Mendoza es por tercera vez escenario del juzgamiento a responsables de crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Las futuras condenas a los genocidas que están siendo imputados no son los móviles exclusivos de estos  históricos procesos.  El fin último es avanzar de manera definitiva sobre la reconstrucción de la verdad. La fidelidad por parte de los represores “al pacto de silencio” sellado desde hace 35 años ha dificultado el camino hacia la verdad, la memoria y la justicia; pero claro está que no lo ha imposibilitado.

El jueves 2 de agosto se dio inicio a este tercer juicio oral y público que se realiza  contra una decena de ex policías y militares acusados de comandar el horror dictatorial en la ciudad mendocina. Por decisión del Tribunal Oral Federal Nº 1 y a disgusto de los organismos de derechos humanos, los imputados permanecerán en libertad hasta el día en que se dicten las sentencias. La querella había pedido en la primera audiencia la prisión preventiva para los acusados.

Esa jornada - tal como sucede con la apertura de cada proceso en contra del perdón y el olvido que se lleva a cabo en el país – fue celebrada por militantes de derechos humanos, sobrevivientes, familiares  y compañeros de las víctimas.  Cientos de ellos se convocaron especialmente en las escalinatas de Tribunales Federales para darle la bienvenida a un nuevo proceso que llega tras 35 años de impunidad.

“Nunca perderemos la fuerza para seguir buscando la verdad. Queremos saber dónde están los cuerpos y dónde están nuestros hermanos”, exclamó en ese marco Horacio Pietragalla Corti, quien viajó especialmente a la provincia para brindar su apoyo a los mendocinos “ante el histórico logro como es un nuevo juicio por la verdad”.

Se trata del hijo de desaparecidos y nieto recuperado cuya identidad fue restituida en 2003 gracias a la búsqueda incesante de las Abuelas de Plaza de Mayo. Por su vivencia personal y experiencia como militante de derechos humanos, Horacio descartó la posibilidad de que a lo largo del proceso los imputados rompan el silencio y confiesen detalles del plan sistemático de exterminio, desaparición de personas y robo de bebés que se llevó adelante en el país durante el terrorismo de Estado. “El ocultamiento de información de parte de los represores es una constante que se da en todos los juicios del país”, sostuvo.

Cada proceso que se abre es un modo de reconstrucción de la memoria colectiva sobre la historia reciente. Así lo entienden los integrantes de los organismos de derechos humanos de  la región, como el ex preso político Fernando Rule que señaló que “poner en el presente luz sobre la oscuridad del pasado nos hace caminar mejor hacia el futuro”.

En torno al proceso de reconstrucción de la verdad, hay que resaltar que en Mendoza integran la lista de detenidos–desaparecidos alrededor de 200 personas,  sobre los 30 mil que fueron a nivel nacional, y si bien en la provincia se han denunciado solo cinco casos de apropiación de bebés -de los 500 que fueron en todo el país- se presume que fueron muchos más. El hallazgo de los cuerpos de las víctimas y la restitución de la identidad a los niños arrebatados a sus familias de origen constituyen las piezas fundamentales del marco de reparación histórica que en el presente el Estado argentino realiza sobre los mayores hechos de violencia sufridos en el país en el pasado reciente.

En este sentido, es necesario recordar que a partir de la decisión del ex presidente Néstor Kirchner de dar fin a la amnistía y a las leyes del punto final y de obediencia debida - establecidas durante los ´80 y reafirmadas en los ´90- , y a su voluntad política de promover los juicios a los genocidas, esta parte de la historia encuentra a cientos de represores sentados en el banquillo de los acusados en los tribunales de todo el país. El silencio que cada uno de ellos emana desde ese lugar, cuando no la reivindicación o justificación de las responsabilidades del pasado más oscuro que les recaen, representa la contracara del esfuerzo volcado en tantos años de lucha por la verdad y la justicia de parte de los organismos de derecho humanos.

Si bien ninguno de los obstáculos impuestos durante largos años para borrar las huellas de la verdad –por ejemplo las llamadas “leyes del perdón” anteriormente citadas y el silencio propagado entre los cómplices y responsables del terror- cohibió el avance de la justicia, puede asegurarse que sólo pudieron  dilatarlo. “No es que estemos lejos de la verdad, ya la hemos alcanzando. Pero ese ha sido un proceso muy lento que se viene desplegando desde hace 36 años. El hecho de que los genocidas hablen hoy sólo serviría para acelerar los tiempos”, explicó al respecto Horacio y agregó: “Muchas abuelas se mueren sin encontrar a sus nietos luego de una vida de búsqueda. Muy pocos familiares y amigos han podido realizar el duelo necesario para calmar tanto dolor”.

Por su parte, Mariano Tripiana,  referente de Hijos San Rafael, entiende que el ocultamiento de información de los represores “es una forma más de la tortura que se acostumbraron a ejercer”.  Para el joven -hijo del militante peronista Francisco Tripiana, quien fuera secuestrado y desaparecido en 1978– los responsables de los crímenes cometidos contra la humanidad “están dispuestos a seguir haciendo daño. Pero como están encerrados por la llegada de la justicia se las rebuscan y encuentran el silencio como método de tortura psicológica sobre los familiares y compañeros que necesitan enterrar a sus seres queridos, y ni hablar de la necesidad de encontrar ese nieto, sobrino, hermano que les robaron”.

En la misma sintonía que Tripiana, Horacio opinó que “los genocidas se terminan yendo al penal con su sentencia, pero también con toda la verdad, y a esta altura ya no van a hablar”. De todas maneras, los dos jóvenes coincidieron en que no es necesario esperar las confesiones genocidas: “Aunque el camino se ha hecho muy largo se ha avanzado sobre lo que parecía imposible, en eso tenemos que pensar. Nuestra lucha es por la memoria, la verdad y la justicia, y no por el odio y el rencor como es la suya”, agregó el joven sanrafaelino.

“Con todos los pactos de silencio -en contra o no- tenemos el deber de seguir la lucha por los 300 hermanos o más que nos faltan encontrar, por los núcleos de impunidad en la complicidad cívica y eclesiástica que resta romper, por los genocidas que permanecen prófugos, por los centros clandestinos que faltan señalizar”, enfatizó.

En el mismo sentido Pietragalla concluyó: “Aunque nos sigan lastimando con su sigilo, no vamos a concentrar nuestras fuerzas en lo que ellos no dicen. Debemos ratificar a cada paso la continuidad de este proceso democrático de verdad, memoria y justicia que tanto dolor le costó a nuestros padres y a nuestras abuelas”. 

Aún con todo el viento en contra, la marcha contra la impunidad está garantizada. Lejos de proponérselo, el silencio genocida ha otorgado fuerzas que pesan casi cuatro décadas de lucha y que ya no podrán detenerse ni dar un paso atrás.