Para mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas del colectivo LGTTTBIQ+, el acceso a la justicia y la defensa de los derechos reconocidos están siempre obstaculizados. Este panorama es el que lleva a distintas abogadas a organizarse bajo el nombre de Líbera. “Con la intención de ampliar las posibilidades de acceso a la justicia, venimos trabajando juntas desde hace años y ahora hemos decidido organizarnos”, cuenta una de las fundadoras.

El objetivo fundamental es terminar con estereotipos, capacitar y compartir formaciones para que en las instituciones -la salud, la justicia, etc.- se dejen de reproducir estructuras desiguales y estigmatizantes. 

Cada una de las integrantes, además de trabajar en el ámbito profesional de la abogacía, tiene una trayectoria militante en diversos y variados espacios feministas. En diálogo con Unidiversidad, la abogada Florencia Alderisi relató: “Siempre nos encontrábamos en marchas y actividades. Veníamos poniendo el cuerpo en otras organizaciones y decidimos empezar a juntarnos”.

En contexto de pandemia, han trabajado con medidas de protección a mujeres en situación de violencia, prohibiciones de acercamiento y exclusiones del hogar de varones violentos, demandas de alimentos, garantía de interrupciones legales del embarazo, mujeres privadas de libertad en El Borbollón, etc. “Son cuestiones de todos los días, pero el confinamiento cristaliza más las situaciones de vulnerabilidad”, sostuvo la militante.

Suculentas: organizadas para terminar con los estereotipos en las cárceles

A casi un mes de la protesta y represión en la cárcel de mujeres de El Borbollón, dialogamos con dos integrantes del colectivo feminista, Emilia Muñiz y Lola Troncoso. Su campaña de donación y la situación de las mujeres que están presas.

“La abogacía feminista o feminismo jurídico es la interpretación que podemos hacer del derecho con esta perspectiva, desde la cual entendemos que la igualdad ante el derecho no ha existido para las mujeres históricamente. Ese principio constitucional no ha sido respetado”, explicó Alderisi. Sobran ejemplos de esta situación de desigualdad ante la ley: el sufragio, el régimen de patrimonio o bienes, el matrimonio, el divorcio, etc.

Sintieron la necesidad de juntarse para revelar que en el derecho también se reproduce el sistema patriarcal y desde los espacios feministas se puede organizar la resistencia. Todas ellas litigan y esto las pone en “una trinchera máxima, porque en la calle te encontrás con la fiscalía, que es superpatriarcal, con los jueces, que son superpatriarcales. Por eso surge la idea de organizarnos”, reveló la abogada militante.

“No estamos en una situación de igualdad de oportunidades básicamente por estereotipos que existen sobre nosotras, tanto mujeres como personas del colectivo LGTBIQ+, que terminan generando permanentes desigualdades y obstaculizaciones”, señaló Florencia Alderisi. La constitución misma de las leyes, como la Constitución Nacional y los Códigos, se basan en una concepción patriarcal de la familia o los bienes, en la que el padre es amo y señor de las cosas, pero también de las personas que integran su núcleo. Por esto, Alderisi sostiene: “Es fundamental la educación sexual integral para romper con todos esos mitos y estereotipos que también se reproducen en el derecho y en la jurisprudencia”.

El acceso a la Interrupción Legal del Embarazo

El lanzamiento particular en esta semana tiene que ver con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra cada 28 de mayo. La defensa del derecho humano fundamental a la salud integral, en el caso de las mujeres y personas con capacidad de gestar, está íntimamente relacionada con la garantía de los derechos sexuales y (no) reproductivos.

Trabajan codo a codo con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir para garantizar lo que antes se llamaba “aborto no punible”, como figura en el Código Penal de 1921, y ahora conocemos como ILE. Significa que hay causales por las cuales la interrupción del embarazo es legal: en caso de riesgo para la salud integral o vida de la persona embarazada, y en caso de que la gestación sea producto de una violación. 

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“Teniendo en cuenta las dificultades que existen en torno al acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Mendoza, y alertando sobre los posibles riesgos para la salud que implica su obstaculización, la organización se ocupa de asesorar y acompañar jurídicamente a quienes demanden la práctica de ILE y a quienes encuentren barreras o situaciones de violencia institucional en la exigencia de acceso”, difunde Líbera.

En Mendoza no hay adhesión a la Guía Nacional para abordar estos casos, pero existe un protocolo reservado. Desde Líbera lo están estudiando: “Nuestra idea es traccionar para que se asimile lo máximo posible al nacional, si no se va a adherir a ese. Lo que pasa es que el protocolo de Mendoza no es muy profundo, hay algunas cuestiones que no especifica y deja más al libre albedrío, y no puede ser que quede en manos de una persona la posibilidad de obstaculizar un derecho”, presionó Florencia Alderisi.

Además, la abogada remarcó que en el derecho siempre existen lo sustancial (el derecho en sí) y la forma: “El protocolo ayuda a que se haga de la mejor la forma, que sean buenas prácticas y se respete lo que hayan determinado la Organización Mundial de la Salud, los tratados y leyes sobre violencia obstétrica e institucional. No significa que sin protocolo la práctica no se tenga que hacer o se pueda obstaculizar”. 

En Argentina, de hecho, existe el Fallo F.A.L. de 2012, a través del cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación instó a no judicializar los abortos en casos legales y a crear protocolos de implementación “para la concreta atención de los abortos no punibles, a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

Le negaron el aborto legal a una nena de 12 años en Santiago del Estero

Autoridades médicas de la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N.° 3 de Villa Griselda, La Banda, en Santiago del Estero, le negaron la interrupción legal del embarazo (ILE) a una nena de 12 años que quedó embarazada luego de una violación.

La idea desde Líbera es elaborar y sistematizar recursos, amparos administrativos y otras herramientas jurídicas para sentar precedentes en la garantía de los abortos que actualmente son legales: “Sabemos que cuando sea ley la interrupción voluntaria del embarazo, que no falta tanto, vamos a tener que estar muy armadas con esas herramientas”. Por eso, la propuesta es no trabajar siempre a la defensiva, sino de manera activa, para evitar que los incumplimientos recaigan sobre los derechos y libertades de las personas gestantes. “Es factible denunciar por violencia institucional, por ejemplo, o falta en la responsabilidad de funcionario público, a médicos que violentaron institucionalmente a esa persona que no pudo acceder a su derecho de interrupción legal del embarazo. Denunciar un hecho delictivo para que esas personas que incumplen no piensen que pueden hacer siempre lo que quieren”, sostuvo Florencia Alderisi.

Entró en vigencia el protocolo de aborto no punible

El Ministerio de Salud oficializó este viernes el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, decisión que calificó como "un imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva".