El Senado provincial dio sanción final, al cierre del año, al proyecto que buscaba regular el uso de cannabis medicinal en la provincia. En este sentido, aunque se trata de un avance en la legislación, referentes de organizaciones sociales consideran que hay puntos que no se trataron. Autocultivo, participación del Estado y organizaciones sociales son los grises que dejó su aprobación.

“La reglamentación que modificó la ley nacional plantea el autocultivo, y esta nueva ley que se aprobó acá en Mendoza no habla de eso ni de cultivo solidario. Otra cosa que prevé la normativa nacional tiene que ver con los actores sociales que han venido trabajando y procesando cannabis medicinal, como Mamá Cultiva, por ejemplo. Es contradictoria porque, si la ley provincial se adhiriese a la nacional, sería al texto completo donde se hablaría de autocultivo, pero acá no sucede eso”, expresó Gustavo Granella, activista mendocino por la legalización de la marihuana y director de la Clínica de Cannabis Mendoza.

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La nueva reglamentación (Decreto 833/2020) de la Ley Nacional 27350 de Uso Medicinal del Cannabis, publicada en el Boletín Oficial en el mes de noviembre, no solo permite el autocultivo, sino también amplía su uso hacia otras enfermedades (ya que el texto original solo contemplaba el consumo de cannabis medicinal para quienes padecían epilepsia refractaria). A la vez, garantiza la provisión para pacientes, fomenta la investigación y autoriza la producción pública y privada de aceite y otros derivados.

“Pareciera que la nueva ley provincial se asemeja a la ley nacional de 2017, sin la última reglamentación. Un ejemplo de ley avanzada lo tiene Uruguay. Sería reglamentar el uso medicinal pero también recreacional para poder controlar el consumo de las personas, y de esta manera, eliminar el ‘narcomenudeo’, el mercado negro del cannabis. Hay estudios en Uruguay que ya demostraron que liberando la compra de cannabis recreacional se logró bajar este narcomenudeo, como le llama la policía”, detalló Granella.

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Aunque la ley nacional se encuentra bastante avanzada, el director de la Clínica del Cannabis destacó que existen demoras. “Desde los ministerios, todavía no hay formularios para llenar y ser parte del Club de Cultivo o para armarse como cooperativa, que es una de las opciones que plantea esa normativa”.

Contemplar las necesidades particulares

Durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores de la provincia, Florencia Canali, senadora por el Frente de Todos, subrayó la importancia del avance en la legislación para Mendoza, pero consideró necesario un proyecto integral que priorice la salud pública y no solo la rentabilidad. “En consonancia con la legislación nacional, es posible avanzar en una regulación del autocultivo, pero es un tema que no se ha tocado en esta legislación”.

“Cualquier legislación que apunte a regularizar la situación de las personas que consumen cannabis con fines medicinales es positiva, pero creo que se podría haber aprovechado para realizar una reforma mucho más integral, que tiene que ver con reclamos históricos por parte de quienes consumen y forman parte de organizaciones sociales. A nosotros nos parece que no contempla la participación del Estado, de modo tal que pueda generarse una producción pública de este medicamento. Tampoco se hace partícipes a las organizaciones ni a las familias”, expresó Canali.

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En este sentido, Gustavo Granella comentó que se encuentra en constante diálogo con padres y madres que necesitan cannabis para mejorar las patologías de sus hijos, y estas diferencias en las normativas les generan mayores dificultades para continuar cultivando.

“Acá hay muchos que ya están cultivando y uno de los planteos más comunes es que, si hay una ley nacional que difiere de una normativa provincial, van a trabajar bajo un amparo. A la mayoría no le sirve que una empresa privada le venda. El lanzamiento como empresa va a traer problemas por ese desfasaje”, explicó Granella.

Madres y padres que cultivan lo hacen por una razón específica: al rotar ellos mismos la variedad de la planta, evitan que genere acostumbramiento en sus hijos e hijas, lo que posibilita que el cannabis siga brindando los efectos que necesitan. Para Canali, las familias realizan estas tareas al borde de la ley, con el peligro de que se los criminalice por ello. “Si pudieran producir en sus casas de forma segura y ordenada, con registros y protección del Estado, estaría asegurado el derecho a la salud”.

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