Los gobernadores y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, estuvieron reunidos ayer, miércoles 15, para ajustar los detalles de cara al encuentro que tendrán hoy, a partir de las 9, con el presidente Mauricio Macri para intentar sellar el Pacto Fiscal que forma parte de la reforma tributaria que impulsa el Gobierno nacional.

Frigerio se llevó un punteado con las cuestiones que más dudas generan entre los mandatarios principales, además de un puñado de propuestas para allanar el camino:

El portal cronista.com los sintetiza de esta manera:

1. Establecer la coparticipación del impuesto al revalúo que propone el Gobierno: el revalúo impositivo que plantea el Gobierno es una respuesta parcial al reclamo, que ha sido llevado a la Justicia en muchos casos, por la falta de ajuste por inflación desde la salida de la convertibilidad a fines del 2001. Esto significa, básicamente, desagregarle el efecto de inflación a una determinada serie de activos que tributan Ganancias, ya que se considera éstas no son Ganancias reales sino que están infladas por el efecto del aumento de los precios. Esto significará una disminución de la recaudación de Ganancias, que se coparticipa y que por lo tanto significará menos ingresos a las provincias. Las provincias lo han estimado en 40 000 millones de pesos. Como el Gobierno plantea que, a cambio de pagar menos Ganancias, los beneficiarios de este revalúo paguen un impuesto especial para compensar las perdidas al Estado, los gobernadores quieren que se coparticipe lo recaudado por ese impuesto especial. La idea del Gobierno, en cambio, es que ese impuesto vaya todo para la Anses.
2. El calculo periódico y automático de la compensación que le tocara a cada distrito por la derogación del articulo 104: la propuesta del Ejecutivo en la Reforma Tributaria es derogar el artículo 104 de la Ley de Ganancias, que establece que el 36 % de la recaudación por Ganancias no es coparticipable. De ese 36 % no coparticipable algunos distritos provinciales recibían una tajada, como por ejemplo el 4 % que va a las provincias con necesidades básicas insatisfechas. Además, por la derogación, también hay que compensar a la Anses, que recibía un 20 % de lo que significaba esa masa no coparticipable. Como el Gobierno planea compensarla dándole el 100 % de la recaudación del Impuesto al Cheque, cuando hasta ahora recibe el 70 % y el resto las provincias, los gobernadores pretenden que quede establecido que la compensación se haga mediante un mecanismo que suponga un cálculo “periódico” y “automático”, es decir que no tengan que confrontar por criterios de actualización y desfasajes en el futuro. 
3. La automaticidad del financiamiento de las cajas previsionales no transferidas: algunas provincias mantienen regímenes previsionales propios que son deficitarios. Mientras el Gobierno avanza en la discusión de la “armonización” de los regímenes previsionales provinciales (distintas edades para jubilarse, distinto porcentaje de reconocimiento del haber activo al momento de la jubilación, entre otros), tiene un compromiso para financiar esos déficit, que surge de una ley, pero sobre la base de una serie de parámetros que los distritos deben cumplir y que son fuente de demoras y de entrega (según se quejan algunos gobernadores) a “cuenta gotas” de los recursos para financiar ese déficit. 
4. No condicionar la compensación del fondo sojero a la firma del acuerdo: el Fondo Federal Solidario, también conocido como “Fondo Sojero” fue creado en 2009 y tiene como objetivo distribuir entre las provincias un 30 % de lo que el Gobierno recauda en concepto de retenciones a la soja. Las provincias reclaman ser compensadas porque los ingresos por este fondo (los cuales deben ser destinados a obras) han caído, dado el menor precio del poroto respecto de cuando se estableció y por las demoras en la liquidación de divisas. El Gobierno pretende que la compensación sobrevenga luego de la firma del pacto.

A estos puntos se suman las ideas de invitar y no obligar a los municipios a adherir a este pacto fiscal, trazar un nuevo esquema de actualización de los sistemas jubilatorios en el país, y eliminar o restringir las “jubilaciones de privilegio” que “impactan directamente en los déficits que pueden tener los sistemas previsionales del país.