Los apropiadores de Claudia Domínguez pidieron acceder al beneficio del 2 x 1 que la Corte Suprema de Justicia concedió a Luis Muiña, un condenado por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el pedido fue desestimado porque, según explicaron, estaba mal formulado: se pidió la excarcelación y los apropiadores todavía no están condenados.

La confirmación la dio el abogado querellante en la Megacausa, Pablo Salinas. El letrado por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) indicó que, desde que se conoció el fallo del máximo tribunal, se recibieron cerca de 20 pedidos para que se reduzcan los plazos de condena a represores. En este sentido, Salinas aseguró que, entre condenados efectivos y los que aún se encuentran en juicio, hay 100 represores que podrían solicitar este beneficio que concedió la Corte.

En el caso de los apropiadores de la nieta 117, la situación es diferente. Salinas explicó que realizaron un pedido de excarcelación, pero todavía no tienen una sentencia sobre la participación que tuvieron en la apropiación de la nieta de María Domínguez, presidenta de Madres en la provincia. 

En medio de la movilización convocada hoy martes 9 de mayo por los organismos de derechos humanos contra el fallo del máximo tribunal nacional, Salinas pidió además que se sancione una ley para prohibir este beneficio que considera la pena más benigna.

El letrado, reconocido por su defensa de los derechos humanos, aseguró que presentarán un escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque consideran que el fallo de la Corte argentina violó adhesiones a convenios internacionales. A la vez, pidió a la sociedad acompañar el reclamo en contra del “fallo de la vergüenza”, y que el Ejecutivo nacional no se quede en lo "exclamativo" y ejecute las acciones correspondientes como querellante en los juicios de lesa humanidad.

“No creemos que sea casual el pedido de la Iglesia de reconciliación y el apoyo que tiene de algunos medios de comunicación. No sólo es una vergüenza desde lo técnico jurídico. Genera indignación desde lo moral. Darles un beneficio a los que torturaron y abusaron, que además no son delitos comunes, da impunidad a asesinos condenados. Es una barbaridad”, concluyó Salinas.
 

Megacausa: Mendoza, complicada para ser querellante

“Son personas que no tienen que salir en libertad, quizás prisión domiciliaria. Jamás en libertad”. Con estas palabras, Luz Faingold, directora de Derechos Humanos de la Provincia, se refirió al fallo de la Corte Suprema, al tiempo que lo calificó como “peligroso para la sociedad mendocina”. La funcionaria explicó que se presentará como querellante particular en los juicios y que pedirá desde el organismo participar como parte incidente al momento en que un represor pida el beneficio del 2 x 1. 

Sin embargo, hay una demora administrativa que impide a la Provincia participar de manera plena como querellante.  Es que por estos días, además, se espera que se apruebe el nombramiento de Darío Gagliano como abogado de la Dirección de Derechos Humanos, quien podrá participar como abogado querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad representando a Mendoza.

Fuentes cercanas al Gobierno aseguraron a Unidiversidad que el problema se produjo luego del cambio de gestión. En ese momento, el gobernador demoró el nombramiento de Gagliano y el problema se acrecentó luego de que Marcelo D´Agostino, el subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, no pudo participar de las audiencias. Dado que el cuarto juicio a represores se encuentra en la etapa final, es importante que Mendoza participe en esta instancia. “El subsecretario no tenía tiempo, por eso se pidió otro abogado”, remarcaron desde Casa de Gobierno.