El Gobierno Nacional construirá dos Espacios de Primera Infancia con 800 000 dólares, incautados por la Justicia, de las valijas del empresario venezolano Antonini Wilson. Las tareas se realizarán en la localidad norteña de Tafí Viejo, en Tucumán, y Oberá, en Misiones. Serán beneficiados pequeños de entre 45 días y 4 años.

La obra de Tucumán se realizará en un predio cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que firmará un acuerdo de cesión de uso precario con la Asociación Civil "Mica para los Niños", a cargo de Mercedes del Valle Medina. La obra en Oberá se levantará en un terreno en Villa Bonita, a partir del convenio firmado con la Asociación Civil Comedor y Guardería Infantil Pamperito, a cargo de Ana Méndez.

Impulsado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, la construcción de los centros infantiles fortalecerá el desarrollo de 400 niños y niñas de 45 días a 4 años de edad, en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia, quienes además de la formación y estimulación temprana reciben desayuno, almuerzo y merienda.

En el país, el Plan Nacional alcanza a 214 967 niños y niñas, e incluye las distintas líneas de acción: espacios de primera infancia, centros Conin, Acompañamiento Socio-Familiar y OSC de primera infancia, detalla el diario Infobae.

El caso de las valijas de Antonini Wilson

El arribo de Guido Antonini Wilson al país el 4 de agosto de 2007, por avión, con una valija que contenía 800 000 dólares sin declarar destapó el escándalo de corrupción que involucró a los difuntos presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, y Néstor Kirchner.  

La entonces agente aduanera María Luján Telpuk ordenó al empresario que abriera la valija. La sospecha, basada en averiguaciones del FBI de Estados Unidos, era que el dinero iba a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, según publicó el diario La Nación. 

En 2016, la Sala II de la Cámara de Casación Penal dictó un fallo en el que reactiva la causa del empresario venezolano. Los jueces Pedro David, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar revocaron un fallo de la Cámara en lo Penal Económico que establecía que debía investigarse bajo el delito de lavado de dinero, figura penal bajo la cual la causa había sido considerada prescripta, y sostuvieron que el caso debía investigarse bajo la figura de contrabando agravado.

Finalmente, el 23 de septiembre del mismo año, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola ordenó el decomiso definitivo a favor del Estado y con fines sociales de los dólares secuestrados.