Los veinte acusados de cometer delitos de lesa humanidad se identificaron ante los magistrados que los juzgarán, durante la primera audiencia del noveno juicio que se realiza en Mendoza, en el que se ventilarán las responsabilidades del personal de inteligencia de la Policía de Mendoza, del Ejército y de la Fuerza Aérea. En el proceso, la lupa estará puesta sobre los integrantes de las tres fuerzas que formaban parte del aparato de inteligencia que montó la dictadura, una tarea que los querellantes consideran que fue clave para concretar el seguimiento de las víctimas, los traslados y para determinar a qué centro clandestino llevarían a los secuestrados.

El Tribunal Federal Oral N.° 1, integrado por los jueces Alberto Carelli, Alejandro Waldo Piña y Héctor Cortez, inició el proceso con la identificación de los acusados que están imputados por homicidios, torturas y secuestros.

Los juicios de lesa humanidad, sin punto final

El fiscal general Dante Vega dijo que continuarán con los procesos sin importar los cambios políticos o jurídicos. Explicó que las protagonistas son las víctimas, porque sus relatos honestos y coherentes son una prueba sustancial. El ejemplo ...

El presidente del tribunal, Alberto Carelli, preguntó a cada uno de los acusados sus datos personales, así como la fuerza a la que pertenecían y el rango que tenían. De los veinte acusados, ocho siguieron las instancias de la primera audiencia del juicio por videoconferencia desde San Luis, San Juan, Córdoba y Buenos Aires, ciudades en las que algunos cumplen prisión domiciliaria y otros ,prisión efectiva. Otros diez imputados estuvieron presentes en la sala y uno no asistió por permanecer internado luego de una intervención: se trata de Julio Escudero, alojado en San Felipe.

Al banquillo

Del total de los acusados, 15 cumplen actualmente prisión domiciliaria tanto en las provincias mencionadas como en Mendoza. Los restantes 5 permanecen en prisión, dos en Buenos Aires y tres en San Felipe.

Condenaron al entregador y a la pareja que crió a Claudia Domínguez

Así lo determinó el Tribunal Federal Oral N.° 1 en el fallo del primer juicio en Mendoza por la apropiación de una pequeña. Al hombre lo sentenciaron a 10 años y a la pareja, a 3 años. La querella presentará un recurso de casación.

Los imputados pertenecieron a distintas fuerzas y se los acusa de concretar tareas de inteligencia en un lapso anterior al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, durante el proceso y luego de este. Tres de ellos ya cumplen condenas por delitos de lesa humanidad: Juan Carlos Santamaría, Osvaldo Fernández y Marcelo Moroy.   

De acuerdo a los datos aportados por los propios imputados durante su identificación, siete de ellos fueron integrantes del Ejército (Anacleto Calderón, Néstor Carmona, José Escobar, Julio Escudero, Juan Carlos Luis, Oscar Simone y Hugo Zalazar); ocho, de la Fuerza Aérea (Julio Agüero, José Chiofalo –ex-Trovador de Cuyo–, Juan Cuadrado, Emilio García, Eduardo Gaviola, Jorge López, Alberto Raganato y Juan Carlos Santa María), y los cinco restantes pertenecieron a la Policía de Mendoza (Ramón Álvarez, Armando Fernández, Manuel Martínez, Marcelo Moroy y José Rocatto).

La responsabilidad de la Fuerza Aérea

Luego de concluir la identificación de cada uno de los acusados, comenzó la lectura de la elevación a juicio que hizo el fiscal general Dante Vega. En ella, puso el foco en la participación necesaria que tuvieron todas las fuerzas en las tareas de inteligencia.

En el escrito –que leyó la relatora–, el fiscal determinó que existió una clara responsabilidad de los integrantes de la Fuerza Aérea para concretar las detenciones, los secuestros y las torturas, y que en algunos delitos su participación fue directa y en otros, indirecta.

Un abrazo que esperó 40 años

La condena a 25 de los 28 acusados por delitos de lesa humanidad fue una reparación histórica para las 170 víctimas y sus familiares que sufrieron tormentos y a las que por años nadie escuchó.

Vega fundamentó la acusación sobre la base de cuatro pruebas centrales: legajos en los que se alude a las “tareas asignadas”; las declaraciones que se ventilaron en juicios anteriores, donde integrantes del Ejército y de la Fuerza Aérea reconocieron su participación; las declaraciones de las víctimas que reconocieron a algunos de los imputados y los reglamentos y directivas que determinaron la división de tareas de cada fuerza.  

Debido a inconvenientes técnicos con las videoconferencias desde las otras provincias, no fue posible concluir la lectura de la elevación a juicio. Por esto, los magistrados decidieron suspender la audiencia y retomar el proceso el próximo 11 de abril.