El Gobierno provincial inició acciones legales contra participantes del banderazo del 9 de julio. Foto: InfoUco.

El gobierno mendocino, versión local de Juntos por el Cambio, inició acciones judiciales contra participantes del banderazo del 9 de julio. Puede discutirse sobre las causas políticas de esa decisión, pero en lo formal, se hizo lo que corresponde: sancionar a quienes violaron abiertamente la cuarentena en curso.

Dicha cuarentena está en fase más severa en Buenos Aires: sin embargo, el gobierno de Rodríguez Larreta no impidió ni judicializó la situación, muy probablemente por su coincidencia partidaria con algunos mentores de la misma. Y el gobierno nacional tampoco lo hizo, quizá por su ideario de no reprimir la protesta social.

  Es de  imaginar el escándalo mediático si desde el gobierno nacional se hubiera reprimido una marcha en Capital Federal, que resultaba obviamente violatoria de la cuarentena vigente, y que incluso la desafiaba en muchas de sus consignas. Escándalo que se hubiera lanzado sobre el gobierno peronista santafesino, si éste hubiera impedido el banderazo defensor de Vicentín: pero que curiosamente no se lanza sobre el gobierno mendocino, para así no enfrentar a un gobierno de la alianza macrista, a la vez que se oculta al país –desde Buenos Aires- que en realidad la protesta porteña debió haber sido dispersada o sancionada.

  Es que, si se supiera en Buenos Aires que en Mendoza se judicializó la protesta, sólo quedarían dos opciones para el periodismo hegemónico:

1. Decir que está mal judicializar, y por ello, mostrar a un gobierno de Cambiemos haciendo una acción contra la libertad (en términos de los manifestantes)
2. Decir que el gobierno de Mendoza hizo bien, con lo cual se mostraría que el gobierno nacional tenía derecho a sancionar a los manifestantes, y sin embargo no ha querido hacerlo. Cualquiera de las dos opciones, por cierto, deja malparados a esos periodistas que hacen de una especie de maledicencia pueril y permanente -siempre contra el mismo lado- su quehacer y su oficio.

  Es que, pasmosamente, los que protestan diciendo que no hay libertades, pueden hacerlo con toda libertad. Tienen el derecho de protesta, aunque no de hacerla en cuarentena. Tampoco hay licencia para golpear a periodistas de medios que no les son afines, en actos de vandalismo que algunos medios han pretendido torpemente justificar. Y, por cierto, olvidan que durante el macrismo las manifestaciones antigubernistas estaban siempre controladas policialmente, cuando no directamente reprimidas. O, como hemos visto en sitios más cercanos, se las multaba por ocupar la calle, o reprimía como ocurrió la semana pasada con los acampantes trabajadores municipales.

  Es decir: los que hablan de que no hay libertad, no otorgaron ni otorgan libertad a sus contendores políticos. Es que en su lenguaje –como dijera Fernando Iglesias- el actual gobierno es “de delincuentes”. Convertir al adversario político en (supuesto) delincuente, es el modo de liquidar toda argumentación, toda exigencia de modelo de país: simplemente se insulta al otro, y se lo priva así de todo derecho. “Chorra, vamos por vos”, había twitteado brutalmente Iglesias, usando ese lenguaje contra alguien que –con todas las condiciones políticas, mediáticas y judiciales en contra- no ha sido mostrada como culpable en ninguna causa judicial. Después de esa barbarie en el lenguaje, la calle se vuelve sitio para el insulto, la denostación y –bien se vio el 9 de julio- también la violencia física. Tildando de “chorro” al otro, parece que todo está permitido.

 El gobierno nacional no reprimió ni judicializó a los personeros del banderazo (si bien algún civil ha iniciado acción legal). Los mismos que actuaban ilegalmente atropellando la cuarentena, protestaban por supuesta “falta de libertad”: no reprimieron su manifestación ilegal, pero durante su gobierno sí se reprimió diversas manifestaciones, que eran legales en variados casos. Paradojas de estos autodenominados “libertarios”, que no respetan la libertad de los otros, y que creen tener libertad para burlar la ley.-