La ley de medios en plena vigencia

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y se había mantenido vigente desde entonces.

El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina fue aprobado por esta cámara luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, adquiriendo de esta manera la media sanción. En la Cámara de Senadores de la Nación fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra.

Lo que propone la Ley Nº 26.522

La nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales declara a la actividad mediática como de “interés público”, condición que se contrapone a la de "servicio público” siendo que el Estado no sería dueño de la explotación sino la entidad que regule esa explotación. Por ello, a partir de esta nueva ley, las licencias no se licitan sino que van a concurso; no hay pago de por medio.

Con la creación de la ley, nacieron una gran cantidad de nuevos órganos que vienen a reemplazar las funciones del COMFER pero también a crear espacios relacionados a la creación estatal de contenido y demás.

Se da lugar, de esta manera, a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).Tiene como función ser la “autoridad de aplicación” de la ley, es decir ser el organismo que se hace cargo de la aplicación diaria de lo estipulado por la ley, más concretamente: (a) pensar los criterios y aprobar los pliegos para las adjudicaciones; (b) hacer cumplir las normas administrativas de la ley incluyendo la declaración de caducidad de licencias; (c) establecer los criterios para los concursos de adjudicación de licencias; (d) responder a los requerimientos de los otros órganos definidos en la ley.

Se crea, también, el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (CFSCA). Su función, además de designar dos representantes para la AFSCA y otros dos para Radio y Televisión Argentina S.E.,  tienen a la posibilidad de remover a cualquiera de los miembros de AFSCA; elegir el jurado que otorga las licencias en los concursos; participar en la designación de los criterios para adjudicar licencias; dar un informe detallado tanto frente a la AFSCA como a la comisión bicameral del congreso; entre otras.

Así mismo se crea el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, el Defensor Nacional del Público, Radio y Televisión Argentina S.E. (controlará los medios audiovisulaes nacionales de propiedad estatal) y el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos.

Desde la promulgación de la ley, tres de los principales grupos -Clarín, Ick y Vila- mantenían con amparos la suspensión del artículo 161 de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El artículo 161 estableció un plazo de un año para que los dueños de los medios se adecúen a los nuevos topes de licencias: diez de Televisión Abierta, tres señales audiovisuales en una misma área y veinticuatro empresas de cable. “La 161 es esencial para garantizar condiciones de igualdad”, asegura Luis Lozano, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires. La pregunta surge de inmediato: ¿qué sucede con las más de 260 licencias -según estimaciones de la Afsca- que maneja el Grupo Clarín? Son parte de la batalla judicial que comenzó ni bien se promulgó la Ley.

En una entrevista con Debate, el ex titular del Afsca, Gabriel Mariotto, reconoció que “los sectores monopólicos han activado los resortes que tienen en los jueces de primera instancia y han podido parar, con cautelares, la aplicación de ese aspecto”, pero afirmó que espera un fallo favorable de la Corte Suprema.

Ese fallo ya es una realidad. Según un comunicado del Centro de Información Judicial, por decisión unánime, firmada por Lorenzetti, Highton, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni, el Tribunal dispuso mantener la cautelar que había suspendido la aplicación del artículo 161 de la ley 26522, con el plazo de treinta y seis meses que había dispuesto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Pero  contados a partir de la fecha del dictado de la medida, con lo cual esta deja de estar vigente el  7 de diciembre de 2012.

La Corte advirtió que, habiendo vencido el plazo del art. 161 de la ley 26.522 el día 28 de diciembre de 2011, por efecto de la finalización de la cautelar, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26522 con respecto a la actora.

La Corte recordó que las medidas cautelares son resoluciones jurisdiccionales precarias, no definitivas. Y señaló que cuando las cautelares se hacen ordinarias y sustituyen a la sentencia definitiva, se crea un derecho precario, lo que constituye una lesión al objetivo de afianzar la Justicia señalado en el Preámbulo de la Constitución Nacional.

Lo que veremos en este dossier es las repercusiones de la ley a más de dos años de su promulgación. Los logros que se pueden vislumbrar hoy en día, el impacto en la población y en los/as comunicadores/as y los puntos pocos claro que demandan una pronta resolución. Hablan aquí hacedores de la comunicación comunitaria, popular y alternativa, Eliana Ortubia integrante de Gira Mundo TV; Bettina Martino, directora de la carrera de Comunicación Social de UNCuyo; y Matías Quinteros, responsable del Polo Audiovisual Tecnológico Región Cuyo.