El abogado Daniel Igolnicov presentó este lunes un pedido de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó Mauricio Macri para modificar el régimen que regula a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), según publica ambito.com.

La norma establece que todo trabajador debe pasar por una "comisión médica" antes de iniciar cualquier juicio laboral, constituyendo una instancia previa "de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención". Esa comisión será la que determinará si un trabajador puede o no iniciar una acción judicial para conseguir una indemnización por enfermedad o incapacidad.

"Afecta mi derecho de trabajo, velada pero expresamente, al derogar la Ley 24635 que rige el Sistema de Conciliación Obligatoria (Seclo), que es mi medio fundamental de vida", sostuvo el letrado Igolnicov en su escrito.

Y agregó: "Quita la competencia del Seclo de todos los conflictos vinculados con la Ley de Riesgos de Trabajo que tengan como víctimas a todos los empleados registrados y asimismo, suprime la primera instancia de la Justicia laboral a su respecto".

Igolnicov, conocido públicamente por haber presentado un Habeas corpus en favor de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y por haber denunciado a Ángelo Calcarterra, primo del presidente Macri, por supuestos vínculos con el pago de coimas reconocidos por la empresa constructora brasileña Odebrecht, estima que con este decreto, los abogados laboralistas ven amenazado su trabajo que, calculan, podría disminuir a la mitad de los casos que atienden. "Excluye de la instancia previa obligatoria antes de la radicación de demanda laboral, a todos los trabajadores no registrados, quienes podrán recurrir directamente a la instancia judicial", señaló Igolnicov.

En ese marco, el experto detalló que al autorizar la vía judicial a los no registrados por encima del Seclo, "van a entrar las demandas por despido o cualquier otro derecho laboral vulnerado junto con el infortunio y ello creará un desconcierto tribunalicio, porque una misma realidad laboral tendrá dos vías diferentes que, en orden a la celeridad y economía procesal, solo complicará la solución".

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) coincidió. "Lejos de condecir con el supuesto objetivo de 'reducir la litigiosidad por accidentes laborales', no hará más que alargar los procesos", sostuvo la ONG en un comunicado de prensa.

En su escrito, Igolnicov también solicitó al máximo Tribunal que considere al DNU una cuestión que reporta "gravedad institucional" por afectar los derechos laborales de los abogados, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución. "Esta vulneración al derecho de trabajar no se circunscribe a los conciliadores, sino que abarca a la decena de miles de trabajadores que todos los años, siendo víctimas del incumplimiento de las normas laborales, consiguieron justa reparación por una vía legítima y eficaz y que se viene a derogar por 'una necesidad y urgencia' inventada abusivamente para encubrir la maniobra política de eludir el camino parlamentario", remarcó.

Se espera para esta semana y la próxima una lluvia de impugnaciones contra el DNU N.° 54/2017. Se estima que serán interpuestas ante la Justicia nacional del Trabajo, en pie de guerra con el Ejecutivo. Asociaciones de abogados estarán a la cabeza de los reclamos, cuya última escala será la Corte.

Desde el 1.º de febrero, apenas finalice la feria de enero, se plantearán medidas de no innovar para restarle validez a la decisión de Macri de no esperar a que el proyecto de ley, que cuenta con sanción inicial en el Senado, pase por Diputados. El régimen que estaba vigente delegaba en la Justicia las decisiones cuando ya estaba consolidada la incapacidad del trabajador, tanto para establecer el monto indemnizatorio como el grado de invalidez del trabajador. La polémica está centrada en que se dota a las Comisiones Médicas Jurisdiccionales de atribuciones asimilables a las de un juez, algo que también los magistrados rechazan.

Sin embargo, en el Gobierno nacional no se quedarían de brazos cruzados. La Casa Rosada tiene decidido impulsar la aprobación del proyecto de reforma al régimen de ART que ya cuenta con sanción inicial del Senado, a pesar de haberla reglamentado el lunes por decreto. Según aseguraron a la agencia oficial Télam dos altas fuentes del Ejecutivo, la idea es "respetar la decisión del Congreso en el Senado y que Diputados apruebe el proyecto" que viene de la Cámara alta, luego de un acuerdo del Gobierno con el PJ y sectores de la CGT. Saben que se aproxima una "avalancha de juicios laborales por la demora en la sanción".

\Este procedimiento es inconstitucional\