Argentina fue el único país que rechazó ante la ONU intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar toda forma de violencia contra mujeres y niñas, particularmente en el ámbito digital. El secretario de Culto y Civilización del Gobierno nacional, Nahuel Sotelo, dijo que la propuesta invoca “la agenda de la mujer”, parte de un “enfoque feminista radical” y aborda la violencia sin “evidencia científica alguna”. Y toda la política de la gestión actúa como si eso fuera así —con reducción de personal y subejecución presupuestaria— pero lo cierto es que los datos —cada vez más difíciles de rastrear— dicen lo contrario: un femicidio cada 30 horas en Argentina, 25 denuncias por violencia de género por día en Mendoza.

La violencia de género existe —lo dicen los números de denuncias y femicidios que no disminuyen— y también se ejerce por medios digitales —el mismísimo Congreso de la Nación lo dejó asentado en la ley 27736—. Los datos fundamentan las movilizaciones de todo el país para este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Para 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación relevó 250 femicidios en todo el país, de los cuales 9 fueron cometidos en Mendoza. El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina sistematiza esta información desde 2014 y, en diez años, lleva contabilizadas 2446 víctimas directas. De ese total de causas judiciales en las que se investigan muertes violentas por razones de género de mujeres cis y mujeres trans/travestis, 85 fueron en Mendoza. Y el Observatorio Adriana Marisel Zambrano, de La casa del encuentro, contabilizó 246 femicidios, trans/travesticidios y lesbicidios desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2024.

Pero no todas las situaciones de violencias por motivos de género terminan en un femicidio. Por eso, existen distintos dispositivos de detección, abordaje y prevención, como las fiscalías especializadas, las áreas municipales y provinciales y la Línea 144. En nuestra provincia, tenemos la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género (UFi VG) que recibe y tramita denuncias por estas causas específicas. En 2022 fueron 9626 (26 por día), en 2023 fueron 9014 (25 por día) y entre el 1 de enero y el 31 marzo de 2024 fueron 774 (25 por día).

Captura del Observatorio Adriana Marisel Zambrano

Las denuncias dejan en claro que los asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género son, en realidad, la parte trágica y visible de una problemática mucho más grande y profunda, pero antes del femicidio hay señales. Para la ley argentina, la violencia contra las mujeres es toda conducta fundada en razones de género que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Nuestra normativa entiende que esas conductas —basadas en una relación desigual de poder— pueden ser por acción u omisión, de manera directa o indirecta, en el ámbito público o en el privado, en el espacio analógico o digital.

Y Argentina era pionera en la implementación de políticas destinadas a reducir la violencia de género, pero la última gestión nacional decidió desatenderlas. Es el caso de la Línea 144, un dispositivo de alcance federal que recepciona consultas relacionadas a la temática y ofrece información, contención y acompañamiento. La información estadística del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG) se puede consultar solo hasta mediados del 2023. Este sistema, hoy en manos del Ministerio de Capital Humano, solo dio datos hasta el primer trimestre de 2024 —y porque el Senado nacional lo pidió— e informó que las llamadas fueron 9294 y, de ellas, 371 fueron desde Mendoza.

En la Línea 144, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advirtió —en el primer semestre de este año— una reducción del 28 % de la ejecución presupuestaria, si se compara interanualmente. Además, visibiliza que en junio despidieron al 38 % de las personas que reciben los llamados con pedidos de asistencia y —a pesar de recibir más de cien llamadas por día— hay turnos donde solo hay dos personas atendiendo.

También se desmanteló el Programa Acompañar, destinado a brindar apoyo económico a personas en situación de violencia, ya que la ejecución de su presupuesto muestra una caída del 82%. En el primer trimestre de 2024, lo recibieron 434 personas, frente a las alrededor de 34 000 que habían podido acceder en 2023. Para muchas, esta política significaba la posibilidad de poder salir de la casa donde eran violentadas, ya que la dependencia económica del varón les imposibilitaba la huida y el Acompañar les daba una asignación económica equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil durante 6 meses consecutivos.

Votación en la ONU. Captura de pantalla

El problema de los ciberataques

En los últimos días vimos cómo un grupo de seguidores del presidente Javier Milei lanzó “Las fuerzas del cielo”, una organización que se presentó como “el brazo armado de La Libertad Avanza”. El acto estuvo encabezado por Daniel Parisini —conocido como “el Gordo Dan”, un tuitero y streamer del núcleo de los Milei— y lo acompañaron otros, como el intelectual de ultraderecha Agustín Laje, el diputado bonaerense Agustín Romo y el secretario de Culto y Civilización de la Nación, Nahuel Sotelo. Las consignas de las banderas en el escenario, repetidas por el Gordo Dan, eran las clásicas de agrupaciones conservadoras: “propiedad”, “libertad”, “vida”, “dios”, “patria” y “familia”.

Somos las Fuerzas del Cielo @FuerzasDelCielo. Los que bancamos a muerte al presidente @JMilei porque sabemos el enorme esfuerzo que está haciendo para sacarnos de la decadencia en la que nos sumergieron todos los anteriores.

¡Apoyamos al mejor gobierno de la historia! pic.twitter.com/DTs0qdpoGp

— Nahuel Sotelo (@nsotelolar)

November 17, 2024

¿Qué tiene que ver esto con los ciberataques? Ante la polémica que desató haber presentado a Las fuerzas del cielo como “el brazo armado”, el legislador Romo quiso fundamentar en una entrevista radial: "El video que se viralizó es al principio, y más adelante dice: '¿Pero armados con qué? ¿Sabés con qué? Con el arma más poderosa del Siglo XXI', y levantó el celular".

Sucede que los teléfonos celulares son la vía para democratizar la información y el uso de las nuevas tecnologías, pero no son inocuos. Las organizaciones feministas y de la sociedad civil, las áreas institucionales e, incluso, las agencias de la ONU vienen llamando la atención sobre la violencia que se ejerce en redes sociales, al alcance de cualquiera con un teléfono celular. El Estado nacional reconoce, de hecho, la existencia de la violencia de género digital y en 2023 incorporó esta modalidad —la “ley Olimpia”— a la ley 26485, de prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres.

Las agencias de ONU como Unesco, ONU Mujeres, Unicef y Unfpa (el Fondo de Población) llaman particularmente la atención sobre la violencia de género contra mujeres con voz pública y, entre ellas, contra periodistas. En un documento, Unesco y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) explican que la violencia en línea se ha convertido en un nuevo problema dentro del conflicto por la seguridad de los y las periodistas, pero que es una tendencia especialmente peligrosa para las mujeres.

El informe se basó en una encuesta internacional a más de 900 periodistas de 125 países y mostró que la violencia en línea tiene impacto y graves consecuencias en el mundo real: repercusiones psicológicas y físicas, cambios de hábitos y de rutinas, autocensura en redes sociales, abandono de los lugares de trabajo, etc. Es un entramado complejo que aumenta la crisis de la libertad de expresión y también de la calidad de las democracias, toda vez que una voz pública que se calla es una mirada del mundo que se pierde.

Captura Instagram de la campaña de ONU #NoHayExcusa

Los relevamientos locales reafirman esta situación. Amnistía Internacional destaca que el 63,5 % de las periodistas mujeres y con identidades de género diversas en Argentina han sido víctimas de algún tipo de violencia digital en los últimos seis años. Sobre la base de 36 entrevistas y 403 encuestas, el informe Muteadas evidencia que, entre las que manifestaron haber sido víctimas de violencia, un 98,3 % fue objeto de insultos aislados y un 85,6 % fue víctima de ataques sostenidos en el tiempo y direccionalizados —hostigamiento o, como se dice comúnmente, “trolleo”—.

Por su parte, Chequeado publicó un estudio que explica la problemática. Analizó publicaciones en X (ex-Twitter) que mencionaran o respondieran a cuentas oficiales de periodistas de todo el país en cinco momentos clave del calendario electoral 2023: días previos y posteriores a la primera vuelta y al balotaje de las votaciones para la presidencia, y a los tres debates públicos. Fueron casi ochenta mil posteos y, de ellos, más de 4300 fueron clasificados como ataques. Se seleccionaron las cuentas de 33 periodistas que se dedican a temas políticos con más seguidores y seguidoras.

Entre las diez cuentas con más ataques había seis varones y cuatro mujeres. A pesar de que ellos tienen, en promedio, más seguidores que sus colegas mujeres, ellas recibieron —también en promedio— cinco veces más ataques: los periodistas tuvieron 2,66 ataques y las periodistas, 11,07. Si se organizan los primeros cinco puestos por cantidad de ataques, hay solo una mujer entre ellos; mientras que si se organizan de acuerdo con la cantidad de ataques por cantidad de seguidores, las mujeres son tres entre los primeros cinco puestos. Lo mismo sucede con la cantidad de posteos. Los comunicadores publicaron, en promedio, 1223 y las comunicadoras, 489. Por posteo, las mujeres recibieron cuatro ataques y los varones, dos.