De manera unánime –203 votos–, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles 4 la denominada “Ley Brisa”, que crea un régimen de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio, equivalente a un haber jubilatorio mínimo. El proyecto adoptó el nombre a partir del caso de Brisa Barrionuevo, una niña que vive en Moreno junto a sus hermanos gemelos, Elías y Tobías. Su madre, Daiana Barrionuevo, fue asesinada a golpes el 20 de diciembre de 2015 y su cadáver, arrojado a un río dentro de una bolsa.

“Hoy estamos dando una respuesta política e institucional a la situación de profundo desamparo en que se hallan las hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio, un crimen que pone de manifiesto el rostro más extremo de la violencia de género”, puntualizó la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Alejandra Martínez. La radical sostuvo: “En Argentina, la violencia de género se cobra una vida cada 30 horas, pero además de estas mujeres asesinadas por sus maridos o parejas, aparecen las víctimas colaterales, que son los hijos que se quedan sin su madre”.

Por su parte, la diputada Cristina Álvarez Rodríguez (FpV-PJ) aportó: “Estamos legislando para una niña que tuvo una tragedia enorme, pero que refleja el drama de muchos niños y niñas atravesados por el femicidio”. “Como no queremos ni una menos, creemos en el poder de las niñas que hoy actuó en esta Cámara: el de una niña que esperaba un órgano que no llegó a recibir, pero quiso hacer una campaña; y un caso como el de Brisa, que sin comprender la totalidad del problema, nos ayuda a entender a los adultos los cambios que tenemos que dar como sociedad”, dijo Álvarez Rodríguez.

El proyecto, impulsado originalmente por el exsenador Jaime Linares y la organización Casa del Encuentro, había sido avalado en la Cámara Alta el 31 de mayo del año pasado, y este miércoles se incorporó al temario de la sesión por acuerdo de todos los bloques, a pesar de que no estaba completado el trámite en comisiones.

La asignación económica se otorgará de forma mensual a los hijos hasta los 21 años y a las personas con discapacidad sin límite de edad, a partir del momento en que se haya cometido el delito, aunque haya sido cometido antes de la sanción de la ley. El beneficio será compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), con el régimen de Asignaciones Familiares, con las pensiones de las que los hijos sean beneficiarios, con el régimen de alimentos que perciban por parte de su progenitor, o con cualquier otra prestación de la cual sean destinatarios.

En el artículo 9, se establece que los menores de 21 “tienen derecho a que el Estado nacional les asigne una cobertura integral de salud, la cual debe cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica”.