El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) rechazó el proyecto de ley ómnibus enviado por el Gobierno al Congreso porque "pretende desactivar procedimientos clave y avanzar sobre medidas regresivas para los derechos humanos y la democracia", a la vez que advirtió que el Parlamento "tiene la responsabilidad de no convalidar" la propuesta.

"En solo tres semanas, entre el DNU 70/23 y la propuesta de ley, el Poder Ejecutivo presentó 1649 artículos que cambian toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal", expresó el organismo de derechos humanos en un comunicado que tituló "Sobre el proyecto de ley ómnibus".

El CELS advirtió que tras la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, el Gobierno nacional "volvió con una arremetida legislativa al enviar un proyecto con propuestas de reformas distribuidas en 664 artículos" y afirmó que "el Congreso tiene la responsabilidad de no convalidar esta propuesta".

Para el organismo, "el proyecto avanza en temas que exceden por mucho lo relacionado con la emergencia económica" y alertó que la medida no busca "sólo un cambio de régimen económico sino también de régimen político", al pretender "gobernar y legislar sin el Congreso".
"El primer punto del proyecto de ley llamado 'Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos' es el pedido del Poder Ejecutivo nacional al Congreso para que le delegue facultades legislativas extraordinarias en todos los aspectos de la vida económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años y prorrogable hasta el final de su mandato", abundó.

Además, señaló que la ley "duplica" el volumen de los 366 artículos que contenía el DNU y reclamó que "ambas medidas suponen una desprotección de las personas en los aspectos más básicos: la posibilidad de alimentarse, tener un lugar donde vivir, preservar su salud".

Según el CELS, esas cuestiones quedarán sometidas "a la lógica mercantil" y cuestionó que la propuesta de privatizar las empresas públicas "no dejan ninguna garantía de que el Estado ejercerá un control adecuado para asegurarse que, una vez en manos privadas, estas empresas prestarán un servicio público de calidad y de forma asequible".

Detalle de las propuestas

En el informe se detallan las propuestas, que según el equipo de profesionales del centro, implican serios problemas de acceso a los derechos humanos.

* Justificación de legítima defensa

El proyecto de ley en el Título IV, capítulo I propone una reforma penal amplía los supuestos y las causales para justificar la legítima defensa o el cumplimiento del deber de las fuerzas de seguridad.

“Esto por un lado ofrece seguridad jurídica a los integrantes de las fuerzas de seguridad que incurran en abusos o usos desproporcionados de la fuerza. Esta protección legal puede derivar en un incremento de los supuestos enfrentamientos y las ejecuciones extrajudiciales. Ahora, a contramano de la normativa internacional, las policías y fuerzas de seguridad en lugar de tener una responsabilidad agravada por portar un arma de fuego tendrán una inmunidad especial”.

El comunicado expresa que este tipo de reforma penal “no impacta en la reducción del delito, pero sí en el aumento de la violencia”.

Además, detalla que las víctimas de violencia institucional y sus familiares pierdan sus derechos a demandar justicia, reparación o sanción, si se presume que la persona asesinada estaba cometiendo un delito.

* Protesta social como delito

“Como ocurre en los regímenes totalitarios, la protesta social deja de ser entendida como parte de la vida democrática, y pasa a ser un delito contra el orden público al que el Estado responde con un abordaje penal y sancionatorio. El proyecto no tiene referencias a la protección de derechos de quienes se manifiestan. Por el contrario, lo que busca es imponer múltiples restricciones que amplían la posibilidad de criminalizar manifestantes, referentes y organizaciones”.

El proyecto prevé aumentar las penas y sino también crear la figura del organizador, a la que se le puede atribuir responsabilidades y sanciones, sentando bases legales para la persecución política.

Otro cambio es que define como manifestación pública a la reunión de más de tres personas en el espacio público, lo que haría que estas nuevas restricciones y delitos puedan ser aplicados a un sinfín de reuniones y encuentros, supervisados por la policía, "en una suerte de estado de sitio permanente sin que haya sido declarado".  La propuesta también refuerza figuras penales como las de “atentado y resistencia a la autoridad”, utilizadas en la actualidad para detener a personas de manera arbitraria. Con los agravantes del proyecto, ahora podrían quedar detenidas,

El proyecto de ley ómnibus se debate en Diputados. En el centro, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Foto: Eliana Obregón / Télam.

* Ambiente: desprotección de bienes comunes

Entre las propuestas se modifica la llamada Ley del Fuego, para habilitar la realización de incendios de territorios/inmuebles con fines productivos. Luego de 30 días sin respuesta de la autoridad, quien solicita se encuentra autorizado “tácitamente” a iniciar una quema.

El comunicado detalla que los bosques nativos “quedarían desprotegidos” ya que el texto contempla la aprobación de proyectos de desmonte (superada la instancia de consulta ciudadana). La ley actual establece tres categorías de conservación según la función y la importancia ambiental social. La primera corresponde a bosques de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. La segunda corresponde a sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar sometidos a usos como el aprovechamiento sostenible, el turismo, la recolección y la investigación científica. La tercera categoría corresponde a sectores de bajo valor de conservación y pueden transformarse parcial o totalmente, pero respetando criterios que indica la ley. Hoy, para las dos primeras categorías, el desmonte está prohibido.

Finalmente, el proyecto de ley propone modificar la Ley de Glaciares para habilitar la explotación de los periglaciares. “Esta reforma beneficiaría exclusivamente a la minería extractivista, en detrimento de la protección del agua. Esta modificación es una concesión a una demanda histórica de las empresas mineras”, detalla.

“A lo largo del proyecto de ley el destino de los bosques, los glaciares, los minerales quedan sujetos a la lógica de la maximización de la rentabilidad y la ganancia de empresas privadas. No está presente el criterio de bienes comunes a proteger, ni se tiene en consideración la crisis climática”.

* Desregulación económica, política y fiscal

En cuanto a la política fiscal, el comunicado detalla que el proyecto propone elimina la fórmula de movilidad jubilatoria y deja las actualizaciones a criterio del Ejecutivo, por lo que los montos que cobren podrán ser la variable de ajuste de los desequilibrios de la macroeconomía. También propone transferir el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses al Tesoro Nacional. Según el comunicado, de aprobarse esta medida "los aportes jubilatorios quedarán a total disposición del Ministerio de Economía y podrían ser ofrecidos, por ejemplo, como garantía para acreedores externos".

Además, la iniciativa elimina la obligación de contar con la aprobación del Congreso para nuevos endeudamientos de cierta magnitud. Esta ley fue aprobada casi por unanimidad en febrero de 2021 para fortalecer el control parlamentario. Se buscó prevenir lo sucedido en 2018, cuando el entonces gobierno nacional tomó la mayor deuda jamás otorgada por el Fondo Monetario Internacional, en tiempo récord y de manera totalmente opaca.

“De aprobarse esta propuesta, el Poder Ejecutivo puede volver a tomar deuda comprometiendo a generaciones futuras sin ningún tipo de control democrático”.

Por último, dice el comunicado, el proyecto propone modificaciones al régimen del cobro sobre bienes personales. Además de crear un régimen de pago adelantado con beneficios para quienes se adhieran, propone una disminución progresiva de las alícuotas. “La medida está orientada a las escalas más altas del pago de bienes personales, es decir que beneficia específicamente a quienes poseen mayor patrimonio, dentro del universo de personas que paga este impuesto. La decisión de bajar la presión tributaria sobre el patrimonio equivale a una transferencia de dinero de toda la población hacia los sectores más ricos”.

* Salud mental

El proyecto retrotrae la Ley Nacional de Salud Mental, al paradigma del pleno encierro, un modelo “obsoleto en todo el mundo”. “De avanzar, restringiría aún más el derecho a la toma de decisiones de usuarios y usuarias de servicios de salud mental y aumentaría las potestades de intervención sin consentimiento”, subraya el comunicado,

* Violencia de género

El proyecto modifica la Ley Micaela y reduce el tema de las capacitaciones a la violencia familiar y sólo estarán destinadas a autoridades estatales “competentes”, no todas las personas que componen la función pública de los tres poderes del Estado. Reemplaza la noción de “violencia de género” por “violencia familiar” e invisibiliza las violencias contra las personas LGTBIQ+.

“Dejar de hablar de violencia de género implica desconocer que se trata de un tipo de violencia arraigada en relaciones desiguales de poder en razón del género de las personas, que excede el ámbito intrafamiliar y privado. La modificación propuesta desconoce las obligaciones que tiene el Estado de prevenirlas y sancionarlas”.

El trabajo concluye: “Esta propuesta busca desactivar uno de los procedimientos fundamentales de la democracia para avanzar sobre medidas regresivas en materia de derechos humanos y para la vida democrática. El Congreso tiene la responsabilidad política de no convalidarla”.