Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra Humanidad determinó que en Argentina se dictó sentencia en 226 causas por delitos de lesa humanidad, y que sólo 12%  corresponde a delitos sexuales identificados de forma autónoma. En ese sentido, Mendoza fue pionera en juzgar estas vejaciones fuera de la lógica jurídica tradicional, es decir responsabilizando a las autoridades de la estructura de poder que montó el aparato represivo.

El querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Pablo Salinas, subrayó que las decisiones que tomó la Justicia Federal a lo largo de los ocho juicios que sustanciaron en Mendoza fueron clave para avanzar en el juzgamiento de la violencia sexual como delito autónomo, e independiente de que  la víctima -en muchas ocasiones- no pudiera identificar a quien la sometió a vejaciones.

El profesor de la UNCUYO destacó la importancia del fallo que firmaron en  noviembre de 2011 los integrantes de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, ya que consideró que superaron la lógica  patriarcal del derecho, al considerar a las vejaciones como un delito autónomo y al señalar la responsabilidad de las máximas autoridades de la estructura de poder montada por la dictadura.

Delitos de lesa humanidad: 915 condenas desde 2006

De ese total, solamente 94 personas fueron señaladas como responsables de delitos de violencia sexual. Hoy, hay sentencia en 226 causas.

El foco en la violencia sexual

Salinas hizo hincapié en la relevancia del informe que elaboró la Procuraduría, no sólo porque describe la situación actual de las causas de lesa humanidad en todo el país a junio de 2019, sino porque pone el acento en el juzgamiento de la violencia sexual como una entidad autónoma. Dijo que durante mucho tiempo este delito fue incluido dentro de las torturas que sufrieron los detenidos ilegales.

De acuerdo al estudio oficial, en el país se tramitan 591 causas de lesa humanidad y a junio de 2019 se dictó sentencia en 226, de las cuales sólo en 12% se identificó a los delitos sexuales de forma autónoma. De ese porcentaje,  51% fueron por abuso deshonesto o sexual, 46% por violación y el 3% restante por aborto inducido.

El trabajo también detalló que de las 915 personas que fueron condenadas por delitos de lesa humanidad, sólo 94  fueron señalas específicamente  por violencia sexual, que sufrieron 96 víctimas.

Rosa, la testigo clave

Rosa Gómez es una de las víctimas de la Megacausa. Pasó nueve meses en el D2 donde sufrió torturas y violaciones. Hoy se conocerá la sentencia contra 28 acusados, entre ellos cuatro exjueces federales.

Un fallo pionero

El fallo de 2011 de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza fue el fundamento con el que se dictó el procesamiento de Luciano Benjamín Menéndez, Juan Agustín Oyarzabal, Eduardo Smaha y Armando Osvaldo Fernández, por entender que fueron penalmente responsables del delito de violencia sexual, en concurso real y en calidad de autores mediatos, en sus respectivas cadenas de mandos.

Ese fallo fue clave básicamente porque se alejó de la lógica del delito “de mano propia” con que se juzgaba la violencia sexual ejercida contra las mujeres detenidas ilegalmente en los centros clandestinos. Es decir, que si bien las víctimas en muchos casos no podían reconocer a sus agresores, se señaló como responsables a las máximas autoridades del aparato de poder montado por la dictadura.

Un abrazo que esperó 40 años

La condena a 25 de los 28 acusados por delitos de lesa humanidad fue una reparación histórica para las 170 víctimas y sus familiares que sufrieron tormentos y a las que por años nadie escuchó.

En ese fallo se imputó entre otros al represor Menéndez (que murió en febrero de 2018) por “autoría mediata” de las delitos sexuales, es decir por ser responsable del aparato organizado de poder que permitió las vejaciones contra las víctimas Silvia Ontiveros, Olga Zárate y Stella Maris Ferrón.

Otro de los aspectos medulares de ese fallo fue que los magistrados considerar a la violencia sexual como delito autónomo y de lesa humanidad, al asegurar que no podían incluirse dentro de las torturas generales que sufrían las víctimas en los centros clandestinos, ya que los ataques sexuales formaban parte del plan sistemático represivo.

El símbolo de la vida

Beigel, querellante en el VI Juicio por Delitos de Lesa Humanidad, contó la historia de las secuestradas en el Casino de Suboficiales. Allí llegó en un moisés Mariano, toda una razón para vivir.

“Se puede afirmar que los ataques sexuales fueron parte del plan sistemático represivo. No se trataba pues de hechos aislados, dependientes de la voluntad del captor, sino como parte de una metodología establecida verticalmente, como cualquier otro ataque, ya sea tortura, vejaciones, etc. Todas estas, en aras de cumplir con la finalidad reeducativa y disciplinaria sobre la población, pretendida por los detentadores momentáneos del poder. Se trata en fin, de actos diferenciados tendientes a doblegar la voluntad de la persona considerada “enemigo” -en este caso generalmente mujeres-, quebrar anímica, psicológica y moralmente al adversario, a su vez como sanción ejemplificativa para el resto”, dice el escrito.

La Cámara también determinó que los delitos relacionados con violencia sexual afectaron especialmente a las mujeres. “Las principales víctimas de violaciones fueron mujeres, a las que se les infringió otros tipos de violencia sexual. Así, por ejemplo la desnudez forzada, y violencias que tienen que ver con particularidades biológicas de la mujer como su carácter de gestante: embarazos forzados y abortos forzados”, se lee en el escrito.

Lesa humanidad: comenzó el juicio contra el personal de inteligencia

Es el noveno proceso que se inicia en Mendoza. En la primera audiencia, el tribunal identificó a los 20 acusados, que pertenecieron a la Policía, al Ejército y a la Fuerza Aérea.

Noveno juicio

Actualmente en Mendoza se realiza el noveno juicio por delitos de lesa humanidad, cuyas audiencias se retomarán luego de la feria judicial.

En este proceso se juzga 20 acusados que formaron parte de los servicio de inteligencia de la Policía de Mendoza, del Ejército y de la Fuerza Aérea.

Cuando se reinicie el proceso, los integrantes del Tribunal Federal Oral N.° 1,  Alberto Carelli, Alejandro Waldo Piña y Héctor Cortez, continuarán con la lectura de las acusaciones contra los veinte imputados en la causa.