¿Por qué es importante la ley de acceso a la información que aprobó el Senado el 21 de noviembre? La senadora radical Daniela García, una de las autoras de la normativa, dijo que el proyecto que aprobó la Cámara Alta será clave para avanzar hacia un Estado transparente y favorecerá el desarrollo del estado abierto. Sin embargo, habrá que esperar hasta la reglamentación para saber quién será el responsable de dar información. La crítica de la oposición fue sobre los casos en los que las empresas no están obligadas a dar determinados datos a la población.

La ley fue aprobada por unanimidad. Sólo el FIT votó en contra de un artículo que establece cuándo las organizaciones podrán rechazar la solicitud de acceso a la información de manera total o parcial. El inciso j del artículo 18 de la ley indica que las empresas no podrán dar información cuando “el acceso dañe los intereses privados”: casos de derecho a la privacidad, intereses comerciales y económicos legítimos y patentes de derecho de autor y secretos comerciales.

Daniela García. Foto: Prensa del Senado.

Antes de la sanción, Noelia Barbeito explicó que la ley no contempla información sobre cuánto ganan las empresas, esencial para saber los dividendos que les corresponden a los empleados. Ante esto, García señaló a Unidiversidad que el proyecto descansa sobre dos temas centrales: el acceso a la información concebido como un derecho humano y el concepto de transparencia activa, que es la obligación del Estado en el aporte de datos. En este caso, la normativa deja fuera los casos de empresas privadas sobre el uso de patentes.  

García señaló que el derecho al acceso a la información está contemplado por la Constitución Nacional y que durante años más de doce proyectos llegaron a la Legislatura, pero fueron cajoneados por falta de consenso. Al mismo tiempo, argumentó que el proyecto es la conclusión de todo un arsenal de modificaciones que arrancó en los organismos del Estado.

Responsable y sanciones

En el proyecto se incorporará una persona que será responsable de que la información llegue en tiempo y forma a la persona que la solicitó. Habitualmente, los pedidos de información no se hacen en el tiempo oportuno en que se realiza el pedido para que se cumpla el trámite. En este caso, el funcionario público será solidariamente responsable por la información que sea solicitada.

Habrá que esperar hasta que se reglamente la normativa, si pasa el filtro en Diputados, para que establezca la cantidad exacta de funcionarios que participarán. “Será custodio de la información, pero en algunas organizaciones con mayor territorialización habrá que buscar más de una persona”, explicó la funcionaria. En este sentido, aclaró que si alguna dependencia no entrega información, las sanciones serán aplicadas por la oficina de investigaciones administrativas y ética pública.

 

Punto por punto

• La información pública es gratuita. No debe tener costo alguno, salvo una simple copia del documento o su costo de reproducción.
• Crea la Comisión Provincial de Acceso a la Información Pública y Transparencia Activa. Será un ente descentralizado y autárquico que funcionará con autonomía funcional en el Ámbito de Poder Ejecutivo Provincial.
• La Comisión será autoridad de aplicación y garante de cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Tendrá partida presupuestaria independiente.
• El solicitante podrá interponer un recurso por incumplimiento ante la comisión, dentro del plazo de cuarenta días hábiles contados desde la notificación de la respuesta o del día hábil posterior al vencimiento del plazo para responder la solicitud.