El proyecto de ley, según reza el documento firmado en Buenos Aires, busca actualizar la norma vigente desde 1967 por un decreto-ley del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.

Según la información emanada desde la Casa Rosada, "la iniciativa busca otorgarle legitimidad democrática a la legislación de hidrocarburos y adecuarla a las nuevas oportunidades que se le presentan al país, como son el no convencional, el off shore y la recuperación terciaria".

La presidenta y los gobernadores de la OFEPHI alcanzaron un acuerdo para avanzar en la reforma que busca "el autoabastecimiento energético, sustituir importaciones, generar un importante ahorro de divisas y atraer mayores inversiones para aumentar la producción y generar más fuentes de trabajo". Pero además “se logró la redacción de un proyecto que contempla los intereses y derechos de todos los actores del sector”, aclararon luego de la reunión que finalizó a última hora del martes 16.

Entre los puntos destacados del texto acordado se establecen nuevos plazos de concesión: 35 años para no convencionales y 30 años para off shore. Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración.

“Las provincias y la Nación, cuando se trate de actividades off shore que excedan los límites de la jurisdicción provincial, mantendrán los derechos de otorgar los permisos y las concesiones, las prórrogas, aprobar las inversiones, fiscalizar y ejercer el control", dice el texto.

Establece también que no se afectarán los derechos adquiridos de los actuales concesionarios y/o de los contratos vigentes en cada una de las provincias. En las nuevas licitaciones se suprimen las reservas de áreas y las empresas provinciales podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión.

Fija un plazo de seis meses desde la sanción de las reformas para que la Secretaría de Energía de la Nación y autoridades provinciales acuerden un pliego modelo para aplicar en todas las jurisdicciones.

Asimismo, las provincias podrán prorrogar las concesiones hasta 10 años para quienes cumplan con las inversiones comprometidas. Por cada extensión, los Estados provinciales podrán incrementar el 3 por ciento las regalías, con un tope del 18 por ciento.

Las reformas otorgan rango legal al decreto 929/13, que rige para la promoción de inversión en explotación de hidrocarburos, y se amplía su alcance a proyectos de inversión superiores a los 250 millones de dólares. Las empresas aportarán, a su vez, a las provincias productoras, el 2,5 por ciento del monto inicial de inversión como RSE. El Estado nacional brindará financiamiento para obras de infraestructura.

El texto promoverá un régimen especial para importación de bienes de capital o insumos no producidos en el país, con el objetivo de generar mayor oferta y velocidad a la actividad.

Por último, las reformas incluirán que la Nación y las Provincias adopten mecanismos uniformes de legislación tributaria en actividades hidrocarburíferas y también una legislación ambiental uniforme.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza