Ley de Perros Peligrosos: por qué sigue sin reglamentarse en Mendoza
Fue sancionada en 2006 y publicada en el Boletín Oficial en 2007, pero, casi 17 años después, continúa sin aplicarse. Sin embargo, veterinarios, veterinarias, abogados ambientalistas y proteccionistas afirman que es una ley mal redactada, desfasada y poco práctica. Profesionales abogan por más educación animal en la sociedad.
Por qué la Ley de Perros Peligrosos sigue sin reglamentarse en Mendoza
Los ataques a personas por parte de los denominados PPP o “perros potencialmente peligrosos”, cuando ocurren, suelen ocupar la primera plana de los titulares de diarios y portales del país y Mendoza. Los casos llegan a ser incontables y, luego del hecho, varias preguntas quedan flotando en el aire: ¿qué sucede con los perros que atacan a las personas? ¿Qué dice la legislación mendocina? ¿A dónde van a parar los canes con antecedentes violentos? ¿Existen de verdad razas de perro potencialmente peligrosas?
En la provincia existe la Ley 7633 sobre “Régimen jurídico de la tenencia de animales peligrosos”. La norma, que se encuentra vigente desde 2006, establece que el dueño o la dueña del animal debe tener un seguro de responsabilidad civil que esté registrado en la municipalidad y trasladar al perro con collar, correa y bozal. También exige tener medidas de seguridad en sus domicilios. Sin embargo, y pese a su publicación en el Boletín Oficial en 2007, la ley aún sigue sin ser reglamentada.
“Esta ley fue aprobada en diciembre de 2006 y publicada en enero de 2007, y no me explico cuál es el motivo, luego de casi 17 años, por el que no ha sido reglamentada. Lo más triste de todo es que en el medio hubo miles de ataques. La ley está, hay muchos pedidos, pasaron cuatro gobiernos, pero seguimos sin una explicación. Incluso, en su tiempo, el legislador Armando Camerucci y otros legisladores realizaron varios pedidos de informe para que esta ley se reglamentara, pero no hubo respuesta alguna, a tal punto que llegué a pelearme con varios compañeros para que se diera aplicación a la ley. La corrupción mata, las drogas matan y también lo hace la desidia del Gobierno al no reglamentar esta ley”, expresó a Unidiversidad Alejandro Volpe, exlegislador y autor de la norma.
Mastín napolitano, en la lista de perros peligrosos
Según Volpe, si la ley estuviera reglamentada, permitiría generar prevención y regulación para que los ataques de los PPP no se produzcan y para que los dueños respondan por los actos de sus mascotas. “Lo que yo quiero hacerle entender a este Gobierno o al que viene es que esto va más allá de una cuestión política o partidaria, es una situación que debe tratarse porque hoy puede ocurrir un hecho, mañana otro, y no hay una ley que te diga qué hacer pese a que está sancionada. Las ordenanzas sirven de cierto modo, pero una ley es mucho mejor. De estar reglamentada y pertinente, permitiría generar prevención, que el ataque no se produzca y que el dueño cumpla por los actos de su mascota. Con esto no quiero decir que nunca más habrá un ataque, pero, indiscutiblemente, disminuirían”, detalló.
Al no haber reglametación, hoy en Mendoza el poder de policía lo tienen los municipios, que, si bien tienen normativas propias, no tienen poder de control. "Por darte un ejemplo, si una persona es atacada y le inicia juicio al Estado por no tener esta ley reglamentada, seguro gana ese juicio. Lo paradójico de todo esto es que Buenos Aires, en 2010, tomó de ejemplo nuestra ley como modelo para implementar la suya”, agregó Volpe.
Doberman
Una ley que continúa en la mira de los proteccionistas
Pese a los años transcurridos sin reglamentación de la ley, hoy el texto de la norma sigue siendo cuestionado por abogados ambientalistas, veterinarios, veterinarias y proteccionistas.
“Valiéndose de otras leyes en el mundo, a nuestros políticos no se les ocurrió otra cosa que inventar la 7633, que es una ley aberrante. En un principio, eran ocho razas incluidas (mastín napolitano, doberman, pitbull, terrier, dogo argentino, rottweiler, presa canario, akita inu); luego sumaron cuatro más. Las metieron en una categoría elaborada con base en la potencialidad de su mandíbula, la musculatura, talla y temperamento. Según los mentores de esta ley perversa y sin preguntar a expertos, eran razas genéticamente agresivas, capaces de causar la muerte o lesiones graves a las personas u otros animales. Muchas fueron erradicadas porque entendían que muchos PPP no eran peligrosos y no dependían de la raza”, expresó a Unidiversidad el abogado ambientalista y referente de la Asociación Reencuentro por la Vida Animal (Asoreva) Oscar Mellado.
“Nosotros, como representantes de la asociación que va en contra de cualquier maltrato animal, no podemos asentir como positivo que haya una ley que lleva casi 17 años sin una regulación. De hecho, nos parece bien que no se reglamente ¿Por qué? Porque es una ley que desde sus entrañas está mal confeccionada, mal redactada. Desde Asoreva, vemos a los animales y mascotas como seres sintientes, sujetos de derecho, y esta ley no habla nada de eso. Si uno se fija, hasta su mismo nombre lo dice: 'tenencia de animales peligrosos', y nosotros no concebimos a nuestros amigos de cuatro patas como objetos, como animales peligrosos, sino como dije anteriormente, es decir, como animales de derecho y sintientes”, remarcó el abogado.
Pitbull bull y Bull terrier
En sintonía, el veterinario Juan Pablo López afirmó que no todas las razas señaladas en la ley y en las ordenanzas municipales se encuentran en el país. Tampoco se condicen las condiciones físicas, porque hay perros de menor tamaño que podrían ocasionar heridas de gravedad.
“Quienes han hecho esta normativa no tienen idea de lo que es un perro. Simplemente han metido doce razas de perros que ellos mismos han creído que son perros potencialmente peligrosos y han dejado afuera a otras más sin tener un porqué. Además, he escuchado en varias ocasiones decir que son perros genéticamente peligrosos. Y no, no hay estudio o base genética para decir que los PPP son peligrosos”, detalló.
El perro que es peligroso lo es por mala educación y no por genética, indicó López. "Toda la crianza de un perro pasa por la educación. La educación es todo. Hoy, en la provincia, hay demasiados criaderos clandestinos, crianzas irresponsables, agresivas, y me animo a decir torturadoras, que dan pie a los PPP. Son las personas las que se dedican a destrozar la vida de estos tipos de razas, y lo peor es que no hay una ley que controle, los políticos siempre han mirado para otro lado. En manos de gente buena, no hay perro malo”, aseguró.
En este sentido, la jefa de Saneamiento Ambiental y Zoonosis del departamento de Guaymallén, Cintia Ventura, entiende que la ley no ha sido reglamentada porque tiene varios puntos que merecen ser modificados.
“Tiene varios puntos innecesarios o que no se identifican con las razas que hay en la provincia. Por ejemplo, la ley hace hincapié en que todo perro de la provincia debe ser identificado con un collar rasado, amarillo y rojo, dependiendo de su agresividad, contextura y mordida, pero resulta que acá no hacen esos collares. Está visto que no podemos exigirle al dueño del animal que tenga este collar si no lo va a conseguir. Otro punto es la lista de PPP. En ella se habla de razas que no están en la provincia: el presa canario es una. Creo que han agarrado una ley de otro país y la han querido incorporar a Mendoza sin darle una lectura fina a lo que dice. Reglamentar algo así sería un desastre”, remarcó.
Unidiversidad intentó dialogar con autoridades pertinentes de la provincia sobre la falta de reglamentación de esta ley, pero no tuvo respuesta alguna.
Dogo argentino
Qué se hace con el perro que mordió y cómo denunciar a los dueños descuidados
El Código Contravencional que tiene vigencia en la provincia de Mendoza establece que los perros deben circular por la calle con correa y bozal en caso de ser necesario, todo depende de que representen un peligro para la sociedad.
Al respecto, Volpe indicó qué se debe hacer para denunciar a perros peligrosos. "Primero, si es una situación de urgencia, si pasa algo de violencia inmediata, hay que llamar al 911. Sacando eso, uno puede ir a la comisaría y decirle a la policía lo que está ocurriendo para que intervenga".
En lo que se refiere a la denuncia, subrayó el exsenador, hay que ir a la comisaría o a los juzgados contravencionales y de Paz. “Ahí se expresa la situación: si es un perro peligroso que sale a la calle o asoma el hocico por la reja, si sus dueños dejan salir al perro para que haga sus necesidades o lo dejan deambular solo. Estos actos están punidos en el Código Contravencional. También si lo llevan de paseo sin un bozal o medida de seguridad, tal como lo estipulan las ordenanzas de los municipios", dijo.
"En el caso de que el perro ande suelto, deben tomar intervención los municipios y llevárselo hasta que aparezca el dueño. Si el dueño no lo reconoce, dice que se le escapó y que no sabía, o no denunció en tiempo perentorio la escapatoria del perro, ahí hay una figura contravencional, pero, si nadie aparece como dueño del perro, lamentablemente no va a haber a quién imputar. El municipio o ambiente deben tomar al perro y llevárselo hasta que aparezca el titular", agregó.
Rottweiler
“En el caso de que ande deambulando por un barrio y se sepa quién es el dueño, se hace la denuncia en la policía, haciendo el procedimiento con intervención del juzgado contravencional. Se busca al titular acusado como dueño para preguntarle si el perro es de él, y si lo niega, se hace una encuesta ambiental, preguntando si los vecinos saben de quién es el perro. Así se resuelven estos temas de falta de altruismo", selló.
Por su parte, Guajardo explicó que, en el caso de que un perro haya mordido, se basan en la Ley Antirrábica provincial 3588 y la Ordenanza 3636, que adhiere a esta ley y también habla sobre la conservación antirrábica de los perros mordedores.
“Al animal que ha mordido se lo lleva a observación a un lugar con caniles durante 10 días para ver si hay signos o síntomas de rabia. En caso de que haya muerto, se le saca la cabeza y se la envía a zoonosis para su estudio y ver si hay o no positividad de rabia en el cerebro del perro. Si el análisis diera positivo, la persona que fue mordida tendría que hacerse la vacunación antirrábica”, agregó.
Previo a un ataque, el veterinario dijo que no hay casi leyes que hablen sobre el tema. “Lo que hay que tratar es de tener a los perros dentro del domicilio para evitar que muerdan a la gente”, agregó.
Presa canario
Qué dicen las ordenanzas de los municipios
Godoy Cruz fue uno de los departamentos pioneros y lleva adelante desde 2010 un programa de Tenencia responsable de mascotas, que se desprende de la Ordenanza Municipal N.º 5832/10, en la cual hay un apartado específico respecto de los perros peligrosos.
Allí se estipula que los perros mayores de tres meses, sean peligrosos o no, deben inscribirse obligatoriamente en el Registro de Canes del Municipio, donde se les asignará un número de identificación que acredita los datos de su propietario.
El registro se realiza en los centros de atención unificada (CAU); se adquiere un formulario cuyos dígitos se convierten en el número identificatorio del animal y da lugar a la confección de una tarjeta obligatoria con los datos del canino y de su dueño. Esta puede ser requerida por los inspectores municipales. En el collar de las mascotas, es de utilidad poner el número de registro, nombre y teléfono o dirección del dueño o la dueña.
En el caso de perros potencialmente peligrosos, además de ser registrados, deberán ser identificados con microchips. La ordenanza obliga al propietario o propietaria a exhibir un cartel en su residencia que previene a los vecinos sobre el perro peligroso,que es entregado por el municipio.
El costo del registro (que incluye el kit para perros potencialmente peligrosos) es de 4000 pesos. Lo recaudado se usa a favor del animal y de la comunidad a través del Programa de Tenencia responsable.
Más allá de estas medidas que deben implementar los dueños y las dueñas, las personas del vecindario que sean atacadas por perros deben realizar la denuncia pertinente para que los inspectores municipales constaten el ataque.
En Guaymallén la situación es muy similar. A través de su ordenanza 9449/2022, detalla en su artículo 2 que los dueños de animales peligrosos deben realizar un Registro Obligatorio de manera gratuita. Además del registro, desde el municipio lanzaron la colocación del chip subcutáneo para el padrón de perros peligrosos, que tiene un valor de 250 UTM (unos 4700 pesos).
Akita inu
“En la comuna tenemos un registro donde los propietarios de los animales de ciertas razas tienen que inscribirlos. Estos tienen que estar identificados con un chip. Para su colocación, los vecinos se tienen que acercar al área de zoonosis con los datos de sus mascotas para incorporarles el sistema de identificación electrónica o chip. En caso de que el dueño no cuente con los recursos económicos, se realizará una evaluación socioeconómica y habitacional del perro para determinar si el municipio o él se hacen cargo de la colocación y registro del chip”, explicó Ventura.
Además, destacó que la mayoría de las denuncias que se tienen en fiscalía corresponden a mordidas de perros que tienen dueño o dueña. “Nosotros lo que hacemos es identificar al dueño del animal que mordió para tomar las medidas, como el control antirrábico. Para estos perros que están judicializados, estamos emplazando a su dueño para que, en un plazo de 30 días, les coloquen el chip y los escriban en el registro”, afirmó la veterinaria.
Capital, por su parte, tiene un Código Contravencional que establece que los dueños o las dueñas de este tipo de mascotas deben adoptar diversas medidas de prevención: instalaciones seguras y resistentes que impidan la huida o la posibilidad de sacar hocicos o garras. El bozal también debe usarse en espacios privados comunes.
Sanciones
La sanción en Guaymallén que prevé el nuevo código es una multa de 5700 pesos en adelante, además del secuestro de estos animales para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes. En Godoy Cruz, la multa por no tener al perro con chip ni vacunación contra la rabia va de los 3000 a los 6000 pesos, según la gravedad del incidente o si no cumple los requisitos señalados anteriormente.
En Capital también depende del tipo de infracción que cometa el dueño o la dueña, o la lesión en la que incurra el animal. En ese caso, las infracciones leves van de los 1400 a 5600 pesos. En tanto, para las faltas graves, es de 5600 a 14.000 pesos, y las muy graves van de 14.000 a 42.000 pesos.
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