“No nos vamos a poder adaptar”, advirtieron. La Ley de Movilidad no solamente provocó reparos de taxistas por otorgar el aval legal a las plataformas electrónicas, ni su discusión se limitó a los nuevos recorridos del sistema de transporte público, Mendotran. También afectará la actividad del sector del transporte escolar, que muchas personas utilizan todos los días para que sus hijos e hijas lleguen a los colegios, escuelas de verano o centros de recreación.

La declaración es de Jorge Bono, el presidente de la Cámara de Propietarios de Transportes Escolares de Mendoza (Caprotem). La nueva normativa les exige, tal como lo hace a todas las ramas del transporte público y privado, que sus vehículos tengan un máximo de 10 años de antigüedad. También les suma la obligatoriedad de cumplir con normas de higiene y seguridad adecuadas para niños, sistemas de desinfección y cupos de capacidad, además de una serie de trámites administrativos y reglamentarios.

Si bien el requisito de la antigüedad comenzará a regir a partir de 2022, el presidente de la Cámara apuntó que, con los vaivenes del dólar (cuando se presentó el proyecto, la cotización estaba alrededor de los $ 25 y hoy supera los $ 37), el valor de cada unidad llega hasta los $ 2 millones. “Es imposible”, señaló Bono.

Caprotem nuclea 270 vehículos. La gran mayoría son modelos datados de los años 2003 al 2011, por lo que una importante cantidad de ellos deberá ser renovada para adecuarse a los lineamientos de la Ley de Movilidad.

Bono se quejó de que la ley salió sin consensuar y “sin ningún tipo de miramiento hacia el sector (…) No somos empresas, somos familias. Eso agudiza todavía más la difícil situación por la que atravesamos".

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Los trabajadores nucleados en la Cámara de Propietarios de Transportes Escolares de Mendoza aseguran que las modificaciones que se quieren hacer para sus vehículos perjudican su trabajo y economía.

El transporte clandestino y los precios

Según afirmó el referente del sector, un efecto del endurecimiento de la normativa que regula el servicio de combis escolares sería uno que va directamente en contra de su espíritu. “Claramente, esto va a favorecer el incremento del transporte clandestino”, pronosticó.

“Nosotros siempre hemos acatado todas las normativas, así que no hemos tenido multas a lo largo del año”, destacó el dirigente.

Recién a finales de febrero se conocerá el aumento que tendrá el servicio de transporte escolar. Bono se negó a adelantar algún porcentaje, pero subrayó: “La inflación está cambiando mes a mes”, lo que hace pensar que, junto con los requisitos que establece la Ley de Movilidad, que obligan a invertir, se viene un incremento importante en el precio para aquellos que usen este sistema para trasladar a los niños a la escuela.

Con el fin de afrontar los costos, el referente de Caprotem informó: “Se están haciendo negociaciones con el Fondo para la Transformación y el Crecimiento para ver qué posibilidades hay de que nos den algún préstamo, pero todavía no hay nada fijo”.