A pesar del fuerte rechazo del arco opositor, el Frente para la Victoria tiene garantizada la aprobación de la Ley de Hidrocarburos en el Senado con al menos 39 votos, entre propios y aliados tradicionales, en la sesión que se llevará a cabo el próximo miércoles. Así lo asegura el portal especializado en noticias legislativas Parlamentario.com.

En la Cámara alta, el bloque kirchnerista cuenta con 32 miembros propios y siete aliados tradicionales, que lo acompañan en todas las votaciones. Con esos votos, al oficialismo le bastaría para aprobar el proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

En la vereda de enfrente, la oposición no cuenta con el número suficiente para rechazar la propuesta, aunque ya se expresaron en contra la UCR, el interbloque FAP-UNEN-CC-ARI, el PRO y el Peronismo Federal durante el plenario de comisiones de esta semana.

En ese marco, los senadores opositores insistieron en que existe un avance de la Nación sobre las provincias petroleras, que verían afectadas las regalías que perciben por la actividad y que, sostienen, fueron “presionadas” para acordar el proyecto con el Ejecutivo.

Además, advierten que esas provincias verán recortadas sus facultades para negociar sus áreas hidrocarburíferas y que la Nación busca alzarse con la recaudación de la renegociación de los contratos de los yacimientos concesionados.

Asimismo, senadoras como la puntana Liliana Negre (Peronismo Federal) reclamaron hacer partícipes de las ganancias a las provincias no petroleras, mientras que la rionegrina Magdalena Odarda (CC-ARI) alertó sobre las consecuencias ambientales por habilitar el “fracking”. 

El gremialista petrolero y presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Guillermo Pereyra (MPN) también adelantó su rechazo al sostener que “este es un proyecto que los gobernadores firmaron bajo fuerte presión”.

El senador explicó que no había acompañado el dictamen de mayoría en comisión porque el oficialismo se negó a realizarle cambios al proyecto: proponía garantizar a las provincias como autoridades de aplicación y tomar como referencia el valor internacional del crudo para el cálculo de las regalías, entre otros aspectos. Su par del MPN Lucila Crexell, en tanto, definirá su voto la semana que viene.

El proyecto obtuvo dictamen favorable este miércoles en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y de Minería, Energía y Combustibles, donde fue defendido por funcionarios del Ejecutivo y gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

El objetivo que el Gobierno se propuso con la actualización de la ley petrolera actual fue atraer nuevas inversiones para explotar el potencial no convencional del país y así poder subsanar los gastos en importación de combustibles por lo no producido.

Entre otros aspectos, el proyecto establece nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación.

La nueva norma habilitaría 25 años para los yacimientos convencionales, 35 años para los no convencionales y 30 años para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones.

Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración. Estas no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares, en todos los casos.

Para adjudicar las concesiones, el texto establece un mecanismo de licitación competitiva, de modo de otorgarlas a las empresas que ofrezcan la mayor inversión.

Para las nuevas licitaciones, en tanto, el proyecto suprime las reservas de áreas, mientras que las empresas provinciales “podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión”.

También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un "pliego modelo" a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.

El proyecto establece que el concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente el 12 por ciento en concepto de regalía.

Por cada prórroga otorgada, las provincias podrán incrementar en el 3 por ciento las regalías, pero con un tope del 18 por ciento.