En las últimas horas de este domingo 3 de septiembre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó liberar a 30 de los 31 detenidos que causaron incidentes durante la marcha para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado en la Plaza de Mayo. El único hombre que quedó detenido continúa en esa situación por presentar un documento falso a la hora de declarar. La Policía está averiguando su identidad.

Las personas que estaban detenidas fueron trasladadas desde Comodoro Py hasta la Superintendencia de Investigaciones Federales de Villa Lugano. Ya en el lugar de la liberación, comenzaron a salir por grupos de cinco personas. Aproximadamente tardaron media hora en reencontrarse todos fuera de la sede federal. Sin embargo, los liberados aún estan acusados de intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad. 

El juez terminó por definir la libertad de los detenidos al finalizar las declaraciones. Los abogados Matías Aufieri, del Centro de Profesionales de Derechos Humanos, y María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), afirmaron que el funcionario se habría comprometido en un encuentro con ellos a actuar con rapidez y reclamaron este compromiso.

Según diario Perfil, Verdú sostuvo que el objetivo de las detenciones fue ocultar la provocación que se llevó adelante para desvirtuar la movilización por la aparición de Santiago: "Los 31 están mal detenidos, no tienen nada que ver con los incidentes, sino que sus detenciones se produjeron mucho tiempo después”, sostuvo la abogada a la agencia de noticias DyN. Finalmente agregó: “El juez ha tenido que reconocer que no tiene elementos para mantenerlos detenidos” y aseguró que tienen probadas las falsas detenciones.  

Qué dice el Código Penal 

El delito por intimidación pública puede tener una condena de dos a seis años, según el artículo 211 del Código Penal: "Será reprimido con prisión de dos a seis años el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos". El artículo además menciona que la pena puede ser de tres a diez años cuando se usen para tal fin explosivos, agresivos químicos o materiales similares.

Mientras tanto, las otras dos causas, atentado y resistencia contra la autoridad, se condenan con prisión de un mes a un año: "Será reprimido con prisión de un mes a un año el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones". La pena aumenta (6 meses a 2 años) cuando se trata de un grupo mayor de tres personas.   

Las acusaciones

Los 31 participantes de la marcha quedaron detenidos por quemar contenedores de basura, pintar las paredes, romper vidrios de locales comerciales y de edificios públicos y, por otro lado, agresiones con diferentes objetos hacia los efectivos policiales de la Ciudad de Buenos Aires. Según Infobae, fuentes policiales informaron que quince efectivos resultaron lesionados luego de la marcha, con fracturas de pie, traumatismos, contusiones, irritacion en los ojos e inhalación de diferentes sustancias. El caso más grave fue el de un oficial que presentó fractura de metatarso.