Durante largo tiempo organizaciones de derechos humanos,  asociaciones de familiares de pacientes y usuarios de servicios de salud mental, lucharon por una legislación que fuese capaz de provocar un cambio de paradigma en el área.  Finalmente, el 25 de noviembre pasado fue aprobada e inmediatamente promulgada la nueva Ley de Salud Mental, catalogada por sus impulsores como una “norma de avanzada”. En contraposición, desde asociaciones profesionales aseguran que la anhelada  transformación permanecería aun “trunca” por tratarse de una “ley inaplicable”.

En su letra, la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, puesta en vigencia a partir del 5 de noviembre de 2010, plantea puntos que permiten concebir a la enfermedad mental desde su integralidad y promueve medidas tendientes a la inclusión social de quienes padecen este tipo de flagelos.  Entre ellas la creación de nuevas modalidades de atención alternativas a la internación y la ampliación de la misma hacia los hospitales generales. Según establece, la intención es dejar atrás las viejas prácticas manicomiales que atentan contra la dignidad de los pacientes. También propone la optimización del trabajo interdisciplinario basado en una verdadera rehabilitación psicosocial de la persona que padece una enfermedad psiquiátrica.

Sin embargo, profesionales del campo de la salud mental entienden que los cometidos de la norma son difíciles de concretar debido a fallas presentes en el texto,  que si bien fueron advertidas durante la discusión parlamentaria, no se tomaron en cuenta por los legisladores que avalaron la sanción de la misma.

En esta línea, el psicoanalista y psiquiatra Emilio Vaschetto, a quien NU Digital consultó sobre el tema, sostiene que la ley está conformada sólo por una “suma de buenas voluntades” que no alcanzan para “revertir la realidad crítica que presenta el área de la salud mental en el país”.

El profesional invita abrir un debate más profundo en torno a esta temática íntimamente vinculada con los derechos humanos de las personas que sufren alguna enfermedad mental o cuentan con un ser querido atravesando esta situación. Un tema que atañe a toda la población, y no sólo a aquellos relacionados directamente con la problemática, en el sentido de que este tipo de padecimientos -  por lo general -  emergen del contexto social que todos habitamos y que todos contribuimos a forjar.

Las falencias

Emilio Vaschetto, presidente del capítulo de Epistemología e Historia de la Psiquiatría en la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), cuenta  que al momento de la discusión parlamentaria la ley en cuestión no fue sometida a una discusión más sustanciosa que incluyera “a todos los actores involucrados en la cadena de la salud mental como política de salud pública”.

Para el profesional, esta sería una de las causas que imposibilitaría la plena concreción de lo estipulado por la norma, ya que APSA expuso ciertos puntos claves para revisar dentro del articulado que no fueron apreciados por los legisladores.

Frente a la crítica situación que presenta la salud mental a nivel nacional, a la que ha favorecido en gran parte la falta sistemática de recursos y el mal uso de los pocos con los que se cuenta, desde las entidades que nuclean  a psiquiatras y profesionales del área no sólo se cuestiona a la nueva norma, sino que además se trabajan propuestas destinadas a superar dichas fallas.

Entre las falencias halladas en la legislación que detalló Vaschetto, en representación de APSA, se encuentran: problemas conceptuales, la idea de desmanicomialización mal planteada, escasas explicaciones sobres los modos de aplicación en las provincias y la  inconsistencia en cuanto al planteamiento del trabajo interdisciplinario.

Sufrimiento mental vs. enfermedad mental. El profesional explicó que uno de los puntos que se encuentran en la mira de la APSA  es la noción de “sufrimiento mental” que propone la ley. Según Vascehetto, el concepto así planteado excluye la dimensión psicopatológica de la enfermedad y no define positivamente lo que es un enfermo mental, ya que  “sufrimiento mental puede tener cualquiera: una persona que esté en situación de calle, una persona que está en un duelo, alguien que sufre psicosis”, expresó.

Denunció que esta inespecificidad conceptual provoca “un caldo de cultivo para cualquier tipo de medicalización de, justamente, el sufrimiento mental. Cuando no se trata verdaderamente  de una enfermedad mental”. Por lo tanto,  remarcó que es “fundamental” que en una ley de salud mental se defina positivamente “qué es enfermedad mental”. Y agregó:  “este ítem es algo básico, pues el concepto  tiene que ver nada más y nada menos con la población a la que estará destinada la aplicación de la norma”.

¿Desmanicomialización?  El otro artículo polémico que presente en la legislación es el que propone sustituir a los neuropsiquiátricos por servicios terapéuticos alternativos. De esta manera,  los pacientes que padecen trastornos mentales pasarían a ser atendidos en los hospitales generales.

Según reza la ley, esta medida responde a la necesidad de dar fin a las viejas prácticas manicomiales que vulneran los derechos humanos de los pacientes. Por eso se promueve la atención de la enfermedad ya no en lugares de encierro, sino en centros de salud y casas de medio camino, entre otras alternativas.

A su vez, la internación es concebida “como un recurso terapéutico a utilizarse sólo en situaciones excepcionales y en hospitales generales”. Bajo este espíritu se desalienta las internaciones indefinidas y se prohíbe la creación de nuevas instituciones psiquiátricas con características asilares.

Al respecto, Vaschetto sostiene que lo planteado sería ideal si existiesen formas concretas de cómo llevarlo a la práctica, lo que en definitiva la norma tampoco explica.

“¿Quién podría estar a esta altura a favor del manicomio? Sucede que lo que se propone es una vertiente desintitucionalizante y deshospitalizante que no es más que una suma de buenas voluntades sin decir cómo se va a aplicar”, cuestiona el profesional.

Por otro lado, la complejidad del asunto de la desmanicomialización requiere de un debate verdaderamente amplio, pues en el país existieron algunos intentos que no dieron los resultados esperados. En este sentido el psiquiatra recomendó ahondar la discusión que, por lo que se evidencia, no está agotada. “Cuesta pensar que vaya a haber locura sin institución”, advirtió.

NU Digital interrogó al médico sobre una alternativa a este punto del articulado y  Vaschetto dio cuenta de que desde APSA se propone generar dispositivos de interacción monovalente de agudos con un giro cama rápida sobre la base de instituciones dignas. Esto sin dejar de tener en claro que muchos de los casos de enfermedades agudas podrían resolverse rápidamente sin pasar a un manicomio.

La aplicación en las provincias. La ley establece que a partir del momento de la reglamentación, Salud Mental  deberá recibir en tres años al menos un 10% del presupuesto de Salud. Empero,  las asociaciones de profesionales que tienden un manto de dudas sobre la norma,  consideran que no existe el compromiso financiero de llevarla  adelante en el interior del país. Aún más, aseguran que las provincias ni siquiera fueron consultadas durante el tratamiento del proyecto.

A este cuestionamiento, Vaschetto le agrega que a la legislación también le falta adaptarse a los contextos diferenciados que presenta cada provincia, pues muchas presentan una legislación propia.

Para el psiquiatra,  con la sanción de la misma se perdió “una oportunidad excepcional de hacer una ley que contemple a nivel nacional las diferentes particularidades que tienen las provincias”.  Por consiguiente, también se “desaprovechó” la chance de generar  “un movimiento realmente novedoso en la salud de la población, que hasta el momento no hay”.

Interdisciplina sin intromisión. En consideración de APSA la ley también sería inconsistente en un punto esencial en el plano de la salud mental como es el de la  “interdisciplina”. Según explicó Vaschetto, tal como está definido ese concepto en el texto de la legislación, se promueve más un trabajo “multidisplinar” que “interdisciplinar”.

Los equipos de trabajo interdisciplinarios –integrado por psicólogos, psiquiatras, enfermeros, terapistas ocupacionales y asistentes sociales– deben ser concebidos “como una sumatoria de saberes que trabaja de manera integrada en pos de una efectiva rehabilitación psicosocial del paciente”.  Sin embargo, los profesionales que critican la norma sostienen que de la manera en que está planteado este punto “se deja abierta la puerta a la intromisión en la competencia de cada profesión”. 
Es que la creación del  equipo interdisciplinario que impulsa la ley, responsabiliza al grupo de la atención e internación de los pacientes con trastornos mentales;  y desde las entidades que nuclean a psiquiatras argumentan que “es el médico quien debe internar o medicar a un enfermo, ya que sobre él recae la responsabilidad civil y penal”.

Críticas para sanar

Luego de exponer los principales focos de disonancia entre las asociaciones profesionales y la ley, Emilio Vaschetto reafirmó su posición frente a la norma. En este sentido, destacó las intenciones de la misma pero recalcó la necesidad de recursos, debate y planificación para poder concretarla. “Es una norma que nació del universo de las ideas, que por más  buenas y loables que sean no son suficientes para iniciar el esperado cambio”, concluyó.

Las palabras del médico evidencian lo  mucho que resta por hacer en torno a un tema que no debe concebirse fuera del resguardo a los derechos humanos y del contexto social.  Asimismo es de valorar que  más haya de los desencuentros,  las posturas de críticos y defensores de la ley de Saud Mental ponen por primera vez un halo de luz a esta problemática, históricamente invisibilizada. El debate se ha iniciado.