto que suponen una mutua implicancia para su desarrollo. Es así que la incorporación de la Visión y Misión en el Estatuto, la propuesta de ampliación de los mandatos y la adopción de un sistema de elección directa se vinculan entre sí tanto conceptual como instrumentalmente. 

Por ejemplo, la propuesta de ampliación del tiempo de los mandatos se encuentra directamente ligada con el sistema de elección directa. Esto es así debido a que, por una parte, la adopción de la elección directa establece la conformación de plataformas electorales y planes de gobierno que  deben contar con el tiempo necesario para poder desarrollarse. La existencia de plataformas electorales –que deben ser explícitamente presentadas y comunicadas a la comunidad universitaria- influencia toda la estructura de gestión que debe estar dirigida a cumplir esas propuestas planteadas, que han sido apoyadas por el voto directo de toda la comunidad universitaria. 

En torno a tales condiciones, en base a la relación sistémica que está planteada en los ejes de la propuesta de reforma, por distintas razones, tres años resultan insuficientes para llevar adelante de principio a fin un plan de gobierno. Esto es así debido a que el desarrollo de proyectos de gobierno –más allá de  la magnitud de las acciones que se propongan-, por una parte, está sometido a la velocidad que le corresponde a todo proceso burocrático que debe contar con pasos sucesivos que garanticen y sirvan como control del buen funcionamiento de la gestión. Es decir, la realización de  proyectos está sometida a parámetros procedimentales que involucran necesariamente la participación de distintos actores para su realización, y que circunscriben a las acciones de gobierno –que deben estar expresadas en procesos administrativos- a una dinámica y cronología propias, diferentes a las de otras entidades y a los tiempos sociales que se ciñen sobre lo inmediato. 

Por otra parte, tres años resultan insuficientes para captar adecuadamente la cristalización y/o los resultados de las acciones de gobierno en los procesos de autoevaluación y evaluación externa, que a su vez deben servir para obtener la información sobre la cual se puedan basar las nuevas propuestas de gestión. Los tiempos de los mandatos actuales, circunscriptos a tres años, debido a su insuficiencia, impiden la conclusión del circuito lógico que existe entre la propuesta, su realización y control, y los resultados de la misma vertidos sobre diagnósticos que deben ser el insumo para nuevas propuestas. 

Podría decirse que un año no hace la diferencia, y que los planes de gobierno presentados en plataformas electorales deberían en este sentido –sin la necesidad de reforma mediante- ceñirse sobre la duración actual de los mandatos. Sin embargo, dada las dimensiones de la estructura de la Universidad Nacional de Cuyo  y los objetivos planteados en el plan estratégico se desarrollarían acciones que la mayoría de las veces quedarían inconclusas al final de una administración, violentando, de esta manera, la asunción de la próxima gestión. 

La relación entre la elección directa de autoridades y la incorporación de la misión y visión del PE2021 no es menos sinérgica. La misión y la visión reafirman la identidad universitaria y trazan objetivos generales para los próximos diez años, que pueden ser alcanzados de manera diversa. Esta condición implica necesariamente el fortalecimiento de la política, entendida como la actividad en la que se confrontan distintas propuestas en torno a la posibilidad de tomar decisiones tendientes al alcance de objetivos.

En este sentido, la elección directa implica un fortalecimiento de la participación y el debate político por dos razones principales: convoca a toda la comunidad universitaria a elecciones generales de sus mandatarios y, por otro lado, promueve la presentación y disputa de proyectos diferentes en torno a la realización de objetivos comunes para la Universidad Nacional de Cuyo.