El Concejo Deliberante de Capital aprobó por unanimidad el proyecto de Ordenanza que otorga licencia laboral a las trabajadoras estatales víctimas de violencia de género sin la necesidad de denuncia policial, a la vez que se les garantizará la continuidad laboral.

La iniciativa, que fue presentada por la concejala del FIT Melisa Prado, establece nuevos mecanismos legales que tienden a flexibilizar los requisitos que pide la Ley 8806 del año 2015, la que ya establece un régimen de licencias y otros beneficios. En el caso de la norma para Capital no se exigirá la denuncia de la persona afectada ante la fuerza pública porque, como lo señaló Prado a Unidiversidad, se quiere evitar “exponer la persona afectada a una revictimización”.

Junto a esto, la nueva ordenanza contempla la creación de un equipo interdisciplinario de profesionales, quienes serán los receptores de las denuncias de las trabajadoras y los encargados de gestionar con la víctima, los plazos de las licencias y la contención a la persona agredida y a su familia. La concejala del FIT detalló también que con la normativa aprobada, las personas que lo requieran “podrán ser cambiadas de dependencia, tendrán acceso a la reducción de la jornada laboral y existirá la prohibición de despido por un lapso de tiempo que se determinará según el caso”.

Por su parte, Prado señaló que semanas atrás desde el Concejo Deliberante de Guaymallén se dio luz verde a una iniciativa similar a la de Capital, pero indicó que el objetivo es llegar a una ley provincial que contenga a todas las trabajadoras, tanto del sector público como el privado.

Este proyecto a nivel provincial es encarado por las legisladoras Noelia Barbeito, Cecilia Soria y Macarena Escudero, todas del FIT, el que será presentado en los próximos días.