"Queda comprobado que a Paco Urondo lo asesinó una patota militar-policial" dijo a la prensa Pablo Salinas, abogado del grupo querellante en los juicios orales que se realizan en esta capital desde noviembre ante el Tribunal Oral 1 de la justicia federal contra una decena de ex militares y policías, jueces y fiscales, acusados y procesados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Salinas, miembro local del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, precisó que "el médico forense Roberto Edmundo Bringer declaró ayer bajo juramento ante los jueces del Tribunal Federal 1 que ese día (17 de junio de 1976) estaba de guardia en el Cuerpo Médico Forense" de la capital mendocina.

El cadáver del poeta, periodista y militante de Montoneros "ingresó como NN a la morgue provincial trasladado desde el D-2 (centro policial clandestino de torturas y desapariciones) por el ex oficial-ayudante Alfredo Gómez y acompañaba al cuerpo una nota de un médico policial que decía que la causa probable de muerte era una herida de arma de fuego y aconsejaba realizarle una autopsia", declaró Bringer.

El forense solicitó entonces varias radiografías y realizó su tarea concluyendo en que "no había heridas de bala ni esquirlas ni orificios de entrada y salida de proyectiles" aunque sí encontró "un traumatismo encéfalocraneano con pérdida de masa encefálica, con hundimiento de cráneo, con escoriaciones en el mentón y la nariz y hematomas en diversos sectores del cuerpo".

"Bringer aseguró al tribunal que no se encontraron rastros de ingestión de cianuro o veneno parecido" y que la herida mortal en la cabeza "fue producida con la cacha de un arma", informó Salinas.

Ayer declaró también el ex oficial Gómez quien certificó que fue él quien traslado el cadáver de Francisco Urondo "desde el D-2 al Cuerpo Médico Forense" después de que el militante fuera apresado en un operativo de personal militar-policial vestidos de civil en el distrito de Dorrego, Guaymallén.

Urondo concurrió a esa localidad para contactarse con otro militante en un auto acompañado por su mujer Alicia Raboy, su hija Angela y su contacto en Mendoza, René Ahualli.

Los juicios orales que se realizan en esta capital seguirán hasta la semana que viene con declaraciones testimoniales presentadas por la parte querellante y luego el tribunal que preside Antonio Macías entrará en feria judicial (receso invernal) hasta fines de julio.

"Los alegatos y descargos se realizarán durante agosto y se espera que a fines de ese mes se produzcan las correspondientes sentencias", concluyó Salinas.

En otro orden, se conoció hoy que integrantes del Banco Nacional de Datos Genéticos realizaron extracción de sangre y muestras para determinar el ADN a dos jóvenes mendocinos que podrían ser hijos de padres desaparecidos y apropiados por la dictadura, tarea que continuará en esta capital la semana próxima.