Las diferencias entre el Gobierno nacional y los sindicatos están a la vista de todos, no solamente por la discusión paritaria de cada sector y la idea de una posible reforma laboral. Además, se le agrega un nuevo decreto que salió en el día de ayer, lunes 22 de enero. Según la Resolución 19-E/2018 del Boletín Oficial, se establecieron mayores controles sobre la cantidad de afiliados a las obras sociales que son beneficiarios del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA).

El oficialismo se dispone a eliminar, mediante este decreto, un fondo de unos 1000 millones de pesos anuales para las obras sociales sindicales. Este subsidio complementa la financiación de las obras sociales mediante la distribución automática de fondos para que no existan diferencias entre las prestadoras del sistema de salud.

La distribución de esos fondos se determina según el tamaño del gremio. El 20 % se divide en partes iguales entre las obras sociales con más de 5000 afiliados, mientras que el 80 % restante va en forma proporcional al número de afiliados. Con esto se garantiza que las obras sociales con menos de 5000 beneficiarios reciban un importe promedio.

Lo que cambia con esta nueva situación es que ahora deberán informar el total de afiliados del padrón para que el área de Informática de la Superintendencia de Servicios de Salud pueda remitir, el primer día hábil de cada mes, esta información al ente recaudador. Para ello, se extremarán los controles a los afiliados mayores de 70 años que continúan siendo asistidos por las obras sociales y no por el PAMI.

Según una versión periodística que retoma el diario Clarín, la decisión del Gobierno es eliminar el SUMA "en un corto plazo". Asimismo, afirman que “no se desfinanciarán las obras sociales” con el recorte del SUMA y se reiteró que se persigue “la optimización de los recursos”. Sin embargo, por otro lado, el oficialismo propuso que “se fusionen” las obras sociales más pequeñas, lo que implicaría una concentración de prestadoras.

Las obras sociales afectadas

No es casual que esta medida pueda afectar a Oschoca, obra social de los camioneros; a Osuthgra, obra social de los trabajadores hoteleros y gastronómicos; Ospes, la obra social de los trabajadores de estaciones de servicio, y Ospepri, obra social de los petroleros privados. Esto es porque los dirigentes de cada uno de estos sindicatos se enfrentaron la semana pasada al presidente Macri. 

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