Cada vez más cerca del final, el proceso judicial que se realiza contra miembros de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, contra cuatro exjueces federales por haber omitido o haber sido partícipes primarios en más de 20 causas por crímenes, torturas y desapariciones forzadas, sumó este lunes 14 una etapa clave. En su audiencia número 132, presentó sus alegatos el fiscal Dante Vega, querellante por el Ministerio Público Fiscal, acompañado por Jorge Auat, titular de la Procuraduría para Crímenes contra la Humanidad. La presencia de este último significó un refuerzo de la visita, la semana pasada, de Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien aclaró muchas dudas sobre la posición del gobierno de Mauricio Macri respecto de los juicios que se desarrollan en todo el país.

Los cuatro exmagistrados son Otilio Roque Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo. Ellos forman parte del grupo de 34 imputados en la denominada Megacausa, que comenzó el 17 de febrero de 2014, y en la que se acumularon 20 causas por delitos de lesa humanidad. Son juzgados por las detenciones ilegales, desapariciones, asesinatos, torturas y por la apropiación de un menor.

Frente a una sala invadida por las fotografías de las víctimas de la última dictadura cívico-militar (1976-1983), repleta también de familiares y público interesado, el abogado Vega comenzó diciendo que “se está juzgando una expresión local de algo que sucedió a nivel nacional. Se juzga a un Estado de antijuicidad”, donde nunca se procedió a actuar de la manera correcta frente a los crímenes ocurridos. Como método, el abogado Auat realizó intervenciones en la exposición de Vega, completando lo dicho por él.

El alegato del representante del Ministerio Público constó de tres partes: una introducción histórica, “necesaria” para contextualizar lo que se está juzgando; la lectura cronológica de todos los casos que componen el juicio, comenzando por aquellos que datan del año 1975, antes de que las fuerzas militares tomaran el poder y establecieran una zona “totalmente liberada”, y, finalmente, la acusación.

El fiscal Dante Vega, por el Ministerio Público Fiscal. Foto publicada por: represoresmendoza.blogspot.com.ar.

“El Ejército comandó el plan represivo en Mendoza, pero la ejecución fue conjunta con todas las fuerzas represivas. La Policía estableció zonas liberadas, se estableció la maquinaria del secuestro”, dijo Dante Vega, quien explicó también la importancia de los hechos del 75, e incluso mucho antes, como lo ocurrido en la masacre de Trelew en el año 1972, un “exponente de este fenómeno” que se quiso analizar para incluirlo en los juicios de lesa humanidad y que no prosperó. El abogado puntualizó sobre el Derecho penal como principal herramienta para utilizar en la Megacausa: “En estos juicios hay que revisar las jurisdicciones”.

Jorge Auat, mirando a los familiares y las fotos de las víctimas, dijo: “¿Era posible? ¿Cómo puede pensarse un crimen de esa magnitud sin cómplices?”. De esta manera, aseguró que la dictadura necesitaba el compromiso de todas las agencias del Estado, y era el Estado de Derecho el que debió contener al Policial, pues este último depende del primero. “Lo que quiere la Justicia (hoy) es reivindicar a las víctimas. La parte moral está en juego y no puede quedar fuera de ningún alegato”, arremetió.

Siguiendo las palabras de Vega, la directiva del ejército en los 70 fue aniquilar a las organizaciones sociales “subversivas”. Para ello se preparó un plan muy específico: hubo decretos, actividades administrativas y leyes para encubrir los verdaderos intereses y el principal objetivo: la represión. La ley 20 840 fue una de ellas. Promulgada el 30 de septiembre de 1974, establecía penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones. Así, el Ejército tenía perfectamente diagramado el golpe de Estado de 1976. “La lucha contra la subversión era la excusa para tomar el poder”, aseguró Vega, diciendo que esta ley “se desnaturalizó, se tergiversó su significado”.

El abogado Auat reforzó su argumento sobre la importancia moral de las causas. Dijo que se trató de una “cultura de la crueldad llevada a su máxima expresión”. Lo que el Ejército se propuso fue marcar un antes y un después, y en el después, una nueva sociedad y un nuevo hombre, con un nuevo enemigo. La reconstrucción de la sociedad se basaba en atacar a ese enemigo, es decir, a los subversivos. “El exceso de horror no puede quedar al margen de un análisis”.

“La muerte física viene acompañada de la muerte metafísica. Esta última es el desaparecido”, aseguró Auat en una línea de discurso apoyada en la filosofía. Para él, la Justicia debe posicionarse desde el lugar filosófico para llenar el profundo hueco social que genera la desaparición de personas.

Volviendo sobre la importancia histórica de los hechos ocurridos entre la dictadura de Alejandro Lanusse y la última dictadura cívico-militar, Vega se enfocó en los secuestros y las desapariciones forzadas, que incluso sucedieron durante una “débil democracia”. Ya tratando, caso por caso, los testimonios de las más de 200 víctimas que agrupa la Megacausa, aseguró que el Consejo de Guerra fue protagonista principal en los distintos delitos. “El total de desaparecidos de casos judicializados en Mendoza es de 136 personas”, detalló Vega.

En Mendoza funcionaron diversos centros clandestinos de detención. Los más importantes eran el Departamento 2 de Inteligencia de la Policía de Mendoza (más conocido como D2), Campo Los Andes y Colonia Papagallo. El D2, explicó el abogado querellante, hacía servicios de información e inteligencia. Primero fisgoneaban, después torturaban. “Era un círculo del terror: secuestro, interrogación bajo tortura y muerte”. En ese círculo, los aparatos estatales actuaron impunemente.

Más de 250 personas pasaron por el D2, que tuvo intervención en 60 desapariciones forzadas. Allí se encerró tanto a hombres y niños como a mujeres. El D2 se caracterizó por “la degradación de la condición humana” que vivieron las víctimas. Así, el argumento de Vega respaldó lo dicho por la abogada Viviana Beigel en la audiencia 131, denunciando que “todas las mujeres fueron violadas, pues pagaban el precio de ser mujer”.

Si antes del golpe de Estado hubo un plan diagramado por el Ejército, que se basaba en leyes y decretos, y la Policía actuaba de manera impune a través de sumarios, los cuales llegaban a los exmagistrados hoy sentados en el banquillo de los acusados, en 1976 no existió formalidad alguna. “Las comisarías pasaron a ser una pieza de engranaje del funcionamiento de la dictadura”, dijo Vega. Cuando en el D2 se colmaba la capacidad, los detenidos eran enviados a la comisaría que el Ejército asignara. La comisaría 7.ª fue una de las de mayor importancia, donde se secuestraba a las víctimas en calabozos y depósitos. “El centro clandestino sustrae al detenido del mundo exterior. Ese es el significado más perverso de la clandestinidad. Las personas desaparecían 2, 3 o más meses”.

Los alegatos continuarán este martes 15 frente a los jueces del Tribunal Oral N.º2, en Tribunales Federales.