En medio de la incertidumbre por el futuro de los servicios públicos, Andrés Koleda, profesor de Economía de los Servicios Públicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo, considera que lo más sano es caminar hacia la eliminación de los subsidios en las tarifas aunque entiende que el escenario para implementarlo será cada vez más complejo. Para el académico, los subsidios son “distorsivos” en cualquier esquema.

El fuerte componente de subsidio que tiene en Mendoza la tarifa eléctrica es malo por el lado de la demanda, dice el especialista, porque la gente no se mide en el consumo y así surge un fuerte derroche. Por el lado de la oferta también es perjudicial porque las empresas postergan las inversiones y ajustan los costos de personal, argumentando que la rentabilidad les baja y no cierra la ecuación.

Así hay mayor consumo y menor servicio, lo que inevitablemente llevará a tener problemas en el futuro. Si bien el académico se niega a pronosticar el período en que esto ocurrirá, considera que será en verano, cuando podrá impactar en cortes y disminuciones en la tensión.

Koleda recuerda que la tarifa eléctrica tiene tres componentes: el Costo de Abastecimiento, el Costo Propio de Distribución y los impuestos. El segundo es la ganancia de la empresa y es sobre este donde están apuntadas las dudas. Hace poco menos de un año, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (Epre) le encomendó a la Universidad Nacional de Cuyo que elaborara la tasa de rentabilidad de las empresas. El número dio entre el 9 y 9,5 por ciento. Con esa ganancia, la rentabilidad en la distribución eléctrica está garantizada.

El especialista recuerda que entre 1998 y 2001 fue cuando los servicios funcionaron sin tanta ayuda estatal. "Tanto las tarifas minoristas como mayoristas eran las que marcaba el mercado y por eso se regulaba solo, sin necesidad de tanto subsidio”, rememora. A partir de la crisis que se produjo ese año, el Estado comenzó a inyectar cada vez más fondos en el sistema y fue ahí cuando se inició el desbarajuste en todo el país.

Para Koleda, con un aumento del 25 por ciento en la tarifa eléctrica, o sea que a las empresas les suban el Valor Agregado de Distribución (VAD) el 50 por ciento, alcanzaría para eliminar los subsidios. Los incrementos deberían implementarse de manera escalonada y en un año. La idea es que para los sectores más vulnerables debería mejorarse o ampliarse el esquema de tarifa social, mientras que sobre los de mayores recursos habría que aplicar los aumentos.

Es que si el gobernador no recibe ayuda nacional se encontrará en una fuerte encrucijada, porque deberá inyectar más fondos en el Fondo Compensador de Tarifas (FCT) y esto deberá salir del ajustado presupuesto que intenta esquivar el déficit en su último año de gestión.

Transporte sin aumento

Si bien la audiencia pública que definiría el aumento del boleto de transporte público está convocada para el 27 de noviembre, el gobernador salió a negar esta semana que se tocaría el boleto. Por orden nacional o por razonamiento propio, Pérez ve un esquema inflacionario sobre el cual no es posible aplicar nuevos aumentos.

Koleda considera que con el transporte pasará algo similar a lo que ocurre con la energía. La única diferencia es que este último está fuertemente subsidiado por Nación, que paga un porcentaje del gasoil y de los sueldos.

“En el transporte también habrá disminuciones en las inversiones y el gobernador deberá inyectar más fondos al sistema si no retoca el boleto de colectivo”, consideró.

Para el académico, el mayor peligro sobre el boleto de transporte es que el componente subsidiado representa un valor demasiado alto de la tarifa y por esto si el Gobierno decidiera recortarlo se entraría en un problema imposible de resolver.

Los dos servicios están más subsidiados en Buenos Aires que en Mendoza. En aquella provincia algunas firmas están cobrando 40 pesos de factura eléctrica, pero el resultado es el colapso que se vive todos los veranos porque las distribuidoras, a las que no les dejan retocar las tarifas, no cumplen con los planes de inversiones.

Koleda remarca que las empresas de servicios públicos pueden ser sustentables y tener márgenes de ganancias aceptables como cualquier otra firma, pero en la práctica están demasiado reguladas por el Estado, lo que a veces distorsiona el esquema. Así cita casos como Aguas Mendocinas o Aerolíneas Argentinas, donde el Estado no dejaba retocar las tarifas y, cuando fueron reestatizadas, fue lo primero que se hizo. Además recuerda que, a pesar de los incrementos, no entraron en equilibrio financiero y siguen demandando fondos del Estado.

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