Ley del piedemonte: desde ahora existirá una única ventanilla para aprobar proyectos
Así lo aseguró Nadia Rapali, de la Agencia de Ordenamiento Territorial. Dijo que se unificó un piso de criterios que deben respetar las comunas. El papel central de Hidráulica.
La ley prevé que todos los proyectos sean evaluados por la Unidad Interjurisdiccional. Foto: Unidiversidad
De múltiples normas y decretos a una sola, de múltiples ventanillas para presentar proyectos a una sola: ahí radica el cambio sustancial de la ley que regula las actividades en la precordillera y el piedemonte del área metropolitana. Así lo aseguró la vocal por el Ejecutivo en la Agencia de Ordenamiento Territorial, Nadia Rapali, quien explicó que lo norma unifica criterios mínimos a respetar, en un área en la que durante años se construyó sobre cauces, sin acceso a servicios básicos y con destrucción de la flora autóctona, todos aspectos que hoy sufren algunas de las 10 mil familias que habitan esa zona.
Orden fue la palabra que utilizó Rapali para explicar la importancia de la ley, que se aprobó el 7 de septiembre de 2022. Dijo que la norma define reglas claras respecto de lo que se puede hacer y lo que no, en qué zonas, así como la responsabilidad de cada uno de los actores que conforman la Unidad Intejurisdiccional Piedemonte (UIP), que será la única ventanilla para aprobar proyectos.
La geógrafa destacó la relevancia que tendrá a partir de ahora la Dirección de Hidráulica, ya que el dictamen favorable de ese organismo será determinante para cualquier proyecto. Subrayó que la zona es clave para la defensa aluvional del área metropolitana y, además, si el emprendimiento se levanta sobre un cauce o sin las defensas necesarias, los pobladores estarán en riesgo.
¿Por qué impulsar una ley específica para el área, cuando ya existen otras en relación al medio ambiente y al ordenamiento territorial? Rapali respondió que era necesario contar con un instrumento específico para esta unidad ambiental que comparten Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján de Cuyo, que determine en forma clara qué zonas se pueden urbanizar, en cuáles se pueden asentar proyectos turísticos y cuáles es necesario preservar.
Freno a las construcciones
En febrero de 2019, el ex gobernador Alfredo Cornejo decretó la emergencia ambiental en el piedemonte del área metropolitana y suspendió por un año todo pedido de autorización para construir en esa zona. El fundamento fue que durante años se construyó en forma desordenada, que en muchos casos se vendieron condominios sin las autorizaciones en regla, sin servicios y sin realizar obras indispensables de contención aluvional.
En ese momento, Cornejo tomó la decisión en base a un estudio que realizó el Instituto Nacional del Agua (INA), que detalló que a los largo de los 1244 km2 del piedemonte vivían 10 mil familias, y que de continuar el avance urbano al ritmo de los últimos años, el impacto sobre ese territorio y aguas abajo se multiplicaría entre 2 y 7 veces, entre otros aspectos porque el agua corre a mayor velocidad.
Representantes de las comunas y de los organismos oficiales implicados en la temática comenzaron a trabajar en el proyecto de ley, que luego de dos años de análisis se aprobó el 7 de septiembre en la Legislatura.
Ordenar hacia adentro y hacia afuera
Rapali explicó que contar con esta ley posibilitará al Estado ordenar hacia adentro y hacia afuera, es decir plantear reglas claras tanto para quienes deben evaluar un proyecto en base a consideraciones técnicas, como así también para los privados que pretendan realizar una inversión inmobiliaria o un emprendimiento turístico.
A partir de ahora -explicó la geógrafa- no importa si un proyecto ingresa por una comuna o por otro organismo, porque todo lo relacionado con el piedemonte se evaluará en la Unidad Interjurisdicional, integrada por representantes de la Agencia de Ordenamiento Territorial, las comunas de Las Heras, Luján, Ciudad y Godoy Cruz. Hidráulica y el Departamento General de Irrigación. Además, deberán aportar dictámenes las empresas de servicios públicos y las comunas de Guaymallén, Maipú y Lavalle, porque si bien no forman parte del área, todo lo que se decida impactará aguas abajo.
Una vez que el proyecto obtenga el visto bueno de la Unidad, pasará a la Dirección de Castro, última etapa de la evaluación.
Proceso de regularización
La ley también establece un proceso de regularización para emprendimiento que se construyeron en la zona y no cumplieron con todos los requisitos y que fueron emplazados. En esta situación se encuentran muchos barrios, especialmente en la franja que corresponde a Luján de Cuyo y Las Heras.
Rapali explicó que las situaciones a regularizar son disímiles, ya que algunos barrios se construyeron sin ningún tipo de aprobación, mientras otros iniciaron los trámites, pero deben ajustarse a la legislación. Dentro del primer grupo -comentó- hay situaciones de mucha complejidad porque existen barrios construidos sobre cauces, lo que pone en serio riesgo a los pobladores, y en muchos casos no cuentan con servicios básicos, como agua.
La geógrafa dijo que las situaciones más complicadas se centran en Luján de Cuyo y Las Heras, donde las comunas analizaron la gravedad de las mismas y las posibles soluciones. En cuanto a los habitantes, explicó que muchos conformaron uniones vecinales con el objetivo de avanzar en la regularización, mientras otros no mostraron interés en regularizar, aun cuando ya fueron multados.
La profesional subrayó la importancia de evitar estas situaciones a futuro. Para lograr ese objetivo consideró esencial tanto el marco normativo vigente, como que las personas se informen antes de adquirir un terreno en la zona y comprendan las especiales características de un lugar con gran importancia ambiental y para la defensa aluvional del área metropolitana y que no cuenta con servicios básicos, como el agua.
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