“¿Por qué decidí hacerme policía? En principio por una cuestión económica, no vamos a decir que me empujó la vocación. Era un trabajo que me iba a permitir cubrir los gastos de crianza de mis dos hijos, estaba recién separada”, recuerda Paola apenas iniciada la charla en la que recorrerá la lucha que fue dando contra las sistemáticas situaciones de discriminación que, por su condición de mujer, sufrió mientras se desempeñaba activamente en la Fuerza, hasta llegar al momento actual, cuando los frutos de la valentía comienzan a surgir.

La batalla que libró para que su caso fuera contemplado por las autoridades se trazó de la mano de su propio desarrollo profesional; factores que se conjugaron para que, al fin, las respuestas estatales llegaran para reparar parte del dolor acumulado y el tiempo invertido en tantos años de búsqueda de justicia. Sin embargo, sus mayores expectativas trascienden el plano de las recompensas personales para abarcar las ansias de una trasformación real en materia de equidad de género hacia el interior de la institución policial, según se encargó de expresar durante en el encuentro que mantuvo con Edición Cuyo.

“Sin dudas, el caso de Paola será una bisagra para que historias como la de ella comiencen a resolverse a través de diferentes mecanismos estatales, sin la necesidad de llegar a instancias judiciales y, por supuesto, también a prevenirse” agrega al respecto la abogada Carolina Jacky, quien desde mediados del 2012 la representa legalmente.

De la misma manera lo interpreta Paola, al explicar que las herramientas adquiridas en torno a su formación en derechos humanos, problemáticas de género y seguridad democrática se trasformaron en las armas privilegiadas para dar a conocer su propia verdad, en la que cada vez más mujeres policías se ven reflejadas.  

Su reciente nombramiento como Coordinadora de la Biblioteca Pública “Arturo Roig” de Radio Nacional Mendoza, ya por fuera de su desempeño estrictamente policial, y volcada sobre tareas pedagógicas orientadas a abrir las puertas del espacio a la comunidad, es el punto más simbólico –hasta el momento– en donde confluyen todos los caminos recorridos, esta vez desde las palabras y la memoria, durante la entrevista.

¿Cómo fue tu primer tiempo dentro de la Policía? ¿Qué rumbo fue tomando la profesión?

Ingresé como agente en la Policía de Mendoza en 1997 –el nombramiento más bajo en el escalafón de aquella época–, y si bien en un principio no me entusiasmaba del todo con la idea, con el correr de los días empecé a tomarle el gusto a la función, lo que me llevó a involucrarme fuertemente en la profesión. Por eso decidí profundizar los estudios y buscar más opciones para capacitarme. En este plan me titulé en 2003 como técnica en Seguridad Ciudadana con la categoría de oficial. Al tiempo redoblé la apuesta y alcancé la licenciatura. 

Desde el momento en que se empezó a hablar de una especie de seguridad democrática, ya no el policía como tal, sino el policía involucrado como actor social en una comunidad, interpretando los parámetros y legislaciones con los que se cuenta, mi cabeza empezó a abrirse respecto a la problemáticas de seguridad y me dispuse a aprender más para servir mejor.

¿Cuándo empezás a percibir los tratos discriminatorios dentro de la Policía?

A medida que avanzaba en mi formación, mi “condición de mujer” me iba costando sistemáticos hostigamientos y negativas para plasmar los conocimientos dentro de la rutina laboral.Pero la situación concreta que hoy está sobre el tapete se da cuando a mí me trasladan para trabajar en el Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza, en el 2006. Allí empecé a trabajar con funciones administrativas. Las autoridades de ese momento me asignan tareas de oficina básicamente. Con el tiempo empiezo a notar que afuera de las cuatro paredes donde estaba confinada a trabajar pasaban un montón de cosas: camiones, bomberos, camionetas de rescate, que había todo un mundo que me estaba llamando la atención.

Entonces propuse ser parte de las tareas operativas ligadas directamente con la comunidad y allí empecé a recibir la desaprobación rotunda por parte de mis jefes para desempeñarme activamente como bombera, mientras que mis compañeros varones ingresaban directamente para cumplir esas funciones. 

En ese momento yo era la única mujer del lugar. Allí empezó toda la lucha. Luego de muchísimos reclamos logré integrarme a las tareas operativas de bomberos, pese a no haber recibido nunca las capacitaciones para esas funciones. Aun así, pude desempeñarlas correctamente gracias al aporte de compañeros excelentes que me enseñaron a trabajar.  

Tuve la suerte de poder ejercer esas labores, que es lo mejor que me ha pasado en mi carrera policial, son las mejores funciones cumplidas con todos los obstáculos y los maltratos a cuestas. Esto me ubicó en un lugar donde cotidianamente se trabaja al filo de la vida y la muerte. Son funciones que tocan lo más íntimo y lo más humano de una persona.

¿Qué fue lo que te llevó a presentar las denuncias?

Las denuncias las hice desde la primera negativa injustificada que tuve por parte de mis jefes. Lo que pasa es que esos reclamos eran vía administrativa, quedaban circunscriptos al cuartel. No es que hubo una explosión de mi parte, lo que hubo fue un trabajo continuado de hormiga, de ir pidiendo cosas que se me iban negando sistemáticamente. Frente a mi insumisión, las autoridades deciden sacarme del cuartel, no es que yo lo había pedido, y me dan el traslado a una comisaria hacia fines de 2008.

Allí empecé a hacer funciones de oficial de servicio y en ese lugar –como en cada uno de los que fui pasando– seguí siendo victimizada constantemente. Cada jefe que iba teniendo se encargaba de recordarme mis denuncias en contra de los bomberos, lo que me seguía ubicando en una situación de sometimiento.

¿Cómo es que los reclamos salen de la institución?

Primero que nada, los reclamos los hago adentro del cuartel. En el siguiente paso llego a la Inspección General de Seguridad, que es el organismo interno del Ministerio donde se recurre a denunciar las malas acciones de los policías. Ante la falta de respuestas empecé a buscar soluciones por fuera. Entre esas puertas hubo muchas ONGs, organizaciones feministas y lo que por esos años se llamaba Instituto Provincial de la Mujer, hoy Dirección de Género y Diversidad. En ninguno de todos esos lugares encontré eco; en el Instituto directamente me dijeron que no atendían policías.

Por ese tiempo, finales de 2008, estaba haciendo mi tesis de la licenciatura sobre la historia de la mujer policía en Mendoza, es ahí cuando llego a INADI con el fin de recabar datos. Inmediatamente se creó un nexo con las integrantes del organismo, quienes se interesaron muchísimo en mi situación. Ellas me orientaron y la denuncia salió por primera vez del ámbito ministerial. A los tres años el INADI dictaminó a favor mío, pero en todo ese tiempo yo tuve una debacle laboral tremenda. También expuse mi situación en diferentes comisiones de Diputados.

¿En qué te favoreció el dictamen del INADI?

Si bien el dictamen del INADI no es vinculante, contribuyó a ponerle nombre a la situación que estaba padeciendo, que es “discriminación por cuestiones de género en el ámbito laboral de la seguridad pública” y a hacerlo visible en los medios de comunicación. El fallo se basó en el principio que prohíbe la discriminación y promueve la igualdad de género, fundamentado en la Ley antidiscriminatoria N° 23592, y en la Constitución Nacional apoyada sobre tratados internacionales de Derechos Humanos.

Gracias al dictamen yo pude hacer el planteo judicial de mi situación de maltratos y hostigamientos, pero no fue fácil. Durante años lidié con un gran obstáculo: la falta de profesionales del derecho que se animaran a representarme. La luz la vi cuando a mediados de 2012 conocí a la abogada Carolina Jacky, quien se comprometió con mi caso y en cuestión de meses viabilizó la denuncia al Estado. A su vez, logró entendimientos con la actual gestión del Ministerio de Seguridad para que mi situación laboral mejorara, ya que hasta hace días estaba desapartada de mis funciones por una licencia psicológica, fruto del desgaste de la lucha.

¿Por qué creés que durante años otros abogados no aceptaban el caso?

Yo creo que ha habido un desconocimiento muy grande de la legislación en este aspecto, no voy a decir falta de compromiso. Eso lamentablemente me jugó en contra durante muchos años. Esto empezó en 2006 y se potenció en el 2009. Justo a partir de ese año se habilitó la legislación en materia de género que hoy tenemos, todo esto se fue dando a la par.

¿Notás cambios positivos en la institución en materia de género a partir de la visibilidad de tu caso?

Tengo entendido que cada vez son más las mujeres policías que recurren al INADI y a abogados a hacer consultas por sus propios padecimientos adentro de la fuerza, potenciadas por la dinámica que se le dio a mi caso. Pero no te puedo contestar sobre cambios institucionales reales porque no estoy desempeñándome adentro de la fuerza desde hace un año, y porque todo esto es muy reciente. Pero entiendo que no hay que perder la fe, hay que darle tiempo a la trasformación.

Tus denuncias siempre se elevaron contra personas concretas ¿Esto se tradujo de alguna manera en represalias u obstáculos sobre tus reclamos?

Hubo ocultamiento y resguardo estatal hacia las personas denunciadas, eso es lo que se llama la “dulcificación del conflicto” en los problemas de violencia contra las mujeres. Porque por un lado tenemos a la víctima que viene con un problema concreto y se le da una solución parcial para que se quede tranquila cierto tiempo, y a los victimarios se los protege para que todas las partes se queden conformes. Entonces la víctima deja de sufrir, el maltratador de maltratar, pero no hay una sanción y la situación escondida termina por naturalizarse.

Tuve muchísimos obstáculos y difamaciones durante mi lucha que hoy no puedo divulgar porque están en los sumarios. Pero sí puedo declarar que se apuntó a mi estabilidad psíquica y emocional también. Otros tienen que ver con esta sucesión de complicaciones en mi trabajo diario desde el 2009, año en que fui destinada a una comisaria. En algún momento o siempre había una persona que daba cuenta de que esas complicaciones eran consecuencia de “la bravura o el coraje” que tuve de haber denunciado a tal o cual policía.


Es muy importante tener en cuenta que, más allá de cómo funcionan las instituciones, de lo sistémico de un organismo como el policial, hay personas concretas que llevaron adelante acciones concretas en mi contra y que no es toda la Fuerza, por supuesto. Mis denuncias jamás fueron en general hacia la institución o hacia el cuartel de bomberos, siempre fueron con nombre y apellido de tres o cuatro personas concretas. 

Entonces, desde lo subjetivo, vivo esta situación con sentimientos muy encontrados. Me produce mucho dolor e impotencia ver que esas tres o cuatro personas nunca hayan tenido una sanción de ningún tipo y que quizás no la tengan jamás. Y que hoy sea el Estado en su conjunto –lo que me involucra a mí también como ciudadana– el que tenga que salir a responsabilizarse por una demanda judicial contra ciertas personas.

¿Quiénes te acompañaron en estos años de tocar puertas para que al fin se te escuhe?

En un principio lo viví con mucha soledad, pero siempre de la mano de mis dos hijos y de mi familia. Ya en los últimos dos años empezó a sumarse mucha gente solidaria para brindarme su apoyo. Gente que no conozco personalmente, compañeros de facultad. También, el aporte invaluable de los periodistas de Radio Nacional que me abrieron las puertas y me brindaron nuevas oportunidades, lo que nunca imaginé que iba a llegar a mi vida.

Sabemos que tu ingreso a la radio se da como producto de la lucha que diste… ¿Podés explicar cómo llegaste hasta allí?

Cuando en diciembre del año pasado mi abogada presentó la denuncia judicial, también solicitó que se me reubicara laboralmente en un ámbito que no me represente las frustraciones pasadas. A su vez, entre los diferentes medios que se interesaron en dar a conocer mi historia durante al año pasado, Radio Nacional se comprometió de lleno en acompañarme en la lucha. 

De esa manera fui creando lazos con la emisora, y su director Ernesto Espeche, en una de las charlas que mantuvimos, me expresó el deseo de sumarme al equipo, pero no desde una función policial, sino más bien en reconocimiento de las capacitaciones en materia de derechos humanos, problemáticas de género y seguridad pública que fui obteniendo en estos años. De allí surgió la iniciativa de que me hiciera cargo de coordinar actividades y talleres educativos y comunitarios desde la misma biblioteca de la radio. 

Finalmente, esto se hizo posible gracias a las gestiones entre las diferentes partes y el Ministerio de Seguridad, que fue mostrando la voluntad de dar fin al conflicto. Hace unos días firmó la resolución del pase en comisión para mi nuevo lugar de trabajo, lo que me satisface profundamente a la vez que me representa un gran desafío. 

En este marco ¿cuáles son tus perspectivas de cara al futuro, tanto en lo profesional como en torno a la búsqueda de justicia?

Como te decía anteriormente, estoy muy feliz con la nueva puerta que me abre Radio Nacional a través del Ministerio para explotar esta nueva faceta que fui adquiriendo en este tiempo de lucha. Siento que por fin comienzo a cosechar los frutos de tanto camino cuesta a arriba, y prometo seguir formándome para estar a la altura de las expectativas. Aunque tampoco puedo olvidarme de que llegar hasta aquí me costó mucho dolor y mucho tiempo útil de mi vida, fueron siete años de trayectos que por momentos parecían no tener fin. De hecho, aún falta muchísimo por conseguir.

En esta línea, espero que pronto el Ministerio de Seguridad tenga una política de administración de su recurso humano que sea más humanitaria, valga la redundancia. Por ejemplo, no existe un área que se ocupe de las cuestiones de género, ni una que se ocupe de las situaciones de inestabilidad emocional y psicológica de los policías, sí existen acciones esporádicas pero no continuadas en el tiempo. Si estamos desde el 2003 en adelante viviendo una época de empoderamiento ciudadano y si pretendemos que la policía deje de estar en la otra vereda frente a la sociedad, lo menos que podemos pedir es eso: que el recurso humano policial sea tenido en cuenta de una manera valorable por su propia institución. En el lugar que me toque estar, voy a luchar porque se llegue a eso.

También tengo expectativas de recibirme en dos años de licenciada en psicología y ya empecé a hacer una imbricación muy buena entre ambas carreras. Mi interés es abocarme concretamente a la atención emocional y psíquica del personal policial, elaborada como una política que perdure en el tiempo. Es que al no existir un área así, terminan por potenciarse todas las situaciones de agresión y frustración que viven los policías, y ahí está siempre el meollo de la violencia institucional.

¿Esperás que la lucha de Paola Legay pase a ser la lucha de las mujeres policías de Mendoza?

Ojalá que así sea, porque hay mucho miedo, mucho silencio. Hay muchas mujeres y varones que están sufriendo muchísimo, y que no tienen a dónde recurrir. Por eso para mí ya no tiene sentido describir los maltratos a los que fui sometida, la importancia de que el tema se difunda tiene que ver con la necesidad de que se despierten conciencias y voluntades. Que los que estén sufriendo se animen a pedir ayuda y justicia, y que los que tienen a cargo manejar las cuestiones de seguridad pública le den importancia al recurso humano.