Los efectos más evidentes del resultado electoral del domingo 22 confluyeron ayer, lunes 30, en la Ciudad de Buenos Aires. Son tres los protagonistas de esta escena:

• Mauricio Macri, con su presentación del paquete de reformas impositivas, jubilatorias y gremiales marcó el inicio de la semana política. Todo bajo el título de “Consensos básicos”, que incluye una baja del gasto público y persigue un “nunca más” a la inflación. La consecuencia inmediata para Mendoza es el nerviosismo por un posible gravamen para el vino y los espumantes que hizo concentrar a los empresarios vitivinícolas y las cámaras del sector en el CCK para escuchar al Presidente.
• Alejandra Gils Carbó, con su renuncia opacó el anuncio presidencial. Lo advirtió en el mismo sitio oficial de la Procuración General de la Nación. Es una salida “consensuada” con la Casa Rosada. León Arslanian, abogado de la procuradora, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, acordaron para fin de año el retiro pacífico de la mujer que lidera el ala judicial llamada Justicia Legítima. De este modo se descomprime la situación. Gils Carbó podrá jubilarse como procuradora e intentará safar de la causa judicial en su contra por la presunta compra irregular de un edificio para el área. La anunciada reforma del Ministerio Público Fiscal (ahora avalada por Elisa Carrió), más un fallo de una Cámara que asegura que se la puede remover sin juicio político, precipitó la decisión. Mientras, el Gobierno podrá ubicar a alguien afín en ese espacio. Ya suenan el fiscal de la Cámara de Casación, Raúl Pleé, la integrante del Tribunal Superior de Justicia porteño, Inés Weinberg de Roca, y el constitucionalista “filoperonista¨ Alberto García Lema, además del probado fiscal anti-K José María Campagnoli (un “Lilito” que se anotó en la carrera, tal como señala el sitio porteño Gaceta Mercantil). A esto hay que sumar las posibilidades de Margarita Stolbizer, la denunciante acérrima contra CFK. Los diarios y portales del país hacen foco en la nota dimitente de Gils Carbó. Por caso, Los Andes rescata el texto de la Procuradora: "'Con la esperanza de que esta decisión disuada reformas que, amén del debilitamiento señalado, rompan el equilibrio que debe regir en el sistema de administración de justicia, doy por finalizada mi labor en el Ministerio Público Fiscal'".
• En este escenario se movió el gobernador Alfredo Cornejo quien captó la atención de los medios audiovisuales apostados en el CCK. El mandatario fue a la convocatoria del presidente acompañado por los ministros Lisandro Nieri (Hacienda), Martín Kerchner (Infraestructura) y Dalmiro Garay (Gobierno). Cornejo se mostró como un vocero oficialista y es otro indicio que consolida la especulación de su proyección nacional en vistas de que no puede aspirar a la reelección como gobernador. Pero, al mismo tiempo, Cornejo también eligió el día apropiado para que a la tarde Juan Carlos Jaliff, su operador político en la Legislatura, lanzara un proyecto de ley para aumentar en dos jueces la composición de la Suprema Corte de Justicia, para pasar de los actuales siete a nueve.

Cambios en la Corte

El mismo Jaliff se abstrajo de las críticas que sobrevinieron basadas en las inferencias de una maniobra a favor de conseguir una especie de mayoría automática a favor de Cornejo. Esto cobra relevancia si se tiene en cuenta lo que el mismo mandatario señaló cuando marcó a tres ministros de la Corte como sus rivales: Alejandro Pérez Hualde, Omar Palermo y Julio Gómez. O sea, según el propio gobernador, tres de siete jueces traban la impronta cornejista. El resto son dos “líberos”, Jorge Nanclares y Mario Adaro, y dos alineados a Cornejo, José Valerio y el presidente del Tribunal, Pedro Llorente.

La justificación de la idea de Jaliff se basa en un déficit constitucional: la falta de una Cámara de Casación y un Tribunal Contencioso Administrativo que hagan de filtro para las causas penales y administrativas y, así, evitar que lleguen a la Corte. El senador señala que la Sala Penal de la Corte tiene también competencia laboral y recibe la mitad de los reclamos administrativos, en tanto que la Sala Civil y Comercial atiende también la otra mitad de los reclamos administrativos, además de lo natural en los fueros civil y comercial.

Con la suma de estos dos miembros, el proyecto prevé la creación de la Sala Laboral para que también atienda la mitad de los reclamos administrativos que hoy resuelve la Sala Penal. Y además obligaría al presidente de la Corte a formar parte de una de las salas. Todo esto sustentado, según Jaliff, en las demoras que la Corte tiene para fallar en casos con personas detenidas de manera preventiva. Si esto prospera, entonces Cornejo tendrá la posibilidad de nominar a dos jueces de Corte para que, como dijo el mismo mandatario ayer sobre la renuncia de Gils Carbó, sea “un gran alivio, necesitamos una justicia independiente y pro-gestión”.