El incremento de los hechos de violencia de género y femicidios en la provincia necesita de la implementación de medidas urgentes que permitan abordar este sensible tema de una forma rápida y eficiente. Así lo manifestaron las legisladoras radicales provinciales y nacionales. Y, ante esta situación, la diputada Lorena Meschini pidió que se declare Emergencia Pública por Violencia de Género en Mendoza.

De esta manera, a través de un proyecto presentado en la Legislatura, se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para la prevención y tratamiento de la violencia contra las mujeres. Además, se invita a los municipios a sumarse a esta iniciativa. El proyecto fue elevado además por las diputadas provinciales por el radicalismo Beatriz Varela, Pamela Verasay, Liliana Pérez y Julia Ortega, y contó con el apoyo de las senadoras provinciales (también de la UCR) Claudia Najul, Milagros Suárez, María Quiroga y Norma Corsino, junto a la legisladora nacional Patricia Giménez y la candidata a vicegobernadora Laura Montero.

“Este problema de la violencia, si bien es cultural, necesita la formulación y ejecución de políticas públicas contundentes. El 50 por ciento de las mujeres asesinadas en nuestro país son víctimas de violencia de género, generalmente en un ámbito doméstico”, comentaron las legisladoras radicales, y agregaron: “Cada 31 horas una mujer muere en manos de un asesino, sólo por el hecho de ser mujer. Esto, sin dudas, es un problema cultural y de seguridad”.

Las legisladoras están convencidas de que “la sensibilización sirve para movilizar, pero si no tenemos políticas públicas y profesionales preparados, la cantidad de femicidios no va a bajar en números”. En el proyecto, Meschini sostiene que en nuestro país existe la Ley de Femicidio, la cual incorpora modificaciones al artículo 80 del Código Penal, con el objeto de agravar las penas para estos casos o para asesinatos cometidos por violencia de género.

“Actualmente el Gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, no destina los fondos necesarios para la correcta aplicación de la ley. Tampoco prioriza el funcionamiento óptimo de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad dependiente del Gobierno provincial”, dijo la legisladora. Y agregó: “La realidad nos muestra a diario que una ley o política pública sin presupuesto adecuado no es aplicable, y que el Gobierno de esta forma pasa a ser de un facilitador a un organismo burocrático que no puede brindar las soluciones requeridas”.

Para la diputada radical, “el proceder del oficialismo se agrava aún más con anuncios de medidas nunca concretadas por parte del gobernador Francisco Pérez, como el refugio para mujeres víctimas de violencia de género, o cuando no son contestados los innumerables pedidos de informes realizados al respecto por nuestros bloques en ambas Cámaras, violando la legislación vigente”.

En este contexto, todas las diputadas y senadoras provinciales y nacionales de la Unión Cívica Radical afirman que “formamos parte del Compromiso de establecer lineamientos generales que faciliten introducir la perspectiva de género y diversidad en los órganos estatales, instituciones públicas y privadas, académicas, empresariales, medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil de Mendoza, como corresponsables de la construcción de relaciones de igualdad y equidad de género y diversidad, firmado en marzo de 2014”. En este documento, el Poder Ejecutivo Provincial se comprometió a la elaboración y aplicación de los Protocolos para el abordaje de Violencia Doméstica y Reglamentación de la adhesión a la Ley 26485, aprobada por Ley Provincial 8226 del año 2010 y, a más de un año, de la firma no se ha avanzado.