Sin temor a errar, la determinación de dejar caer 662 contratos de la Municipalidad de Las Heras fue el anticipo de lo que puede suceder, con sus respectivas características, en otras comunas y -en especial- con el Gobierno de Alfredo Cornejo.

Tres indicativos marcan este diagnóstico, donde se plantea la dicotomía entre gobernar y administrar. Aunque muchos entienden que ambas acciones son sinónimos, en la práctica no lo son, y se trata de un complejo circuito de relaciones humanas, sociales, empresariales e institucionales.

No es la intención hacer un tratado sobre el tópico pero sí es necesario repasar tres acontecimientos con distintas repercusiones públicas.

En Las Heras

Desde el miércoles 30 de diciembre, a la tarde, Las Heras se convirtió en un tironeo por la instalación de problema laboral suscitado por la decisión de no renovar los contratos de 662 empleados. Los telegramas enviados a los afectados confirmaron la determinación del intendente radical Daniel Orozco, quien a 19 días de haber asumido tomó la primera medida de alto impacto social y público. La reacción no se hizo esperar. Una hora después de conocido el decreto municipal que fijaba el listado de 662 empleados sin contrato se produjo el piquete para reclamar por las cesantías.

En ese escenario es que se notó una falta de previsión en la comunicación de la determinación, tanto para dentro como para afuera del municipio, tanto que los medios se enteraron por los voceros peronistas antes que por la comuna de donde había surgido la novedad.

La lectura mediática tardó por la búsqueda de la contraparte, es decir, el entorno del intendente. En tanto, también se posicionó el Sindicato de Municipales de Las Heras con vínculos peronistas.

Se consolidó, con el correr de las horas, que Orozco no renovó contratos, que buscará a los ñoquis entre los desvinculados y que los que tienen tareas asignadas y las cumplen entonces serán recontratados.

El municipio dio una respuesta por sus perfiles en Facebook y dejó trascender esa intención de dejar afuera a los que no pueden justificar tareas o duplican funciones con otro personal de la planta municipal.

Se desató entonces una avanzada en las redes sociales contra la medida, la cual incluyó imágenes dolientes de los afectados y de los telegramas de final de contrato, traducidos como ratificación de los despidos. La trascendencia de esa andanada desvirtuó el concepto de “restructuración” y se tradujo como una purga.

Ahora, hoy lunes 4 de enero, el mismo sindicato se encargó de revertir la tendencia pero mostrando una presunta marcha atrás de Orozco. De hecho en nombre del intendente convocaron a los 662 a concentrarse a las 6 en la comuna para ser reincorporados. Dicho de otro modo, otra vez se comunicó antes que desde el ámbito oficial.

Así lucía la calle frente al municipio esta mañana (Foto: Milagros Martín / Unidiversidad)

Otra vez el diario digital MDZ Online (impulsor de este tipo de medidas) rectificó lo planteado por el peronismo y el gremio con este título: Las Heras no dará un paso atrás con los contratos vencidos.

Resultó contradictorio el informe de Sitio Andino, que está cercano al peronismo. Lo publicado el mismo miércoles 30 bajo el título Orozco denuncia una superpoblación de estatales en Las Heras le da espacio al intendente, pero muestra una disonancia del funcionario.

“Orozco explicó que hay más de 2.900 empleados, entre contratados y de planta, e indicó que las cuentas del departamento están en rojo. No obstante, aclaró que buscarán a los ‘ñoquis’, quienes quedarán cesanteados, y aquellos que sí trabajen, se les renovarán los contratos. No obstante, este jueves vence el contrato de 662 empleados contratados. Con respecto al futuro de estos trabajadores, el Jefe Comunal indicó que ‘se les restituirá el contrato tal y como lo tienen actualmente’, aunque estudiarán cada situación particularmente, en búsqueda de las irregularidades. ‘El problema que tenemos es muy grande, seguimos encontrando desorden y caos administrativo de la gestión anterior y estamos en contra del gasto improductivo’, sostuvo el intendente, y agregó que seguirán en la tarea de administrar y ordenar el Estado”.

Finalmente Orozco se expresó desde su perfil de Facebook confirmando el operativo de revisión de los 662 contratos caídos:

En Guaymallén

La experiencia del lasherino Orozco deberá ser tomada como un banco de ensayo para su colega de Guaymallén, Marcelino Iglesias, quien tuvo su día de furia el jueves 31.

Esa jornada hubo otro piquete en la sede del Banco Nación y luego en la explanada del municipio, menos cuantioso que el de Las Heras pero en reclamo de salarios impagos, ya que por falta de fondos no se depositaron los haberes de diciembre. Es decir, Iglesias sólo logró pagar el aguinaldo y no pudo reunir el dinero para los sueldos.

En pos de avanzar en ese sentido, durante el fin de semana largo anunció que a partir de mañana, martes 5 de enero, comenzará con el pago con este cronograma: Categorías “A”, “B”, y “C”, de toda la plantilla; Categoría “D”, de las direcciones de Servicios Públicos, Obras Municipales y Espacios Verdes. “Esto significa que el 41 % de los empleados de la comuna percibirán sus haberes en la fecha indicada”, de acuerdo con el comunicado de prensa.

Iglesias reconoció ese faltante e inmediatamente recordó sus anuncios electorales cuando dijo que recibiría “un muerto”, además señaló haber detectado que los agitadores eran personas que responden al exintendente Luis Lobos.

Marcelino deberá medir la experiencia de Orozco porque él también tiene en carpeta a unos 600 empleados incorporados a la planta por un solo decreto de Lobos días antes de dejar la intendencia. 

Mientras tanto, aún se ve mucha basura acumulada en las calles de Guaymallén, en distritos populosos como San José, situación que se ha agravado con la tormenta ocurrida al amanecer de hoy.

Esta imagen hace que el crédito vecinal al nuevo intendente comience a gastarse con mayor celeridad dado que se esperaba una reacción municipal a la demanda del levantamiento de la basura.

Cornejo en doble versión: coparticipación y educación

Más allá de los anuncios periodísticos -con toques de golpe de efecto- que significara que 200 incorporados por Paco Pérez queden fuera del Estado Provincial, el Gobernador comenzó un camino de ida en busca de recuperar fondos coparticipables retenidos por el esquema centralizado, y por otro, de denuncias de recortes en el personal de apoyo educativo.

Lo destaca el sitio oficial de Prensa del Gobierno. El mandatario avanzó, a través del Asesor de Gobierno, en un pedido de un ámbito de “rediscusión de las pautas y forma en la que se realiza el reparto de los fondos coparticipables entre la Nación y las provincias”.

Alfredo Cornejo le pide a Mauricio Macri, de modo institucional, que la Nación le restituya recursos que le corresponde tomando como base el fallo de la Corte de la Nación a favor de las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Es importante destacar que la presentación se realizó el 30 de diciembre con el objetivo de que se disponga del cese de las detracciones y restitución de las sumas detraídas a la Provincia de Mendoza por aplicación del artículo 76 de la Ley N° 26.078, de los artículos 1°, inciso a), y 4° del Decreto N° 1.399/01, y demás normativa aplicable, cuya inconstitucionalidad fuera declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas de cinco provincias: CSJ 538/2009 (45-S)/CS1 “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, CSJ 191/2009 (45-S)/CS1 “San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos”, CSJ 786/2013 (49-C) /CS1 “Córdoba, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ medida cautelar”, CSJ 539/2009 (45-S) CS1 “Santa Fe c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” y CSJ 1039/2008 (44-S)/CS1 “San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional y otra s/ cobro de pesos”.

Al mismo tiempo, el mismo viernes 1º de enero de 2015, hubo un comunicado de prensa que anunciaba una definición del director General de Escuelas, Jaime Correas.

“Más de 1000 trabajadores se quedarán sin sus puestos de trabajo debido a la decisión de la Dirección General de Escuelas de terminar sus contratos el 31 de diciembre de 2015. Esto afectará a 200 escuelas y sus correspondientes comunidades que carecerán del acompañamiento pedagógico y sociocultural que tenían”.

Detalla el texto que se trata de los programas CAI (Centro de Actividades Infantiles) y CAJ (Centro de Actividades Juveniles) que funcionan en Mendoza “desde antes del año 2012”. Y que son parte de “una política educativa de inclusión sociocultural para acercar la escuela a la comunidad y la comunidad a la escuela”.

Anuncian, por esto, que adoptarán una manera de protestar pacífica y de modo ejemplificadora el martes 5 de enero en las adyacencias de la Casa de Gobierno, donde visibilizarán sus actividades para ganar el espacio público y pulsear con la DGE la discusión sobre una medida que no ha sido aún ratificada.