Antes de las PASO nacionales de agosto, la asociación Ni Una Menos solicitó a cada uno de los pre-candidatos que aspiraban a la presidencia de la Nación que firmaran un compromiso y publicaran las distintas propuestas de lucha contra la violencia de género. A menos de 20 días de las elecciones generales, destacamos las respuestas a este pedido de los candidatos que se enfrentarán en las urnas el próximo 25.

Los distintos partidos dejan ver diversos niveles de compromiso con el tema, sumamente importante en la actualidad de toda la Argentina. La violencia de género está constantemente presente en la agenda de los medios de todo el país.

En Mendoza, particularmente, el asunto está en boca de los ciudadanos por las repetidas desapariciones de mujeres adultas y adolescentes como Johana Chacón, Soledad Olivera y Gisela Rodríguez. Otro caso importante en la provincia fue el caso de femicidio de Luciana Rodríguez, de 3 años, por el que fueron imputados recientemente su padrastro y su madre.

Lo más llamativo a la hora de atender a las propuestas de cada candidato, es que en la web Ni Una Menos no figuraron los compromisos asumidos por Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, del Compromiso Federal. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT, fórmula Nicolás del Caño-Myriam Bregman) y los Progresistas (Margarita Stolbizer-Miguel Olaviaga) publicaron en las páginas de cada partido sus propuestas, bastante bien especificadas. El Frente para la Victoria (FpV, fórmula Daniel Scioli-Carlos Zannini) y el Frente Cambiemos (Mauricio Macri-Gabriela Michetti) se limitaron a publicar el modelo de propuesta que les solicitó la asociación. Sergio Massa y Gustavo Sáenz, del Frente Unidos por una Nueva Argentina, publicaron sus propuestas y compromisos en tweets.

Los puntos básicos exigidos por Ni Una Menos

A estos puntos se limitaron las fórmulas Scioli-Zannini y Macri-Michetti, del FpV y el Frente Cambiemos respectivamente. Macri (con la premisa “que ninguna mujer vuelva a sentir miedo”) y Scioli agregaron lo siguiente: “desarrollamos una serie de propuestas para tratar de forma integral el tema, desde la prevención con educación hasta el acompañamiento de las víctimas y su empoderamiento para salir adelante. Nos comprometemos a elaborar el primer informe nacional sobre violencia familiar, a capacitar a todos los empleados del Gobierno en la detección de situaciones de violencia y asistencia a las víctimas, a acompañar con refugios, casas de medio camino y centros de asistencia en cada una de las provincias y a brindar asistencia psicológica gratuita para las víctimas”.
 

Violencia de género

Este fue el punto fuerte en las propuestas de Massa, publicadas en su cuenta oficial de la red social Twitter. El Frente Unidos por una Nueva Argentina, según estos tweets, se compromete a dar a las víctimas de violencia de género las herramientas para recuperar su independencia económica, a brindar “espacios donde las mujeres que tuvieron que escapar de su casa por miedo puedan estar protegidas”, a establecer un código penal que prevea lesiones de género y encarcele al agresor que viole la restricción perimetral, y a establecer “un sistema de protección con botones antipánico a mujeres con medida de restricción perimetral”.

Los Progresistas, por su lado, proponen declarar el Estado de Emergencia Nacional por Violencia de Género, la creación de un Ministerio de la Igualdad que tendrá a su cargo las políticas públicas referentes a la problemática. Además, se comprometen a la fundación de Casas Refugios para mujeres que “han sido víctimas de violencia por razones de género en el ámbito familiar así como para personas que dependan de ellas”, y a otorgar ayuda económica para víctimas de violencia de género.

Nicolás del Caño, desde el FIT, propuso un Proyecto de ley en el Congreso Nacional y Legislaturas provinciales que consiste en un Plan Nacional de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres. Este contempla: un régimen de subsidios a las mujeres víctimas de violencia, la creación de refugios transitorios y un plan de vivienda a corto plazo, licencias laborales con goce de haberes para las víctimas que tienen empleo, equipos interdisciplinarios especializados en violencia contra las mujeres y campañas de difusión masivas a cargo del Estado. También prometen la aplicación de la Ley de Identidad de Género y un presupuesto para su aplicación efectiva.
 

Aborto

Los Progresistas, con Stolbizer al frente, parecen concederle al tema un lugar prioritario junto con la trata de personas. Declaran, antes de sus propuestas, que la Argentina se ha convertido en “un país de origen, de destino y tránsito para las víctimas de las redes de trata” y que “hoy la clandestinidad del aborto es la principal causa de la mortalidad materna”. Por esto es que entre sus principales objetivos se encuentra el de consagrar “el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo porque en la Argentina que queremos la salud sexual y reproductiva les pertenece”. También proponen como una de sus primeras acciones de ser electos, regularizar por Ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que posibilite el aborto no punible y sin necesidad de una autorización judicial previa.

Una consigna fuerte que presenta el FIT es “Ni Una Menos por abortos clandestinos, femicidios y redes de trata”. Es siguiendo esta premisa que adhiere y defiende el proyecto de ley impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La fórmula Del Caño-Bregman aboga “por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.
 

Trata de personas

Otro punto destacado de los Progresistas. Las propuestas de Stolbizer con respecto a este delito son: la lucha sin cuartel contra la trata de personas, a través de un plan nacional contra la trata y explotación de personas. Se comprometen a combatir integralmente la trata apuntando a desarticular redes y terminar con sus “vinculaciones políticas, judiciales y policiales”. También prometen la protección integral de las víctimas de trata, abriendo centros para mujeres víctimas de trata con fines explotación sexual y laboral, “a los efectos de cumplimentar con la Ley 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de personas y Asistencia a sus víctimas”.
 

Educación Sexual

A este tema responden también el FIT, los Progresistas y, en menor medida, la fórmula Massa-Sáenz. Estos últimos dicen, en un tweet más, que quieren “que los chicos aprendan Educación Sexual Integral desde jardín de infantes”.

Stolbizer y Olaviaga establecen como uno de sus compromisos a mediano plazo la información sobre salud sexual y derechos reproductivos al alcance de todos, implementando cabalmente la Ley 26150 de Educación Sexual Integral en todo el territorio nacional, “tanto en establecimientos de enseñanza pública como en los de gestión privada”. También aseguran que ejecutarán “políticas de salud sexual y reproductiva que promuevan la salud sexual de todas las personas en el marco de la Ley de Salud Sexual vigente”.

Del Caño promete educación sexual en todos los niveles educativos, “contemplando la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género”. Agrega que esta educación sexual iría acompañada del “acceso libre y gratuito a todos los métodos de anticoncepción” y del “derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.